Las bases democráticas de participación, representación y legitimidad han quedado sometidas a los juegos de poder sobre la base de un ambiente de corrupción, donde la relevancia de una ciudadanía esperanzada en sus líderes no tiene opción de obtener respuestas que satisfagan sus demandas y necesidades. Tal situación pareciera no ser privativa sólo de Brasil.

La primera cuestión a resolver es si Brasil está en crisis política o no. La forma en que se han desarrollado los acontecimientos y que ahora enfrenta la probable destitución de la presidenta Rousseff, si el Senado aprueba la acusación a fines de abril, dan cuenta de un proceso en el cual las alternativas políticas son escasas y además con débiles apoyos políticos, planteándose la existencia de una crisis cuyas características parecieran ser distintas a las del siglo XX (no hay opciones viables de golpes de Estado). Bajo los parámetros habituales, pensamos que Brasil sí se encuentra en un proceso de crisis de alta complejidad, donde no se vislumbra un quiebre democrático, sino que una situación cuyas implicancias serán profundas en lo social, económico y político. 

El contexto de este proceso está caracterizado por la disminución creciente del apoyo de la opinión pública a la gestión de Rousseff, cuya implicancia es una pérdida de legitimidad en el ejercicio de su autoridad. A ello se suma una situación económica debilitada que afecta, en lo principal, a los sectores medios emergentes -un porcentaje importarte que ha salido de la pobreza en virtud de los programas de los gobiernos de Lula y de la propia Rousseff. 

Otro aspecto a tener presente es la alta fragmentación en los partidos políticos junto a una relación debilitada y conflictuada entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, que ha impedido avanzar en reformas y adecuaciones necesarias orientadas al  logro de una plataforma macroeconómica de mayor viabilidad financiera para sostener el gasto y la inversión social. En este mismo sentido, la instalación de una polarización expresada en continuos conflictos sociales y protestas masivas, expresan un ambiente sociopolítico delicado y de evidente confrontación si no hay respuestas adecuadas desde la clase política. Como si lo anterior no fuese ya suficiente, se agrega al escenario la corrupción, que involucra a parte importante de la clase política y a varias empresas estatales y privadas con ramificaciones en el resto de América del Sur. Por último, el público conflicto entre la presidenta y su Vicepresidente obstaculiza la posibilidad de lograr un grado razonable de gobernabilidad.

Un contexto paralelo, pero de base ideológica, que interesa a Brasil para insertarse en la economía mundial tiene que ver con el fenómeno de la globalización y las exigencias internacionales que se desprenden de él. Desde el gobierno de Lula, Brasil ha optado por un proyecto socioeconómico mixto, en el cual acepta y se somete a lineamientos generales del sistema económico internacional y, por otro lado, desarrolla un modelo alternativo que lo acerca a una visión más progresista y de compromiso social, lo cual lo ha llevado a respaldar a los gobiernos del denominado "eje bolivariano". Esta propuesta ideológica, seguida por distintos sectores de izquierda, colisiona definitivamente con la visión neoliberal clásica según la cual  el crecimiento es el factor central para superar la desigualdad presente en la sociedad. En esta perspectiva, Brasil se ha encaminado definitivamente hacia una crisis de gobernanza, donde los actores se aíslan, se polarizan y atrincheran en torno a posiciones inclaudicables y con escaso chance de generar propuestas pragmáticas, coherentes y creíbles.

