Desde el comienzo de su mandato, Chávez aprovechó el descontento de la mayoría pobre del país, que considera que los gobiernos anteriores eran corruptos y no rendían cuentas de sus actos. Este presidente utilizó su influencia política y su estilo de caudillo para centralizar el poder en el órgano ejecutivo cargado de ideología. En resumen, si bien hasta ahora ha logrado aplacar a la comunidad internacional manteniendo una fachada democrática (al permitir que existan partidos de oposición y medios de comunicación independientes, no sin acosarlos, y al llevar a cabo elecciones cada vez menos competitivas), tanto él como sus aliados políticos en el poder legislativo y en los tribunales han tomado control del Estado casi por completo.

Muchos líderes de América Latina y del Caribe lo toleran porque es generoso a la hora de repartir las riquezas petrolíferas de Venezuela, con lo que compra la influencia necesaria para implementar su proyecto revolucionario y antiestadounidense. ¿Pero qué sucederá cuando Chávez ya no pueda mantener el apoyo popular? ¿Acaso el sistema fuerte y centralizado permitirá el disenso? Ahora que el país se prepara para las elecciones presidenciales de diciembre, ha llegado el momento de que los venezolanos y la comunidad internacional evalúen el estado de la democracia bajo Chávez. Es probable que los historiadores, al analizar este período, escriban sobre “Chávez, el dictador” o sobre “Chávez, el dictador en potencia”; todo dependerá de si el pueblo venezolano y sus vecinos logran contener su proyecto antidemocrático.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha fraguado un régimen sumamente ideológico, combativo e intolerante, blandiendo una retórica polarizante para dividir e incitar a las clases sociales, y utilizando las herramientas del Estado para suprimir y perseguir a sus opositores. Desde que asumió la presidencia, ha concentrado el poder en su partido, el Movimiento Quinta República o MVR, en forma sistemática. Una de sus primeras medidas consistió en formular una nueva constitución que estableció el Movimiento Quinta República y descartó los contrapesos y salvaguardias, a fin de consolidar el poder en el órgano ejecutivo. En 1999, esta constitución eliminó el Senado y la supervisión del Congreso sobre las Fuerzas Armadas.

Los aliados de Chávez de la Asamblea Nacional han utilizado su poder para poner los tribunales y otros ministerios públicos en manos de chavistas incondicionales, y para adoptar medidas que permitieran atacar y molestar a los medios de comunicación y a otros posibles opositores. Chávez selló el control de la Asamblea Nacional en las elecciones de diciembre de 2005: luego de que las autoridades electorales chavistas se negaron a tomar los pasos necesarios para garantizar una votación libre y justa, los partidos de la oposición boicotearon el proceso, y el 85% de la población de Venezuela no votó. Además, las fuerzas militares y algunas organizaciones policiales consintieron en abandonar su papel de legítimos instrumentos del Estado y pasaron a ser armas partidarias que se esgrimen contra sus conciudadanos. En vez de intentar aliviar el descontento político y las tensiones sociales, Chávez y sus partidarios emplean una retórica polarizante y adoptan medidas para desplazar a quienes no comparten sus visiones políticas y para reprimir la disensión.

La Carta Democrática Interamericana

La Carta Democrática Interamericana, redactada y firmada por los treinta y cuatro estados miembros, activos el 11 de septiembre de 2001, declara en el Artículo 1: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia, y sus gobiernos, la obligación de promoverla y defenderla”. El Artículo 3 del documento define los “elementos esenciales” de la “democracia representativa” en términos muy específicos e inclusivos, tales como:

el respeto por los “derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto”;

 

• el “régimen plural de partidos y organizaciones políticas”;
• la “separación e independencia de los poderes públicos”;
• la “libertad de expresión y de prensa”;
• la “subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida”.

Según sus principios, este documento sostiene que “la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye […] un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno” en el sistema interamericano.

Fuente: Carta Democrática Interamericana, 11 de septiembre de 2001; el texto completo se encuentra disponible en www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm.

El acoso de la oposición y el control de las elecciones

Varios líderes de la region--entre ellos, el secretario ge-neral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza-- declararon que no es suficiente que un líder sea elegido democráticamente si luego no gobierna democráticamente. Los argumentos en contra de Chávez son casi irrefutables. Los observadores internacionales han notado que las listas de votantes y el aparato electoral tienen serias fallas, y resulta difícil concebir que para ellos pueda ser aceptable cualquier elección que se lleve a cabo en las condiciones actuales. Los candidatos de la oposición deben enfrentarse a la popularidad de Chávez, pero, además, tienen el obstáculo de un sistema electoral que indudablemente es en gran parte controlado por los partidarios del régimen. Según una encuesta reciente efectuada por Consultores 21, más de la mitad de los venezolanos no creen en la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral (49% frente a 46%)[1]. El candidato presidencial Teodoro Petkoff ha declarado que Chávez “tiene todo el aparato estatal a su servicio y lo usa sin escrúpulos”[2].

Es indiscutible que Chávez llegó al poder-- y se mantuvo en él-- por medio de elecciones y con un considerable apoyo popular: ganó la presidencia dos veces y sobrevivió a un referéndum, en agosto de 2004, que podría haber truncado su mandato. La oposición no ha logrado probar sus acusaciones de fraude en la votación del referéndum. Sin embargo, en las elecciones legislativas de diciembre de 2005, aunque Chávez apeló de manera apremiante al fervor revolucionario para consolidar su posición en el poder, sólo votó entre el 10% y el 15% del padrón electoral.

Las encuestas de opinión muestran que la mayoría de los votantes venezolanos apoyan a Chávez y creen que está comprometido con la democracia. No obstante, es seguro que él ha aprendido de su tutor, Fidel Castro, que si bien un dictador puede preocuparse por la opinión pública, la simple realidad es que no está obligado a hacerlo, especialmente una vez que logra controlar a la oposición. Y a pesar de que pueda importarle el resultado de determinadas elecciones, la decisión de convocarlas, en sí, depende de él.

Parece que Chávez no le tiene miedo a las elecciones, en parte, a causa de la serie de victorias que ha obtenido (cada vez, con menor transparencia), y porque ha hecho el cálculo cínico de que, siempre que realice concursos abiertos, puede neutralizar todas las críticas del exterior. No ha escatimado esfuerzos por dominar a las autoridades electorales del país sobre la base de su control absoluto de la Asamblea Nacional para cambiar la composición del Consejo Nacional Electoral (CNE): hoy en día, ni una sola persona que se identifique con los opositores es miembro de esta institución.

Hace muy poco, en respuesta a las críticas sobre las fa-llas de la democracia en Venezuela, Chávez acusó a la oposición de boicotear las elecciones presidenciales de diciembre, para no tener que reconocer su inevitable victoria. Si la oposición tomara esta medida, el presidente convocaría a un referéndum para preguntarle al público si quiere que continúe en su cargo hasta 2031. Chávez ha demostrado ser un político astuto: permite que exista una oposición bastante ruidosa y, al mismo tiempo, convierte sus pedidos de democracia en motivos para legitimar aún más su control del electorado. Por lo tanto, en esencia, se ha asegurado su movimiento de victoria electoral, así la oposición decida participar en la competencia o no.

El régimen de Chávez no utiliza sólo medios legales para maltratar a sus adversarios. Ya desde antes de la crisis política que originó su remoción temporaria en abril 2002, las fuerzas de seguridad de Chávez habían usado su poder de manera indiscriminada y excesiva para reprimir las manifestaciones políticas. Los opositores han sufrido arrestos y torturas prolongados e ilegales. Organizaciones de derechos humanos respetadas en el ámbito internacional han documentado con sumo detalle algunos de estos casos y otros donde murieron testigos inocentes.

Una red conectada en el ámbito nacional llamada Círculos Bolivarianos y grupos violentos integrados por matones armados, como los Tupamaros, atacan a los opositores políticos de Chávez en forma sistemática. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha criticado al Estado por no procesar cientos de casos de asesinatos no investigados por la justicia y por no investigar a los “escuadrones de muerte” que operan en el país[3].

El poder judicial en el bolsillo de Chávez

La “justicia” se administra con rapidez contra los opositores al régimen, en tanto que existe un patrón de presuntos abusos de las fuerzas de seguridad del gobierno que permanecen impunes. En un informe publicado en 2004, Amnistía Internacional criticó con dureza lo que se supone debería ser un gobierno democrático; entre otras cosas, declaró:

A lo largo de los últimos años, estas instituciones [venezolanas] han incumplido su función constitucional de actuar con igual imparcialidad contra partidarios y detractores del gobierno acusados de cometer delitos relacionados con la actual crisis política. Esta falta de imparcialidad, combinada con la fragilidad estructural que desde hace tiempo aqueja a las instituciones fundamentales, amenaza con reforzar la cultura de impunidad que ha acompañado la situación de abusos contra los derechos humanos a lo largo de muchos años en Venezuela[4].

La comisión de la OEA también ha acusado al Estado de Venezuela de violar sus compromisos internacionales en repetidas ocasiones, al no cumplir con las decisiones establecidas por la comisión y, por ende, poner “en peligro la vida e integridad personal” de los ciudadanos venezolanos[5].

Chávez y sus aliados han trabajado con ahínco para reestructurar la Corte Suprema y los tribunales menores, a efectos de asegurar la confiabilidad política de los magistrados. Como resultado de las nuevas normas que se establecieron para el nombramiento, la renovación y la suspensión de los jueces --por mayoría simple en la Asamblea General--, los tribunales se llenaron de jueces conocidos por su lealtad ideológica al movimiento político de Chávez. La Comisión de Derechos Humanos de la OEA, una organización que se esfuerza por ser imparcial, ha afirmado que estas normas “habrían facilitado que el Poder Ejecutivo manipulara el proceso de elección de magistrados llevado a cabo durante 2004”[6].

En diciembre de 2004, Pedro Carreño, partidario de Chávez y presidente de la comisión legislativa encargada de nombrar a los nuevos jueces, declaró que ni uno de los cincuenta magistrados nombrados en aquella oportunidad podía considerarse figura de la oposición. Dijo: “No nos vamos a meter autogoles”[7]. Omar Mora Díaz, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, se jacta de su compromiso con la lucha armada durante su adolescencia y, si bien niega estar asociado a un movimiento político, se reconoce como “revolucionario”.

La Comisión de Derechos Humanos de la OEA se ha quejado con dureza de que el régimen de Chávez no ha investigado ni procesado las acusaciones de violencia y asesinatos relacionadas con motivos políticos. En efecto, el régimen utiliza la capacidad de investigación del Estado para acosar y perseguir a sus opositores. Un ejemplo tristemente célebre de esta realidad es la cacería de brujas que condujo el fiscal chavista Danilo Anderson, cuyo mandato consistió en atrapar y eliminar a quienes estaban involucrados en actividades antichavistas. El 18 de noviembre de 2004, el mismo Anderson fue asesinado por un auto bomba. A pesar de que el régimen lo ha declarado héroe de la revolución y utiliza su asesinato para ampliar el ataque a sus adversarios, varios han acusado a Anderson y a su equipo de extorsionar a los posibles blancos del ataque chavista para obtener sobornos.

A medida que se aproximan las nuevas elecciones pre-sidenciales, el régimen continúa usando su equipo judicial, ahora experimentado, para atacar a los opositores. Henrique Capriles Radonski, el popular alcalde de treinta y tres años del municipio de Baruta, un barrio de clase media de Caracas, fue blanco del acoso judicial de Chávez bajo el mandato del fiscal asesinado. Tan pronto empezó el proceso de referéndum de 2004, Capriles fue acusado de una serie de delitos que supuestamente había cometido hacía dos años. El 12 de abril de 2002, durante la breve expulsión de Chávez, manifestantes antichavistas se reunieron fuera de la embajada de Cuba, ubicada en Baruta. Por temor a que se generara violencia, un embajador europeo pidió a Capriles que se dirigiera al lugar para apaciguar a la multitud. El embajador de Cuba, Germán Sánchez Otero, le permitió ingresar en la embajada. Capriles instó a la multitud a que se dispersara y así logró poner fin al sitio del recinto diplomático. Después acusaron a Capriles de ingresar sin autorización a la embajada de Cuba, abusar de su cargo y violar principios internacionales.

Capriles fue encarcelado por tres meses y puesto en libertad en octubre de 2004, cuando los tribunales de apelación descartaron el caso[8]. Ahora que Chávez tiene un control más sólido del poder judicial y está preparando el escenario para las próximas elecciones presidenciales, la causa de Capriles se está procesando nuevamente, y el alcalde debe ir a juicio el 9 de junio[9].

Abril de 2002: el golpe de Estado que no fue

La mayoría de los observadores malinterpretan los acontecimientos de mediados de abril de 2002 como un intento de golpe de Estado contra Chávez, instigado por la oposición política y alentado por unas fuerzas armadas traicioneras. Lo que realmente ocurrió fue mucho más complicado.

El 11 de abril de 2002, entre 500.000 y 800.000 simpatizantes de la oposición se reunieron en el recinto presidencial, en una manifestación política que había comenzado a gestarse luego de semanas de confrontaciones, durante las cuales el incendiario Chávez dio lo mejor de sí. Chávez, en clara búsqueda de una confrontación decisiva, desencadenó una serie de acontecimientos aciagos cuando ordenó a sus comandantes militares que reprimieran las ruidosas manifestaciones políticas que habían rodeado el Palacio de Miraflores. En retrospectiva, podemos ver que ésta no fue la reacción de un líder político desesperado que intenta mantener el orden, sino una medida pensada y despiadada, adoptada por un hombre que no tolera el disenso.

La evidencia fílmica de los acontecimientos muestra a los secuaces civiles de Chávez vaciando los cartuchos de sus pistolas indiscriminadamente sobre la multitud y la determinación de Chávez de usar la fuerza militar para aplastar a sus opositores. Al invocar un plan de contingencia de larga data que permite usar medios militares para controlar la capital--conocido como Plan Ávila--, Chávez se equivocó. Quizás, al recordar la admonición de Simón Bolívar de que un soldado que mata a su propio pueblo está perdido, uno por uno, los generales de división y comandantes generales Manuel Rosendo y Efrain Vásquez Velasco aparecieron en emisiones televisivas en vivo donde se negaron a seguir las órdenes del Presidente. Los líderes militares citaban dos artículos de la constitución de Venezuela como justificación: el primero prohíbe el uso de armas de fuego para controlar manifestaciones pacíficas, y el segundo declara que el pueblo debe “desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos, o menoscabe los derechos humanos”.

Chávez se rindió y fue detenido por las fuerzas militares hasta que lo pudieron transportar en avión a Cuba. Los líderes civiles ejercían presiones, mientras el gobierno interino se extralimitó y, en forma precipitada, disolvió el Congreso y los tribunales, y destituyó a todas las autoridades electas. Los comandantes habían perdido el control de los acontecimientos. El comandante general Vásquez Velasco exigió públicamente que el gobierno interino diera marcha atrás en sus trascendentales medidas. Antes de que los líderes civiles pudieran reaccionar, los líderes militares decidieron restablecer a Chávez en el poder. Lo transportaron de nuevo al Palacio de Miraflores en un helicóptero militar.

Existen tres simples hechos que refutan toda teoría de que Chávez haya sido víctima de un golpe de Estado tradicional. En primer lugar, la oposición sufrió muchas más bajas que los chavistas, y las primeras víctimas fueron asesinadas por pistoleros, según se ve en filmaciones de aficionados. En segundo término, el Congreso y la Corte Suprema de Venezuela--después de que las investigaciones realizadas con Chávez firmemente restaurado en el poder--no lograron acusar a un solo soldado por sus actos durante el supuesto golpe. En tercer término, Lucas Rincón--quien, de hecho, apareció en televisión para informar que Chávez había aceptado renunciar--fue nombrado más tarde ministro de defensa ministro de y interior y justicia por Chávez.

Nota: El Artículo 68 declara: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de las manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”. El Artículo 350 sostiene: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Algunos individuos (incluidos los líderes militares) han interpretado este último artículo como el derecho constitucional a la rebelión.

También se está juzgando otra vez el caso de María Corina Machado, una de las fundadoras y líderes de Súmate, una organización no gubernamental (ONG) venezolana dedicada a promover la democracia. Súmate ha documentado con meticulosidad el fraude electoral y ha expresado a viva voz los resultado de su investigación, lo que la convierte en un blanco obvio. En febrero de 2004, Chávez anunció que se realizaría una investigación sobre el financiamiento del grupo Súmate, ya que éste había aceptado fondos de la organización National Endowment for Democracy, respaldada económicamente por Estados Unidos, y aseguró que estos fondos se utilizaron para desestabilizar su gobierno. Machado fue acusada de “conspi-ración” según el Código Penal, que estipula una pena de entre ocho y dieciséis años de prisión por solicitar intervención extranjera en la política interna del país. La fiscalía también ha declarado que Súmate es un partido político (de modo que sería por completo ilegal que recibiera apoyo financiero del exterior), a pesar de que no está reconocido como tal por el Consejo Nacional Electoral[10].

Además, Machado fue acusada de traición con argumentos también cuestionables, por haber firmado un manifiesto antichavista durante la expulsión de Chávez en abril de 2002. Machado explica que jamás firmó dicho documento y que su firma fue extraída del registro de invitados al palacio presidencial. En febrero de 2006, el caso fue descartado y enviado a otro tribunal, luego de que los embajadores de la Unión Europea advirtieron al gobierno que pensaban asistir a las sesiones del tribunal y observarlas[11].

Los medios de comunicación bajo ataque

Es cierto que las voces de la oposición se escuchan en forma habitual a través de los medios de comunicación. Sin embargo, desde que Chávez ascendió al poder--apoyado por algunos de los magnates de los medios que se opinían a la estructura de poder tradicional--, fue eliminando poco a poco la libertad de expresión. Mediante el uso de medidas ilegales como bandas violentas, su régimen ha acosado a las organizaciones de medios y a los periodistas, en particular, para que redujeran la cobertura de las opiniones disidentes y aplicaran la autocensura. Los canales más vistos han casi eliminado sus programas de noticias y opinión, y los periodistas nacionales que no simpatizan con el régimen han sido perseguidos, detenidos y acusados de delitos infundados.

Patricia Poleo, una periodista venezolana que se ha ganado el reconocimiento internacional por su trabajo de investigación, ha sido víctima del acoso judicial desde que avergonzó al régimen de Chávez al revelar que las fuerzas de seguridad venezolanas estaban escondiendo al fugitivo internacional de Perú, Vladimiro Montesinos. Poleo ha sido procesada por lo menos una vez y fue citada para que revelara las fuentes de su investigación sobre el asesinato del fiscal chavista Danilo Anderson, ocurrido en noviembre de 2004. Mientras ella asegura que el Estado está tratando de esconder la verdad sobre el asesinato de Anderson, el régimen reaccionó acusándola de haber planeado el atentado con el auto bomba.

En diciembre de 2004, la Asamblea Nacional aprobó una ley de medios de comunicación que los observadores internacionales--entre ellos, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa-- han criticado por tratarse de una herramienta para reprimir la libertad de expresión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA declaró: “La utilización de términos vagos, sumada a la existencia de sanciones que podrían ser excesivas, pueden causar un efecto amedrentador sobre los medios de comunicación y los periodistas, limitando el flujo de información sobre cuestiones de interés público”[12].

El menoscabo de los sindicatos independientes

Chávez también ha encabezado un ataque contra el movimiento de sindicatos independientes. En diciembre de 2000, su gobierno organizó unas elecciones de líderes sindicales en las que se permitió que individuos que no pertenecían a los sindicatos emitieran su voto. Este intento claro de reemplazar a los líderes independientes por partidarios chavistas fue rechazado con firmeza por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Aun así, cuando, en octubre de 2001, se llevaron a cabo las elecciones, salió reelecta la fórmula que no era chavista, resultado que el régimen no ha aceptado.

En la actualidad, el gobierno persigue a una gran cantidad de líderes sindicales por el papel que desempeñaron en los acontecimientos de abril de 2002, cuando Chávez fue destituido del poder durante cuarenta y ocho horas. El líder sindical venezolano Carlos Ortega fue acusado, en un principio, de “rebelión, sabotaje y traición”, y huyó del país. Luego de volver del exilio, fue juzgado por los cargos de “rebelión civil” e “incitación al delito”, debido al papel que tuvo en un paro nacional encabezado por la oposición entre 2002 y 2003. Haciendo caso omiso de un fallo de la OIT emitido en junio de 2004, que determinaba que el paro era un ejercicio legítimo de los derechos de los trabajadores, Ortega fue declarado culpable y condenado a casi dieciséis años de prisión. Hoy en día, todavía está cumpliendo su condena.

La “lista de enemigos”

Dicen que luego de suceder a Richard Nixon como presidente, Gerald Ford señaló: “El hombre que tiene que hacer una lista de sus enemigos tiene demasiados enemigos”. En 2005, el legislador cha-vista Luis Tascón reveló la existencia de una lista de alrededor de 3 millones de venezolanos que firmaron peticiones en 2003 y 2004 para convocar a un referéndum sobre la permanencia de Chávez en su puesto. Tascón publicó la lista en su sitio web antes del referéndum de agosto de 2004.

Los venezolanos se han quejado de sufrir persecuciones por atreverse a vincularse con la oposición al firmar algunas de estas peticiones. Muchos de quienes integran esta lista lamentablemente célebre dicen que han perdido contratos o empleos en el sector público. A otros se les han negado servicios públicos básicos, tales como la entrega de pasaportes. Alrededor de 150 firmantes han declarado que fueron despedidas de sus empleos en el sector público, y otras 600 se han quejado de acoso laboral[13].

El ministro de salud de Venezuela Roger Capela declaró en público: “un traidor no puede haber estado en una posición de responsabilidad, y este Estado tiene una política y una responsabilidad hacia el gobierno en las que no hay lugar para un traidor […] quienes firmaron están despedidos”[14]. Debido a la gran atracción que generó esta agresión política manifiesta, el régimen de Chávez repudia el uso de la lista y asegura que está investigando su origen.

La lista reapareció como archivo electrónico con el título de Batalla de Santa Inés Maisanta, y contiene datos de más de 12 millones de votantes venezolanos empadronados. El archivo no sólo informa la dirección del individuo y si firmó o no la petición del referéndum, sino que también codi-fica sus afinidades políticas y su índice de participación electoral[15]. La lista electrónica puede adquirirse tanto en las calles de Caracas como en Mercado Libre (la versión venezolana de eBay) por menos de cinco dólares estadounidenses[16].

Si bien perder un empleo o un contrato del sector público no es, en absoluto, comparable con las flagrantes violaciones de derechos humanos que se cometieron en América del Sur bajo algunos regímenes autoritarios anteriores, no habría que subestimar la importancia de estas prácticas, en especial, por expresar una opinión política o ejercitar un derecho político básico. Dado el papel abrumador de PDVSA (la empresa petrolera estatal de Venezuela)--que representa aproximadamente un tercio del PIB y casi la mitad de los ingresos fiscales del país--y el papel del gobierno en la economía, en términos más generales--el gasto público equivale a casi un cuarto del PIB nacional--, los contratos y empleos del sector público, en muchos casos, son indispensables para el bienestar económico de un individuo. La amenaza de perder un puesto en el sector público representa un fuerte mensaje que pone en peligro el derecho de los ciudadanos a emitir su voto en forma secreta y a ejercer otros derechos constitucionales en oposición al gobierno.

Ciudadano Chávez: En sus propias palabras

“En Venezuela, se acabó la República [...]. No hay un contrato social, no hay Estado, no hay Poder Ejecutivo serio, no hay gobierno verdadero, no hay Poder Legislativo que legisle en función de las necesidades del país, no hay Poder Judicial [...]. No voy a gobernar con partidos”.

Tomás Tenorio Galindo, “La posibilidad del autoritarismo”, Crónica, 10 de diciembre de 1998

“Además de ser democrática y pacífica, esta revolución venezolana es como la de Allende, pero con una diferencia: no es desarmada. Ésta es una revolución armada, y voy a decirlo de nuevo así no hay errores: ésta es una revolución que tiene armas para defenderse, y ya demostramos eso en abril de 2002.”

“Venezuela Referendum: Chávez Reiterates That without Legality There Will Not Be a Recall Referendum,” Spanish Newswire Services, 7 de septiembre de 2003

“Lo dije, ustedes saben que en la Constitución está limitada la reelección a una vez, es decir, para el caso mío, 2007-2013. Si la oposición nos sale con una marramuncia de éstas que estoy diciendo o cualquier otra, un intento de golpe de Estado, o no sé qué más; que si intervención en Venezuela [...] yo sería capaz de activar el mecanismo constitucional que existe, y ustedes saben cuál es, para modificar la Constitución y colocar la reelección presidencial indefinida, hasta el 2000 no sé cuánto, 2021, bueno, o qué sé yo."

Aló Presidente, 2 de abril de 2006, disponible en www.minci.gov.ve/alo2.asp?id=166

“Nos encontramos en una batalla verdaderamente histórica: en Venezuela, no todo lo que debe morir ha muerto aún; en Venezuela, no todo lo que debe nacer ha nacido aún. El día en que haya muerto y la nueva era haya terminado de nacer, podré ir tranquilo a cualquier parte, pero mientras tanto, estaré con ustedes, ¡encabezando esta batalla!”

Aló Presidente, 6 de mayo de 2006

La difusa separación entre el sector militar y el sector civil

Chávez ha militarizado la política y politizado las fuerzas militares. Durante las últimas décadas, Venezuela nunca presentó una drástica separación entre la política, las fuerzas militares y la vida civil, aunque las instituciones militares, en particular, fueron respetadas como profesionales. Chávez ha eliminado estas barreras, ha interferido en el área del personal militar y ha otorgado cargos civiles a camaradas militares de confianza.

Tanto el presidente como el Movimiento Quinta República comenzaron su carrera militar en la facción re-volucionaria de las fuerzas armadas venezolanas, el Movimi-ento Boliviano Revolucionario 200 (MBR-200). En un principio, Chávez se ganó su reputación como teniente coronel en el ejército de Venezuela y como uno de los oficiales subalternos y miembros fundadores del MBR-200. La ideología del movimiento populista estaba basada en las enseñanzas de Simón Bolívar. Ya en 1982, el grupo comenzó a planear un golpe revolucionario en contra del go-bierno civil democráticamente electo. Una década más tarde, Chávez hizo su primera aparición televisiva luego de admitir la derrota durante un intento de golpe en febrero de 1992, y fue encarcelado de inmediato. A pesar de que el golpe falló, Chávez logró dejar su nombre y su imagen grabados en el corazón de aquellos sectores de la población que se oponían al orden político existente. Más adelante, los ideales del MBR-200 obtuvieron legitimidad política, cuando se constituyeron en el Movimiento Quinta República.

La constitución de 1999 fue la primera de una gran cantidad de medidas que se tomaron para revertir algunos de los contrapesos y salvaguardias de iure establecidos por los gobiernos anteriores. Esta constitución politizó aún más a las fuerzas armadas, al permitirles abandonar el papel “no deliberante” legalmente estipulado hasta el momento, al conceder a los oficiales permanentes el derecho a voto y al otorgar a Chávez el poder de arbitrar, en última instancia, los ascensos militares. Las polémicas medidas alentaron a las voces de la oposición a retirarse de las fuerzas armadas, mientras que el presidente usó su nueva autoridad para recompensar a sus seguidores entre las filas del ejército. Pero los ascensos no se produjeron sólo dentro del ámbito militar, también los benefició con cargos gubernamentales de alto nivel, previo retiro de las fuerzas armadas.

En abril de 2002, la tensión entre Chávez y los profesionales militares apolíticos llegó a un punto crítico cuando el personal de mayor rango se negó a cumplir con la orden de Chávez de utilizar la fuerza militar para sofocar las manifestaciones civiles. Chávez aprovechó esta negativa a cumplir sus órdenes para continuar con la purga de los opositores de las filas del ejército.

Para vincular en mayor medida a las fuerzas militares con el gobierno y, luego, con el desarrollo económico, bajo el Movimiento Quinta República, Chávez extendió el papel de aquéllas y les asignó proyectos civiles, como el Plan Bolívar 2000, su primer programa (o misión) de asistencia social, en el cual las fuerzas armadas reemplazaron a las autoridades estatales y municipales en los proyectos de desarrollo regional, por ejemplo, en la construcción de infraestructura y en las campañas de vacunación masiva.

Recientemente, el presidente exigió la reestructuración de las fuerzas armadas, incluido el aumento de los reservistas (de 30.000 en 2004 a 150.000 en 2006) y la movilización de la Guardia Territorial para proteger a Venezuela de invasiones. Esta última es un cuerpo integrado sólo por civiles, a los que les pagan US$ 7,44 por sesión de entrenamiento, que incluye preparación física, uso de armas de fuego y gas lacrimógeno, y carreras de obstáculos[17]. Un millón y medio de individuos ya ha comenzado el período de cuatro meses de entrenamiento; la mayoría de ellos provienen de las regiones más pobres de Venezuela, en las cuales Chávez goza de un gran apoyo. Los críticos sostienen que la Guardia Territorial responde directamente a Chávez y que, por ende, podría ser utilizada como un instrumento de repression[18].

Lo que debe hacerse

Estados Unidos no debería tratar de confrontar a Chávez, y no tendrá que hacerlo, ya que Chávez insistirá en provocar a su archienemigo. Sin embargo, Estados Unidos debe transitar por una línea muy delgada, entre responder a cada una de las provocaciones de Chávez y expresar con honestidad su preocupación respecto al deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela y del plan de acción destructivo y divisivo de su presidente en el hemisferio. En especial, debido a que tantos otros países se niegan a hablar en defensa de los valores democráticos compartidos, Estados Unidos no debe guardar silencio en este aspecto. Según explica el actual subsecretario de estado Thomas Shannon Jr.:

El propósito es no permitirle que defina los términos de la confrontación y asegurar que al relacionarnos con él, no lo estamos haciendo de una manera que perjudique nuestros intereses [en términos] más amplios […]. Sería un error que la política de EE. UU. en la región se concentrara demasiado en esta persona. Si nos permitimos quedar atrapados en el tipo de confrontación que él quiere tener con nosotros, nuestra influencia en otros [países] de la región disminuye[19].

Los ataques semanales de Chávez contra Estados Unidos y el presidente George W. Bush están lejos de ser exabruptos indisciplinados. Al ponerse en contra del “imperio” y acusar a Estados Unidos de planear una invasión a Venezuela, Chávez logra dos objetivos: denigra a cualquier opositor dentro y fuera del país considerándolo un títere de Estados Unidos, y puede presentar a la oposición local como traidora al servicio de un poder enemigo. De hecho, en los foros multilaterales, la mayoría de los líderes de América Latina y del Caribe no están dispuestos a cuestionar los excesos que Chávez comete en su país, en gran parte, debido a que no quieren verse involucrados en los asuntos internos de Venezuela o en una confrontación bilateral entre Estados Unidos y Chávez.

Los latinoamericanos deben recordar la historia de regímenes militaristas que han puesto en peligro la demo-cracia. También deben recordar el compromiso que asumieron con la Carta Democrática Interamericana, que dice que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia, y sus gobiernos, la obligación de promoverla y defenderla”[20]. Definitivamente, nadie espera que un líder latinoamericano o caribeño se enfrente a Chávez en forma individual, pero deberían evaluar en conjunto--en especial, en los foros y en las reuniones en las que Estados Unidos no esté presente-- sobre su responsabilidad única para con sus hermanos venezolanos. Por ejemplo, cuando los países del Mercosur reciben a Chávez con los brazos abiertos, deberían considerar las consecuencias de esto para su propia “cláusula democrática”, una de las primeras cláusulas de este tipo que se adoptaron en el mundo. Por supuesto que esto requiere que nuestros amigos en la región tomen conciencia de lo que está ocurriendo en Venezuela y de lo que Chávez está haciendo para subvertir la democracia en sus propios países. Todos los líderes de la región deberían pensar en lo que quieren que la historia registre de sus actos, mientras que 26 millones de venezolanos se encuentran a merced de un dictador emergente a comienzos del siglo XXI.

La intervención directa de Chávez en las campañas electorales de otros países demuestra que no respeta ningún límite a la hora de llevar a cabo sus planes fuera de Venezuela. Ha realizado declaraciones a favor y en contra de candidatos políticos en Bolivia, Perú y Nicaragua, y ha firmado un pacto petrolero para brindar apoyo al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) e influenciar la campaña presidencial que se está desarrollando en Nicaragua. