Pero es precisamente lo que pasa luego de que el estado de Río Grande do Sul, el más austral del país, declarara un impago este mes de una deuda de 280 millones de reales (US$80,9 millones) con el gobierno federal, el primero desde que la deuda municipal del país se derrumbara en 1997. El estado, que proporcionalmente es el más endeudado de Brasil, se encuentra en tal situación que en julio no pagó los sueldos a los empleados públicos.

Los gobiernos municipales del mayor país de América Latina experimentan cada vez más presión financiera en tanto la economía se encamina a la recesión más prolongada desde 1931 y los límites impuestos en el marco de un rescate federal de hace 18 años restringen se capacidad de obtener financiamiento. Sus problemas amenazan con agravar la situación en un país que ya enfrenta una creciente investigación por corrupción e insistentes pedidos de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.

“Observamos una situación dramática en las cuentas municipales en momentos en que al país tampoco le va muy bien”, dijo Rogerio Braga, socio de la firma de administración de activos Quantitas Gestão de Recursos SA, desde la capital de Río Grande do Sul, Porto Alegre. “Es un problema detrás de otro”.

Río Grande do Sul, que limita con Uruguay y Argentina, es el quinto estado más grande de Brasil y tiene 11 millones de habitantes. También tiene una deuda total de 62.000 millones de reales (US$17.900 millones) y el gobierno federal es su mayor acreedor.

Completa incapacidad

El gobernador José Ivo Sartori y los funcionarios locales de finanzas visitaron Brasilia el 12 de agosto para sostener conversaciones con el secretario del Tesoro, Marcelo Saintive, según una declaración en el sitio web oficial de Río Grande do Sul.

El estado es incapaz de cumplir con sus obligaciones, dijo el secretario de Hacienda, Giovanni Feltes, el 8 de agosto en Porto Alegre. “Este es el resultado de un profundo desequilibrio de las cuentas públicas”, agregó.

El Tesoro brasileño ejecutó el 19 de agosto garantías de contratos relacionados con la deuda al retener ingresos impositivos que debían transferirse a Río Grande do Sul.

El estado ya ha gastado 26.800 millones en lo que va del año, más que cualquier otro año entre 2004 y 2009. Alrededor de una cuarta parte del gasto se destinó al pago de empleados público retirados.

“El gobierno municipal ya no sabe de dónde sacar dinero”, dijo Darcy Francisco Carvalho dos Santos, un consultor especializado en finanzas públicas que fue auditor de la Secretaría de Finanzas Públicas de Río Grande do Sul en la década de 1990. “La tendencia es a un agravamiento de la situación”.