Cada día son más las voces que plantean que en estos meses, los próximos tres o cuatro, nos estamos jugando el destino de Colombia. Es frecuente oír que no es aceptable rechazar ninguna propuesta que conduzca a poner fin a 50 años de conflicto y que todo lo que se haga es insuficiente. Cierto es que el presidente Juan Manuel Santos tiene la responsabilidad de buscar la paz y el mandato para hacerlo pero también es cierto que las herramientas constitucionales para refrendar los acuerdos a los que se llegue con las FARC y su implementación deben contar con el concurso de los partidos políticos, incluidos y especialmente los de oposición.

En la mesa de La Habana es necesario acordar el sistema o modelo de justicia transicional que satisfaga a la gran mayoría de los sectores de la sociedad. Oposición y ciudadanos, los otros actores sin los cuales no será posible el fin del conflicto. 

El país debe recordar que el proceso de desmovilización paramilitar dejó enormes frustraciones precisamente porque se hizo a espaldas de la gente o frente a quienes preferían no ver ni oír a los opositores, involucrando solo a los cómplices, con las consecuencias que hoy conocemos y que son aún más profundas que la proliferación de bandas criminales dedicadas ahora a la minería y al micro tráfico.

Hasta la misma Corte Suprema en su momento dijo que los paramilitares no podían recibir beneficios políticos, ni indultos ni amnistías para sus desmovilizados. Este proceso parece tener ya la bendición de los jueces y el Papa Francisco y ya está claro que con las FARC no habrá amnistías como tampoco piyamas de rayas ni barrotes, pero sigue siendo incierto aún el mecanismo para acordar los mínimos de justicia, los tiempos de la concentración y los lugares de la misma.

Hace bien el presidente en adelantarse a analizar los mecanismos constitucionales para implementar el buscado acuerdo con las FARC en La Habana, y aunque se difiera de la forma cómo plantea ciertas ideas, algunos dicen que lanza globos a ver que tantos disparos recibe. Es importante que todos los colombianos discutan, debatan. Este proceso le atañe a todos. Y no deben importar las diferencias de opiniones. Colombia se dividió por la propuesta de una comisión legislativa especial, o Congresito, esa extraña figura que anunció el presidente Santos como alternativa para darle soporte legislativo a lo que pueda acordarse con las FARC. Ya la había propuesto incluso el mismo ex presidente Alvaro Uribe en diciembre de 2014 a propósito de una carta de quien fue su comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, hoy en el exilio.

Lo que se busca es crear un cuerpo legislativo que tramite las leyes relacionadas con justicia, desarrollo rural, participación en política o erradicación del narcotráfico y demás que surgieran de La Habana y que ese cuerpo esté integrado por los miembros de las comisiones constitucionales del Congreso, los actuales negociadores en Cuba y principalmente las FARC. Y aquí es donde está uno de los principales temores expresados en el sentido en que podría estarse buscando la habilitación automática para que los guerrilleros de las FARC participen en política.

Otra de las desconfianzas que despierta la recién retirada propuesta, es que el Congresito termine sustituyendo temporalmente las funciones del Congreso e incluso sirva de excusa para saltarse la refrendación popular de los acuerdos. Ya Colombia vivió la experiencia de un Congresito en 1991 creado por Constituyente y ante las normas que requería el entonces presidente Cesar Gaviria para gobernar.

El debate apenas empieza porque otra figura que ha sido analizada insuficientemente fue la propuesta, también por el expresidente Gaviria, para darle facultades extraordinarias a Santos. Lo cierto es que el ambiente no parece ir en la misma dirección de construcción de consensos para que estas discusiones puedan arrojar luces. Mientras el presidente Santos lanza sus planteamientos, desde la otra orilla, el ex presidente Uribe convoca marchas contra el proceso y denuncia vía twitter que el gobierno miente para esconder los actos criminales de las FARC. 

Y en la mitad, los ciudadanos, muchos de ellos campesinos, que según el último censo nacional agropecuario en Colombia, hoy tienen menos tierra que antes, son aún más pobres. Esa brecha es la que hay que cerrar para lograr consensos aquí y en La Habana. Colombia tiene un programa para devolver las tierras de las que fueron desplazados más de 6 millones de colombianos. 

Los consensos no significan unanimismo. De unanimismos sálvenos la democracia. Los consensos solo requieren voluntad política y Colombia los necesita sobre todo para atender aquí y ahora las asimetrías de un desarrollo que nos obliga a reconocernos como ciudadanos de un solo país que en el Chocó tiene miles de habitantes sin servicios básicos y de otra Colombia que crece por encima de los indicadores de América Latina.

Diana Calderón es Directora de Informativos y Hora 20 de Caracol Radio Colombia. @dianacalderonf