Análisis

Con la aprobación de la Cámara de Diputados para el inicio del proceso de acusación constitucional (política) a Rousseff por delitos de responsabilidad fiscal, se configura un escenario en el cual es difícil sostener la superación de los problemas políticos que enfrenta  Brasil. En otras palabras, esta acusación, más allá de que está respaldada por la Constitución, termina siendo utilizada como una fórmula para tapar o esconder la fragilidad de la democracia brasileña y su imposibilidad de avanzar hacia medidas económicas razonables que tiendan a la recuperación de un ritmo claro y permanente de crecimiento en el tiempo. La dinámica de los pasos que siguen y cuyo siguiente hito es la votación del Senado, a principios de mayo, no aseguran la superación de las condiciones que definen la actual situación de incertidumbre política de Brasil. A lo más permitirá un breve respiro en la confianza de los actores económicos nacionales e internacionales. Sin embargo, las posibilidades de que los cambios sean aprobados por el Congreso resultan tener bajas probabilidades. Tras todo ello se encuentran las desconfianzas derivadas de la corrupción generalizada del aparato público y en la que, sin duda, tiene responsabilidad el sector privado empresarial. Si el acuerdo nacional que plantea Temer implica una suerte de amnistía para todos los sospechosos y acusados, el panorama se volverá impredecible. La responsabilidad de los actores políticos será crucial.

La probabilidad de que el Senado apruebe la acusación en contra de la presidenta, se considera alta, toda vez que el peso de más del 70% de votos obtenidos entre los Diputados define un escenario difícil de ignorar por los senadores. Si bien es cierto que el gobierno de Rousseff puede intentar obtener los votos necesarios para el fracaso de la acusación, resulta poco viable que impidiendo tal  acusación ella misma pueda generar las condiciones de gobernabilidad y gobernanza que Brasil necesita para ordenarse política, económica y socialmente. La fractura ideológica y política no puede ser el preámbulo de un eventual quiebre institucional. 

Escenarios

El escenario más optimista -y de menor probabilidad- estaría definido por las renuncias de Rousseff y de Temer, lo que daría paso a  la convocatoria a nuevas elecciones y  obligaría a replantear las alianzas y equilibrios de fuerzas. Esta situación, asimismo,  podría  aislar de los cargos de poder a todos aquellos que están o han estado involucrados en casos de corrupción. Sería un giro sorpresivo y  una potente señal hacia la ciudadanía. Si bien, en un primer momento ello significaría un ambiente de conflictos, las posibilidades de lograr acuerdos más sólidos, en un contexto donde los acuerdos han quedado sumergidos en las redes de la corrupción y en los juegos de poder, daría viabilidad y oxigenaría el ambiente sociopolítico de Brasil. (Estudios de opinión avalan esta opción)

El escenario pesimista está dado por el tránsito hacia un largo y tortuoso camino de acusaciones  y descalificaciones, asociado a un plan de emergencia que se sostendría  por las cuotas de poder que cada grupo o sector logre en el reacomodo de apoyos en el acuerdo nacional que se establezca y donde la probabilidad de “olvidar” los casos de corrupción no tendría cabida. De lograrse un acuerdo nacional de tal condición, que involucra a todos los actores políticos y económicos, éste igualmente sería insuficiente de cara a  una ciudadanía que espera "algo más" de todo este proceso.

En conclusión, Brasil debe salir de una crisis de gobernanza que lejos de superarse con el actual procedimiento de destitución de la máxima autoridad del Estado que se ventila ante los órganos competentes, exige otros elementos que no aún no están presentes. Al final, el actual debate político está instalado en  cómo mantenerse en el poder y cómo evitar perderlo, bajo un contexto de instrumentalización de la institucionalidad y, así, evitar enfrentar la decisión también política que comienza por erradicar los mecanismos que facilita la ejecución de actos de corrupción. A ello se suma la necesidad de que tanto las derechas como las izquierdas ideológicas y económicas asuman la desigualdad social como una prioridad de la que debe hacerse cargo el Estado, donde Mercado y Estado deben articularse más allá de los apetitos ideológicos. Al final, la ruta que se consolida en Brasil puede ser el camino de otras democracias que enfrentan situaciones similares derivadas del escenario económico global.

La demanda ciudadana -o "lo que pide la gente"- se orienta a cuestiones simples y recurrentes en varias democracias: eliminar focos de corrupción, sancionar a los responsables, lograr que el sistema político efectivamente brinde igualdad de oportunidades a las personas para participar en el progreso económico, social y cultural. Eso es un "lugar común" para los países en vías de desarrollo. Lo dicen las constituciones pero es el gobierno y el legislador quienes deben dar vida a ese ideario del Estado de Derecho liberal o social.