Y Cuba, la referencia para todos estos dirigentes izquierdistas, acaba de designar a Miguel Díaz-Canel como presidente mediante el dedazo de Raúl Castro. A ello se podría añadir la salida del poder y los problemas judiciales de Cristina Fernández en Argentina y el encarcelamiento del expresidente Lula da Silva en Brasil por corrupción.

En el caso de Nicaragua, la protesta se desató a raíz de una reforma de la Seguridad Social que aumentaba las contribuciones de empleados y trabajadores y recortaba un 5% las pensiones. La medida se adoptó después de que el FMI alertara del riesgo para el sistema del elevado coste de las pensiones «reducidas», una medida populista puesta en marcha por decreto en 2013 para beneficiar a los que solo hubieran cotizado entre 250 y 749 semanas. Según el Consejo Superior de la Empresa Privada, el gasto se ha disparado hasta 1.659 millones de córdobas (43 millones de euros), que ponen «presión adicional» en las finanzas de la Seguridad Social. Los empresarios nicaragüenses, hasta ahora aliados de Ortega, se unieron a los estudiantes y jubilados para oponerse a la nueva reforma, que al final se ha revocado.

Denuncia contra Daniel Ortega ante la CPI

Para la abogada de derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto Casla, la venezolana Tamara Suju, en Nicaragua ha aflorado un descontento «opacado» por la alianza del presidente con el sector empresarial. «Ortega ha sido más inteligente que los gobiernos de Venezuela, no ha reprimido al sector económico que lo apoya y los ha dejado seguir con la economía y hacer sus negocios», señala. De hecho, el Banco Mundial augura para Nicaragua registrará uno de los mayores crecimientos de América Latina, un 4,4%, pero sin que haya «mejoras para el sector más empobrecido», advierte Suju.

Esta letrada, que ha denunciado ante la Corte Penal Internacional a decenas de dirigentes chavistas de Venezuela, recaba ahora datos para llevar a Ortega ante ese mismo tribunal por crímenes de lesa humanidad por la «brutal represión» contra los manifestantes, que se ha cobrado la vida de al menos 63 personas, según los últimos recuentos de las ONGs. No obstante, ese número «podría aumentar», ya que están apareciendo en las morgues los cuerpos de jóvenes que se daban por desaparecidos. Además, denuncia, «a los familiares que van a retirar los cuerpos de los hospitales el régimen les está haciendo firmar que su pariente no fue asesinado en las protestas». Tamara Suju ve en Nicaragua la misma «represión sistemática» que en Venezuela, ya que las fuerzas del orden «tiraban a la cabeza y al pecho» con intención de matar.

A su juicio, el régimen de Nicaragua tiene en común con el venezolano la corrupción y el uso de los recursos del país en detrimento de la población para el enriquecimiento de los dirigentes, cercenando para ello los derechos humanos. Ambos «usan el descontento social» y «controlan el hambre con medidas populistas y dádivas que no dan a la gente el verdadero progreso ni la esperanza de un mejor futuro».

«Crítica de la crítica»

Para el escritor y diplomático chileno Jorge Edwards, «los movimientos antisistema revolucionarios, entre ellos los bolivarianos, Podemos en España o la ultraizquierda en Chile, Ecuador o Brasil, han hecho una crítica de la tradición cultura, jurídica y de la democracia, muy apasionada, y a veces un tanto simplista». Citando a Octavio Paz, asegura que ahora es preciso hacer «la crítica de la crítica» que hacen estos movimientos y que «a veces no tienen en cuenta la tradición ni la cultura ni la historia», señala.

«Esta tercera ola populista en América Latina que se inició en 1998 con el primer triunfo presidencial de Chávez está llegando a su agotamiento», asegura por su parte Ángel Rivero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de la fundación FAES. La promesa de «justicia social» del «socialismo del siglo XXI» ha dado lugar a «gobiernos autocráticos que se mantienen a través de la violencia del Estado y los grupos paramilitares que lo apoyan», sin que se hayan cumplido las expectativas «democratizadoras ni de bienestar», señala.

El investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud, aplica al «clan Ortega-Murillo» la idea de «cleptocracia» de la dictadura somocista precedente. Los «tejemanejes políticos» y sus «alianzas contra natura» con la Iglesia y la patronal «fueron decisivos» para consolidarse en el gobierno», asegura Malamud en su blog de este «think tank» español, pero «esas maquinaciones» habrían sido insuficientes sin el apoyo de Hugo Chávez, incluso financiando campañas electorales, añade. «La profunda crisis económica y humanitaria en Venezuela ha mermado esta ayuda, explica.

Lenín Moreno reniega del populismo de Rafael Correa

Thalía Flores / Corresponsal en Quito

Su carisma y el discurso jalonado por la promesa de dejar atrás el «neoliberalismo» e iniciar una «revolución ciudadana» catapultaron al poder a Rafael Correa, que adhirió al bolivarianismo y, siguiendo su libreto, convocó una Asamblea Nacional Constituyente, que redactó una nueva Constitución que resultó un «traje a la medida» del gobernante.

Con todos los poderes, Correa persiguió a la prensa, a la que le impuso una Ley de Comunicación, en realidad una mordaza, calificada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como la más restrictiva del Hemisferio; criminalizó la lucha social, persiguió al sindicalismo y formó organizaciones paralelas de trabajadores y maestros con gente afín.

Usando el relato de que el suyo era un gobierno de las «manos limpias», cambio reglamentos y leyes que le permitieron contratar una enorme obra pública sin concursos y con decretos de emergencia. Pero antes de que se cumpla año de haber dejado el poder (24 de mayo de 2017) las evidencias de la corrupción están a la vista. Su exvicepresidente y hombre de confianza, Jorge Glas, está preso, acusado de asociación ilícita en el caso de la brasileña Odebrecht; varios ministros y altos cargos prófugos y otros más en prisión. Mientras las denuncias de corrupción se multiplican. Además, la Fiscalía investiga a Correa por supuesta financiación de las FARC.

La «revolución ciudadana» es hoy una caricatura. Tras diez años en el poder, Correa dejó a Ecuador con una colosal deuda pública, que sobrepasa, de largo, el 40% del PIB que estipula la ley; unas Fuerzas Armadas debilitadas y las fronteras abandonadas. El fracaso del Socialismo del Siglo XXI es evidente.

El presidente Lenín Moreno, a pesar de haber ganado con Alianza País, movimiento fundado por Correa, ha dado un viraje. Ha denunciado la corrupción del gobierno de su antecesor, se ha acercado a empresarios, trabajadores y a la prensa. Convocó y ganó una consulta popular que le ha posibilitado iniciar la reinstitucionalización del país que, en realidad, apenas supondría el regreso a la normalidad democrática.