“Atendiendo el mandato ciudadano que se expresó claramente por no apoyar los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y las FARC, ¿está dispuesto a corregir los puntos en los que ciudadanos del ‘no' expresamos preocupaciones?”, reza un comunicado de ese partido.

El “no” se alzó con la victoria en el plebiscito del domingo sobre el acuerdo de paz con 6.431,376 votos, equivalentes al 50,21 % del total de sufragios, mientras el “sí” obtuvo 6.377.482 papeletas, que corresponden al 49,78 %.

Con ese resultado, el Centro Democrático, principal fuerza política que pidió el “no”, dijo que la respuesta del Gobierno “es necesaria”, especialmente tras la declaración del líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, quien este lunes aseguró que el plebiscito “no tiene efecto jurídico alguno” aunque sí cuenta con “efecto político”.

En ese sentido, el uribismo señaló que tanto el acuerdo de paz como la sentencia de la Corte Constitucional sobre el plebiscito “contemplan que si no era refrendado mayoritariamente por la voluntad popular no es aplicable”.

Tras el rechazo del acuerdo de paz, el Centro Democrático nombró a tres delegados para dialogar con el Gobierno acerca de los cambios que consideran oportunos.

Esos tres miembros serán Óscar Iván Zuluaga, rival de Santos en las elecciones presidenciales de 2014; su compañero de fórmula para la Vicepresidencia, Carlos Holmes Trujillo, y el senador Iván Duque, una de las nuevas figuras del uribismo.

Para dialogar con ellos Santos designó ayer al jefe del equipo negociador del Gobierno en las conversaciones con las FARC, Humberto de la Calle; la canciller, María Ángela Holguín, y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.

Las principales críticas del uribismo al acuerdo de paz giran en torno al punto de justicia transicional y la participación política de las FARC.

El acuerdo de paz firmado con las FARC y que fue rechazado este domingo en un plebiscito recogía un proyecto de Ley de Amnistía que preveía el perdón jurídico para aquellos guerrilleros que no hubieran cometido delitos graves, como los recogidos en el Estatuto de Roma.

Quienes hubieran violado ese estatuto, que incluye crímenes de lesa humanidad, torturas, abusos sexuales y reclutamiento de menores, afrontarían penas privativas de la libertad de hasta ocho años siempre que reconocieran haber cometido esos delitos.

Sin embargo, Uribe dijo ayer en el Senado que está de acuerdo con la amnistía para el grueso de los guerrilleros “que no estén inclusos en delitos no aministiables a la luz de la legislación de hoy”.