El marco legal ofrece una primera explicación: en Chile no está permitido publicar encuestas durante los quince días previos a una elección. Ello implicaría que el trabajo de campo se habría realizado cuando menos unas tres semanas antes de la elección. Según la directora ejecutiva del Latinobarómetro, Marta Lagos, en Chile un 20% del electorado decide su voto durante la campaña y un 8% lo hace el día mismo de la elección. Por ello las últimas encuestas publicadas no recogían parte del cambio que la campaña electoral habría producido en la intención de voto. Y la responsable de ello sería la norma legal, no las encuestadoras.

Pero existe una segunda explicación que sí es responsabilidad de las encuestadoras. Según esta, las encuestadoras trabajaron con muestras que no eran representativas, sea porque contenían sesgos previsibles o porque eran demasiado pequeñas. La primera fue una crítica formulada en una investigación de Mario Herrera y Mauricio Morales titulada "Cobertura Territorial de las Encuestas en Chile, ¿existe algún tipo de sesgo?". Según los autores, la respuesta a la pregunta del título es sí: las muestras de las principales empresas encuestadoras excluían o no concedían una representación adecuada a las comunas rurales o a las comunas urbanas con menos de 50.000 habitantes. Ello introducía un sesgo pues, tanto en las elecciones presidenciales de 2013, como en las elecciones locales de 2016, esas comunas votaron en mayor proporción que el resto por candidaturas oficialistas (como la de Guillier). La intención de voto por la coalición de derecha era, en cambio, similar en los diferentes tipos de comunas.

El estudio sugería, entonces, que la diferencia entre Piñera y Guillier sería menor que la proyectada por las encuestas (como en efecto ocurrió), pero lo hacía porque estimaba que la votación por Guillier sería mayor a la que preveían las encuestas. La diferencia, sin embargo, no fue menor por esa razón, sino porque Sebastián Piñera obtuvo menos votos que lo previsto por las encuestas. El estudio tampoco explicaría por qué Beatriz Sánchez obtuvo más del doble de la votación que proyectaban las encuestas (dado que su votación, como la de Piñera, se concentró en las comunas urbanas de mayor población).

Tal vez la explicación más certera de la discrepancia derive del tamaño de la muestra escogida. En un país en el que, por efecto del voto voluntario, sólo ejerce su derecho a votar alrededor de la mitad de los electores habilitados para hacerlo, para ser representativa la muestra debía contener cuando menos 1.000 votantes probables (según recomienda la asociación internacional Esomar-Wapor). Según Marta Lagos, para cumplir con esa condición el tamaño de la muestra debería haber sido de unos 2.400 electores, no de entre 1.200 y 1.500 como (por razones económicas) fue el caso.