Los gobiernos de Perú, Ecuador, y posteriormente de Brasil, anunciaron un endurecimiento en las condiciones para recibir migrantes procedentes de Venezuela y reforzaron la seguridad en sus fronteras —llegando incluso a la militarización, en el caso de Brasil— para controlar con mayor rigor el ingreso de venezolanos, que se ha triplicado en 2018.

En los últimos años, cerca del siete por ciento de la población venezolana ha emigrado a países vecinos debido a la inestabilidad política y económica.

Aunque la medida fue parcialmente revertida, de inmediato comenzaron a conocerse casos de migrantes que cayeron en manos de los “coyotes”, redes que se dedican al tráfico de personas, en un intento desesperado por burlar los nuevos controles y cruzar las fronteras para reencontrarse con sus familiares y buscar mejores condiciones.

Perú, segundo país con mayor afluencia de migrantes, tomó la medida luego de una serie de episodios xenófobos contra venezolanos y dos semanas después de la detención de integrantes de la megabanda el “Tren de Aragua” —una organización criminal muy poderosa en Venezuela dirigida por el “pran” de una cárcel—, cuando preparaban el robo de un banco peruano. En esa oportunidad, las autoridades peruanas revelaron que habían identificado la presencia de al menos 15 peligrosos criminales venezolanos en Perú.

También  se produjo un episodio de violencia en el estado brasileño de Roraima, donde migrantes venezolanos habrían asesinado a un comerciante local durante un robo. Este hecho desató un enfrentamiento entre ciudadanos de ambos países, que terminó con la expulsión de los venezolanos de Brasil.

A raíz de ese incidente, el presidente Michel Temer anunció la militarización de la frontera entre Brasil y Venezuela, y se refirió a los venezolanos como “una amenaza para Suramérica”.

La suma de eventos asociados al masivo éxodo de venezolanos le ha dado rápidamente una dimensión regional al problema. Amnistía Internacional y la Organización de Naciones Unidas emitieron pronunciamientos, y se realizó una cumbre en Quito, Ecuador, para tratar el tema. A la reunión asistieron 11 países de la región, “con el objeto de intercambiar información y buenas prácticas con miras a articular una coordinación regional con respecto a la crisis migratoria de ciudadanos venezolanos en la región”, dice la Declaración de Quito.

Entre otras acciones, los países acordaron flexibilizar algunos requisitos de ingreso para los venezolanos y unir esfuerzos en el “combate a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes”, según establece el documento de 18 puntos difundido el pasado 4 de septiembre.

Análisis de InSight Crime

Según la ONU, “aproximadamente 2,3 millones de venezolanos, de los 32,8 millones de habitantes, han huido del país principalmente a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil hasta junio de 2018”, debido a la crisis. Los migrantes, como ha ocurrido en otros éxodos en el continente, se han convertido en presa fácil de las redes de crimen organizado.

“La desesperación abre camino a todo tipo de redes delincuenciales de trata y tráfico de personas, explotación y prostitución forzada, esclavitud y reclutamiento criminal. Están haciendo ‘fiesta’ con los venezolanos. Todo esto está en pleno desarrollo y no hay manera de medirlo porque se trata de redes invisibles, pues las víctimas no denuncian”, dijo a InSight Crime Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, especializada en temas migratorios, de trata y tráfico de personas.

Borges explicó que “en este momento la migración de venezolanos debe ser calificada como una migración forzada, pues no se planifica y es por supervivencia. Este perfil de migrantes es triplemente vulnerable a las redes de criminalidad, y los diferentes países (de tránsito y receptores de migrantes) tienen la responsabilidad de proteger a los migrantes y prevenir estos riesgos”, afirmó.

El equipo de investigadores de InSight Crime en Colombia ha comenzado a detectar, en sus trabajos de campo, el reclutamiento de venezolanos por parte de grupos criminales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Incluso en junio cuatro venezolanos, que se habían unido a estas mafias formadas por ex-guerrilleros, murieron durante un bombardeo de las autoridades colombianas.

La experta afirma que las medidas restrictivas (como las implementadas por algunos gobiernos de la región) “exponen a los migrantes venezolanos y abren espacios para el tráfico y la trata de personas, pues son personas en condición irregular dispuestas a aceptar cualquier cosa que les ofrezcan”.

Lilian Aya Ramírez, socióloga y abogada venezolana radicada en Colombia, quien se ha dedicado a estudiar la situación de los migrantes venezolanos, coincide con su colega, y agrega que “por donde pasa la trata de personas, pasa la droga y pasan armas”. Además, mencionó, se están detectando mayor número de venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.

“A mayores controles las personas van a buscar la forma de pasar y los propios funcionarios se van a prestar para cometer irregularidades, para meter a los migrantes. Esto dará origen a un mercado clandestino. La migración ilegal no implica trata de personas, pero eso es una manera de chantajear, controlar y manipular a los migrantes”, aseguró Ramírez a InSight Crime.

Por otra parte, destacó que “la mayoría de los migrantes son gente muy joven y esto los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. He conseguido casos en Bogotá de muchachos que han sido captados en Venezuela a través de ofertas de empleo falsas, y cuando llegan a Colombia [descubren que] se trata de redes dedicadas a la explotación y [la] esclavitud modernas”.

Aunque la Declaración de Quito representa un primer paso en la región para atender el grave problema migratorio generado por la situación de Venezuela, este esfuerzo podría no ser suficiente para resolver el problema.

Por otra parte, el documento no menciona acciones concretas por parte de los Estados para proteger a los migrantes en condiciones de vulnerabilidad de los grupos criminales.

Además, aunque el acuerdo hace referencia al tráfico y la trata de personas, no profundiza en este problemática criminal, ni aborda otros aspectos del crimen organizado, como el posible reclutamiento por parte de grupos criminales de inmigrantes hambrientos, sin dinero y provenientes de uno de uno de los países con más altos índices de criminalidad en la región.