Kiko Gómez, 55 años de prisión por homicidio. Exgobernador de La Guajira, el departamento donde mueren de hambre los niños, asesinó a su contradictor y a otras dos personas. Samuel Moreno, 24 años de cárcel. Seis más de los que le habían impuesto. Se robó uno tras otro los contratos de la administración de Bogotá siendo alcalde y enarbolando desde la izquierda la bandera de la transparencia.

En las últimas horas en Colombia la Fiscalía ordenó capturar a otro alcalde de la misma tierra de Kiko y se anuncian tantas imputaciones que es posible que haya una buena limpieza de corruptos por cuenta las últimas decisiones judiciales. Por fin un quiebre a tantos años de impunidad y de complicidad.

Y sin embargo el delito continuado y avalado desde los funcionarios públicos y elegidos y los privados como Odebrecht y tantas otras empresas recientemente con origen en Brasil, seguirá porque la culebra se mata por la cabeza y no por la cola.

Las leyes, muchas, los estatutos anticorrupción que penalizan el tráfico de influencias, que exigen hacer públicas las declaraciones de renta, entre tantas otras medidas son el marco normativo adecuado y se le pueden colgar varias adicionales pero no es el fondo del tema en la lucha contra la corrupción.

Bandera política de Marta Lucia Ramírez, de Jorge Robledo y más recientemente la candidata presidencial Claudia López y en los días subsiguientes de Iván Duque, la cruzada contra la corrupción reconoce una problemática ahora transnacional pero escasamente sus propuestas se aproximan acertadamente a la raíz del problema.

No creo que una consulta popular sea el camino para evitar que se pierdan por la vía del robo 4 puntos del PIB en Colombia, según las cifras más moderadas. O 189 billones de pesos en las últimas dos décadas. En cambio sí ha sido probado con éxito en los países nórdicos el financiamiento estatal de las campañas políticas. La contratación pública no puede estar para adjudicar a un solo proponente. No es transparente y menos cuando los que se retiran recibe pagos para garantizarle al que queda, el botín mayor.

Mientras la gobernabilidad esté fundada en las prebendas en todos los gobiernos sin excepción, y a los partidos políticos se les garanticen los cargos repartidos con milimétrica en las entidades que concentran la mayor capacidad de contratación en lo nacional y lo local, no es posible recuperar la confianza de los ciudadanos y mucho menos avanzar hacia un país donde pagar sobornos para tramitar y asegurarse contratos públicos sea el pan de cada día. El robo de los alimentos escolares en las regiones en Colombia es el ejemplo clásico de modus operandi de los ladrones de la patria.

“La corrupción no es una característica desagradable del sistema político, la corrupción es el sistema”, frase de un libro de Octavio Paz. Tenemos que partir de ahí para luego sí pensar en medidas efectivas que no estén basadas en la confianza en la comprobadamente vulnerable condición humana sino en las que imposibiliten la presión a las empresas o entidades que contratan. Existen ideas por estudiar como que los periodos ejercidos por los funcionarios de esas entidades no coincidan con la de los mandatarios, crear juntas de vigilantes externos en los procesos, entregar la interventoría a grupos ciudadanos, proscribir el carrusel de abogados y árbitros al servicio de contratistas y políticos para primero ganarse las adjudicaciones por debajo del precio y luego compensar en los tribunales de arbitramento.

Si el caso Odebrecht no es un tema de corrupción transnacional atado al sistema político del que se alimentan mutuamente, no estaríamos investigando a la junta directiva del Banco Agrario que le prestó dinero a la concesionaria Navelena cuando el presidente de Odebrecht ya estaba preso, ni el Centro Democrático por más rencores en su corazón, habría demandado a las ministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi, que si no estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, será mejor que dejen el Twitter quieto y den respuestas contundentes en honor a sus carreras y a sus familias y amigos.

Tampoco estarían bajo la lupa cinco congresistas y otro número similar de funcionarios por haberse relacionado con lobistas de poca monta y bolsillos llenos para hacer una carretera que como todas en Colombia terminan en un precipicio. Es por eso que la llave que cierra la fuga del dinero público la tienen quienes se eligen a partir de ese sistema que luego vuelven a engrasar para el que viene.