La justicia para todos será insatisfactoria e imperfecta. Pero no la impunidad total que pretendían las FARC y ahora reclaman los uribistas como cosa debida a ellos por derecho divino de los ricos.
Lo más importante del acuerdo firmado en La Habana es lo que los enemigos de la paz más acerbamente le critican: que vayan a ser juzgados a la par quienes en el transcurso de la guerra sucia hayan cometido crímenes tanto de un lado como del otro.
De un lado los guerrilleros (muchos han sido condenados por la justicia ordinaria y están presos) y sus auxiliadores civiles: políticos (aunque no quedan muchos: fueron asesinados por las “fuerzas oscuras” bajo los presidentes Barco y Gaviria), milicianos urbanos, etcétera. Y del otro lado igual: los militares (también muchos están presos), los parapolíticos (ídem), y también etcétera. Pero ¿hasta dónde deben llegar las culpas merecedoras de juicio?
El gobierno ha sido claro en sostener que los presidentes de la República tienen fuero, y solo pueden ser juzgados por el Congreso y la Corte Suprema. Eso es así, obviamente, para los presidentes en ejercicio de sus funciones presidenciales. ¿Y las ministeriales? Gaviria cuando, como ministro del Interior de Barco, reconoció la existencia de 150 bandas de exterminadores asociados con las Fuerzas Armadas, pero no movió un dedo para perseguirlas. Santos como ministro de Defensa de Uribe, cuando fueron denunciados los falsos positivos (y hay que reconocerle que ante la denuncia destituyó a dos docenas de altos oficiales del Ejército). Su predecesor Ospina, que dictó la directiva ministerial que impulsó esos crímenes. ¿Y los gobernadores? Uribe cuando creó las asesinas ‘Convivir’ siendo gobernador de Antioquia, el coronel Aguilar de Santander que pagó ocho años de cárcel, Salvador Arana de Sucre condenado a 40 años por la Corte Suprema. Docenas de alcaldes, docenas de parlamentarios cómplices de los paramilitares y elegidos por ellos. No sé si también algún juez, al menos por prevaricato. Creo que ningún notario, ni siquiera por cohecho. Tal vez algún ganadero; pero hasta donde sé ningún agroindustrial, ni palmero ni azucarero. La multinacional Chiquita Brands, convicta de financiar bloques paramilitares, pagó una pequeña multa (en los Estados Unidos). Banqueros no, que se haya sabido. Ni periodistas.
Y en cuanto a los paramilitares, los que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz de Uribe fueron tratados con la misma lenidad que el acuerdo actual promete ahora. No cumplieron (ni con la confesión ni con la no repetición de sus crímenes); y algunos fueron extraditados a los Estados Unidos para ser juzgados allá por el delito incruento de contrabando de droga.
Pues no hay que olvidar que en este país de impunidades (“nada es más respetable en Colombia que una larga impunidad”, decía el maestro Darío Echandía), la impunidad más completa es la que cobija las violaciones de los derechos humanos. Con el acuerdo de La Habana habrá justicia para todos. Insatisfactoria, imperfecta, moderada justicia. Pero no la impunidad total que pretendían las Farc y que ahora reclaman los uribistas como cosa debida a ellos por derecho divino de los ricos. Una justicia que permita que por fin haya paz. Porque solo si hay paz puede haber algo de justicia, y para que haya esta se necesita aquella. Parodiando la jaculatoria que recita Santos sobre su Tercera Vía económica: justicia hasta donde sea posible, paz hasta donde sea necesario.
Y, como digo, la justicia que promete el acuerdo firmado en La Habana es mucha. Demasiada para Uribe, puesto que va a caer sobre muchos de los suyos. No sobre todos los habitantes del país, como sostiene él con su habitual recurso a la mentira cuando asegura que a los civiles y a los soldados “se los obligará a reconocer delitos que no cometieron para que no los lleven a la cárcel”. Es que sabe a ciencia cierta que muchos de los suyos SÍ los cometieron. Algunos han sido condenados ya por ellos por la justicia ordinaria, como su compinche en la Gobernación de Antioquia el general Rito Alejo del Río, a quien le ofreció un banquete de desagravio; o están en fuga en el exterior, como su alto comisionado Luis Carlos Restrepo; o en el patio VIP de La Picota, como varios de los numerosos senadores y representantes a quienes les pidió entre risas cómplices que votaran por sus proyectos de gobierno “antes de que los metieran a la cárcel”. Porque, conociéndolos bien, sabía que para allá iban por cuenta de los jueces.
A Uribe y a los uribistas no les importan los millones de víctimas del conflicto (que según ellos no ha existido). No les importan los muertos, los secuestrados, los desplazados, las viudas y los huérfanos en cuyo nombre dicen pedir “paz sin impunidad”. Lo que les preocupa es cómo pueden quedar ellos mismos si la justicia va a ser igual para todos: sin impunidad.
Así se necesita para hacer la paz. Ahora: para que la paz se mantenga, se necesita también la otra justicia: la justicia social.
