Las primeras grietas asoman en el muro del chavismo tras la disolución de facto del Parlamento y en medio de la condena mundial y la censura creciente de países americanos. Luisa Ortega, fiscal general de la República y uno de los principales poderes del chavismo, sorprendió país al denunciar la"ruptura del orden constitucional" provocada por las dos últimas sentencias (TSJ).

Unas palabras inéditas que impactaron como un torpedo en la línea de flotación del madurismo. "Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de estado consagrado en nuestra Constitución", señaló la jefa del Ministerio Público, mientras blandía la pequeña Carta Magna azul de los venezolanos, una imagen repetida miles de veces desde la llegada de Chávez al poder.

"Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por el evento (sentencias)... Un deber histórico ineludible", agregó, mientras sus palabras eran transmitidas por la televisión del gobierno. El tuit que publicó la Fiscalía General en su cuenta con la declaración fue eliminado en pocos minutos.

La crítica de Ortega supone un duro golpe contra la autoridad de Nicolás Maduro, pero además añade implicaciones jurídicas. "La ruptura del orden constitucional compromete la responsabilidad penal de quienes llevaron a esa situación, lo que justifica el inicio de una investigación", aclara el jurista José I. Hernández. Un grupo de diputados introdujo ayer en la propia Fiscalía una acción penal contra los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ.

La fiscal fue siempre una fiel aliada, tanto de Chávez como del actual mandatario. No obstante, en los últimos meses se había mostrado reacia a imputar a opositores con las habituales argucias bolivarianas. Todo comenzó a cambiar cuando Ortega acudió a Ginebra el año pasado para ser cuestionada por los derechos humanos. Su posición siempre militante (como demostró durante el proceso contra Leopoldo López) se fue distanciando, siempre de puertas adentro, sabedora de que estas violaciones no prescriben.

"El gobierno está fracturado por dentro, dividido entre los que quieren seguir su conciencia y los que quieren seguir mintiendo. Este es el momento en el que Maduro debería tener la grandeza de convocar unas elecciones generales y de construir esa transición en paz que todo el mundo está pidiendo", subrayó Julio Borges, presidente de la Asamblea.

"El gran paso de quiebre dentro de la estructura de poder lo acaba de dar la fiscal, la garante de la legalidad. Eso significa el agrietamiento y cuidado si no el rompimiento de la estructura interna del poder chavista. La cohesión de la estructura de poder se empieza a perder, se está agrietando y cuidado si no se produce una crisis interna en el régimen", vaticinó el politólogo Luis Salamanca.

Ortega no fue la única disidente en las filas revolucionarias. Previamente, dos magistrados del Supremo se negaron al enjuiciamiento militar del diputado Gilber Caro. Dos contra treinta.

Ambos hechos se producen un día después del golpe judicial aplicado por el Supremo contra la Asamblea, a la que arrebató sus poderes y que de facto supone su disolución. La oposición se mostró firme para denunciar la "dictadura" implantada por Maduro, mientras crece la condena mundial y la censura de países del continente. Perú, Colombia y Chile han retirado a sus embajadores. Michelle Bachelet, presidenta de Chile, declaró que condena toda la situación que "altere el orden democrático" en Venezuela.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, invocó de nuevo la reunión urgente del Consejo Permanente y se reunió con el gobernador Henrique Capriles para escenificar su apoyo a la Unidad Democrática. La ONU también advirtió a Maduro.

El gobierno, en cambio, se defendió de la "histérica campaña contra Venezuela" con una nota de su Cancillería: "Es absolutamente inadmisible, sin fundamento jurídico alguno, que un grupo de países conjurados se inmiscuya en los asuntos de jurisdicción exclusiva de estados soberanos".

Hasta ahora sólo se ha producido pequeñas protestas en el país, pero reprimidas con violencia. La convocada por estudiantes frente al Supremo acabó con agresiones de la Guardia Nacional y de paramilitares chavistas contra estudiantes y periodistas.

Consejo de Defensa sin la Fiscalía y la Cámara

Según informa EFE, Nicolás Maduro, instaló hoy "oficialmente" el Consejo de Defensa de la Nación sin la presencia de la fiscal general de ese país, aunque esta instancia haya sido convocada para "resolver" el "impase" que generó la posición de la Fiscalía ante una sentencia del Supremo.

"(Espero) podamos dar buenas noticias para que nuestro pueblo tenga cada vez más seguridad de que los poderes públicos y los órganos de poder público están en manos de gente leal a la patria (...) Queda instalado oficialmente el Consejo de Defensa de la nación", informó el jefe de Estado a través del canal estatal VTV.

Maduro convocó para este viernes este Consejo para "resolver" lo que calificó de "impase" derivado de la posición del Ministerio Público frente a la sentencia en la que el TSJ se atribuye las funciones del Parlamento, debido a la situación de "desacato" en la que se encuentra la Cámara.