Es una crueldad, en las actuales circunstancias, exigir pasaportes a los ciudadanos venezolanos que llegan a refugiarse en nuestro país. El gobierno ha dado razones (o sinrazones) de seguridad, pero más parece una respuesta política a la preocupación por los posibles efectos económicos de la inmigración. La preocupación se puede resumir en una frase popular: “Vienen a quitarnos trabajo”. No es así.

El temor se asienta en una vieja falacia conocida desde el siglo XIX como la falacia del bloque de trabajo, lump of labour, que consiste en suponer que hay una cantidad fija de trabajo en la economía. Si partimos de esa suposición, se sigue naturalmente que por cada puesto de trabajo ocupado por un venezolano hay un puesto de trabajo menos para un peruano. Pero el punto de partida está errado. Cada venezolano que llega, trabaja y cobra un sueldo –alto o bajo, no importa– se convierte inmediatamente en un consumidor que demanda otros productos. Esa demanda genera nuevas oportunidades de trabajo, que pueden aprovechar aquellos peruanos que se sienten desplazados de otras ocupaciones.

La segunda falacia es que la inmigración tiene repercusiones macroeconómicas más amplias porque, al reducirse los sueldos por la mayor oferta de mano de obra, se reducen el gasto de consumo y, en consecuencia, la actividad económica. Uno se queda casi sin aliento por la acumulación de errores en esta cadena argumental. La mayor oferta de mano de obra por la irrupción de nuevos trabajadores se compensa con la irrupción de esos mismos trabajadores como consumidores, generando, como acabamos de decir, una mayor demanda de mano de obra. No hay cómo saber a priori si los sueldos bajarán o subirán como resultante de estas dos fuerzas.

Pero aun si bajaran, no se sigue de allí que el gasto de consumo y la actividad económica se contraigan. Por cada sol que bajan los sueldos, aumentan un sol las utilidades de las empresas. Tanto los sueldos como las utilidades son parte de lo que en las cuentas nacionales se denomina ingreso personal. Si el número de trabajadores no cambia, como suponen quienes defienden ese argumento, un aumento o disminución de los sueldos deja invariable el ingreso personal y, por lo tanto, el gasto de consumo.

Algunos economistas dirán que ese no es el problema, sino que hay una mayor propensión a gastar los ingresos que provienen del trabajo que aquellos que provienen de la propiedad. Puede ser, pero eso no hace diferencia porque los ingresos que no se gastan se ahorran, y entran al sistema financiero para prestárselos a otras personas que sí tienen intención de gastar.

La tercera falacia, que es una variante de la segunda, afirma que, al margen de que los sueldos suban o bajen, la economía peruana sí se verá afectada porque los venezolanos no van a gastar todos sus ingresos aquí, sino que remesarán una parte a los familiares que se quedaron en su país. ¿Y cómo lo harían? No van a mandar soles; tienen que ser dólares. Los dólares los tienen que adquirir, directa o indirectamente, de un exportador. Eso supone que hay un comprador en algún lugar del mundo que gasta en el Perú exactamente la misma cantidad que los venezolanos dejan de gastar para mandarles plata a sus familiares. No hay, pues, ningún efecto adverso en la actividad económica.

No temamos a la inmigración.

Free borders and free trade!