En los últimos días han arreciado las críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz acordada en La Habana entre el Gobierno de Colombia y las FARC. Si primero fue Human Rights Watch (HRW) quien aseguró que sería una “piñata de impunidad”, ahora Amnistía Internacional señala que el acuerdo contiene “una serie de ambigüedades”. Incluso la Corte Penal Internacional ha recalcado que el aval al proceso dependerá de las sanciones que reciban los responsables de crímenes de guerra, una afirmación que la oposición ha querido ver como una defensa de sus tesis. Para Yesid Reyes (Bogotá, 1958), sin embargo no se trata de una crítica. El ministro de Justicia defiende lo pactado y recalca que no se puede equiparar la justicia transicional, la que se aplicará para llegar al fin del conflicto, con la ordinaria.

Pregunta. ¿Qué le ha parecido la postura de la Corte Penal Internacional?

Respuesta. Es una afirmación válida que ya ha hecho en varias oportunidades la Corte Penal Internacional. El tema no es el enunciado. Todos tenemos claros que en la justicia en general, y en la transicional en particular, las sanciones deben ser adecuadas con la conducta respecto a la cual se aplica, dependiendo de un contexto determinado.

P. ¿Cuánto se debe ceder de justicia en pro de la paz?

R. Esa es una forma de presentar el tema que no me parece la correcta, porque parte de un supuesto de que en un proceso de transición uno debe aplicar la justicia ordinaria, la del día a día, para solucionar los problemas del conflicto interno. Si ese es el parámetro, entonces uno tiene que sacrificar algo de la justicia ordinaria porque no puede funcionar igual para conseguir la paz. Si uno aplica la justicia transicional, que es la única aplicable en este caso, lo evidente es que no se sacrifique nada de justicia para alcanzar la paz.

P. ¿Cómo le explica a la gente de a pie que no hay impunidad cuando un guerrillero tras reconocer sus delitos no irá a una cárcel?

R. Lo que mucha gente hace es comparar las sanciones de un régimen en transición con las de la justicia ordinaria. Si se comparan siempre serán menores, no en Colombia, en cualquier escenario de justicia transicional, porque es un esquema de justicia que tienen un propósito fundamental, que es facilitar el tránsito de un estado de conflicto a un estado de paz.

P. Existen infinidad de dudas sobre el tipo de sanciones que habrá para quienes acudan a la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cuáles van a ser ese tipo de sanciones?

R. El componente restaurativo tendrá que ver con la participación en programas de construcción de infraestructura destruida, programas de cobertura social, de desminado, sustitución de cultivos ilícitos, en fin, trabajos de naturaleza social para reparar el daño causado.

P. Existen dudas también sobre si el narcotráfico será considerado como delito conexo al político. ¿Quién lo va a determinar?

R. En La Habana se hizo una lista de todos los delitos conexos sobre los que no hay discusión y se dejó un espacio un espacio para aquellos sobre los que no hay consenso. Específicamente se le otorga al Congreso la facultad de definir cuáles son los criterios que van a permitir determinar esa conexidad. Jamás se ha dicho desde el Gobierno que el narcotráfico es un delito conexo. Eso será un tema que va a definir el Congreso.

P. ¿Qué va a ser lo más difícil en la implementación de los acuerdos?

R. Se van a necesitar desarrollos legislativos que nos van a tomar un tiempo. Por eso el Gobierno anticipó el año pasado algunas reformas desde el Congreso, para tratar de que esa Jurisdicción Especial para la Paz empiece a funcionar lo más rápidamente posible.

P. Cuando dice que tomará un tiempo, ¿a cuánto se refiere?

R. No les podría decir exactamente cuánto, pero calculamos que sea entre seis meses y un año.

P. ¿Cuáles son esos riesgos que se corren en ese intervalo?

R. Los riesgos son muchos pero están previstos y por eso están siendo objeto de discusión en La Habana. Una vez que se firme el acuerdo de paz, la guerrilla tiene que estar en algún sitio del territorio nacional, en medio de ese limbo, porque el conflicto armado termina y la Jurisdicción Especial para la Paz no ha empezado a funcionar. Eso explica la discusión sobre las zonas de concentración de la guerrilla, justamente para manejar el espacio que va a quedar entre los dos momentos.

P. ¿Por qué el Gobierno no quiere una Asamblea Constituyente para refrendar los acuerdos?

R. Porque no es la forma de refrendar un acuerdo de paz, es una forma de rehacer una Constitución.

P. El plebiscito que plantea el Gobierno no es vinculante ¿Qué mecanismo hay para garantizar la implementación de los acuerdos?

R. El plebiscito no tiene fuerza jurídica, es un mecanismo que busca una refrendación política de los acuerdos de paz. No es necesario jurídicamente, pero sí es importante políticamente, porque va a mostrar la voluntad del pueblo colombiano de aplicar unos acuerdos de paz. La Jurisdicción Especial para la Paz que se diseñó tiene mecanismos que permiten blindar esos acuerdos. Hay una sección del tribunal, que se llama sección de estabilidad, que se va a encargar de resolver cualquier inquietud para evitar que dentro de 20 o 30 años alguien en la jurisdicción ordinaria cuestione las decisiones que se hayan tomado en el marco de la paz.

P. El Gobierno indultó recientemente a 30 guerrilleros. Usted anunció que al menos hasta que se firme la paz, no va a haber más indultos, ¿por qué?

R. Eso fue un gesto del presidente. No hay ninguna obligación ni acuerdo para hacerlo. Simplemente el presidente quiso dar una muestra que refuerce la confianza en la mesa de negociación de La Habana.

P. ¿Cuántos presos de las FARC pueden ser amnistiados tras la firma de la paz?

R. Eso depende de cómo quede diseñada la ley de amnistía, que debe tramitarse en el Congreso. Digamos que el parámetro general es una amnistía lo más amplia posible, pero no hay un cálculo por ahora.

P. Otro tema que preocupa a las FARC es el de las extradiciones. ¿Está garantizado que los guerrilleros no serán extraditados después de firmar el acuerdo?

R. Así es. Quedó expresamente consignado en el acuerdo de La Habana. Si después de que se firme el acuerdo de paz alguna persona vinculada a las FARC comete un delito y es solicitado no rige ese compromiso. Sería por delitos cometidos después del acuerdo. Por hechos anteriores al acuerdo no habrá extradición.