La investigación científica nos muestra adelantos y descubrimientos que prolongan la vida, curan dolencias tenidas desde tiempos remotos y hasta la víspera como incurables. Los avances científicos y la comunicación entre los profesionales de la medicina permiten que técnicas y procedimientos empleados en los mejores hospitales de los países más desarrollados se conozcan entre la comunidad médica global.

Los estudiantes de medicina de regiones apartadas pueden ver por Internet operaciones que se hacen a miles de kilómetros de distancia y asistir a conferencias magistrales de los mejores científicos. Esos progresos llegan a Colombia, en donde tenemos profesionales que se destacan por su aporte a la ciencia, capacidad de innovar, excelencia como cirujanos y ojo clínico.

Cada día estos galenos salvan vidas en el país y contribuyen a mejorar los niveles de vida de los colombianos, como de pacientes que vienen del exterior. Esa labor humanitaria se cumple a pesar de que la Ley 100, que, en general, redujo los salarios y utilidades de los profesionales del sector, fomentó la crisis en los hospitales, privilegia el sector comercial del ramo y las ganancias de las EPS.

Es de reconocer que el tan cuestionado Ministerio de Protección Social viene asumiendo con responsabilidad y ponderación el análisis de los medicamentos que se venden al público, para valorar la calidad y establecer los costos. La finalidad es insistir en mantener un control de precios mínimos y máximos de los fármacos nativos y extranjeros que se ofrecen al público.

La tarea es obligatoria en cuanto la salud es tema fundamental en la Constitución de 1991. No faltan los que pretenden que el tema de la salud sea cuestión exclusiva de la libre competencia y del mercado, en el cual no deben inmiscuirse las autoridades. Por lo mismo el precio de los medicamentos no debe sufrir ninguna interferencia de entidades oficiales, ni controles públicos, razón por la cual desapareció el Ministerio de Salud y se pasó a hablar de la cuestión social, de la protección social.

Como de privilegiar a las entidades particulares de salud y de salir de los hospitales públicos que desde tiempos coloniales prestaron invaluable servicio a las gentes de menores recursos. Los resultados han sido en no pocos casos catastróficos para los enfermos sin recursos económicos. Pasan de miles los fallos de la Corte Constitucional exigiendo que se atienda en las clínicas y hospitales a determinados pacientes graves, que no se cumplen, por fuerza mayor.

Ya la idea del Ministerio de Protección Social de mantener el control de precios a determinados fármacos ha desatado una serie de críticas por parte de los que son partidarios de dejar que los medicamentos suban, sin otra regulación que el mercado. Ellos entienden que la salud es un asunto exclusivamente personal, por lo que cada individuo debe defenderse como pueda y pagar según los alcances de su bolsillo. Tampoco quieren que se den controles preventivos de calidad, cuando es deber del Estado velar por la salud de los colombianos y que no estafen a la población con medicinas que abusan de los enfermos, ofrecen curarlos y ni siquiera alivian sus males.

Se sabe de medicamentos producidos por distintos laboratorios con la misma materia prima y exigencias técnicas, que se venden al público con precios diferentes, y llegan a lindar con la especulación y el abuso, como si se quisiera cobrar arbitrariamente la marca o el capricho de multiplicar las ganancias a costa de los pacientes.

Otros laboratorios, como se desprende de investigaciones del Congreso de los Estados Unidos, bajan la composición química de las pócimas que producen para aliviar y no curar, con la finalidad de prolongar el uso del "remedio" y ganar más. Lo más delicado del asunto es que por protuberantes fallas en la negociación del TLC en el campo que atañe a la salud, los laboratorios foráneos podrían alegar que por los controles de precios han sufrido lo que se tipifica como "expropiación indirecta". Razón por la cual podrían apelar a demandas y tribunales internacionales para que el Estado colombiano responda por eventuales pérdidas o ganancias que se dejaron de percibir.

La salud en un país de desarrollo desigual y en donde las enfermedades endémicas azotan a la población marginal y los desplazados, que viven en zonas donde la infección y los bichos con males contagiosos predominan, es un tema obligatorio de justicia social y de caridad cristiana.

Lo mínimo que puede hacer el Estado es evitar que estafen a los enfermos, velar por la calidad de los medicamentos, mejorar la atención pública hospitalaria, ejercer control y regular los productos que tienen que ver con la salud del pueblo.

Más cuando está demostrado que vender drogas genéricas de calidad produce jugosas ganancias, en cuanto se cubre un mercado más amplio. Sin desconocer que las nuevas enfermedades o las que hasta ahora se descubren, requieren de tratamientos y drogas que por estar en período experimental necesariamente son más costosas.

El compromiso estatal en cuestiones humanitarias y de salud no es negociable.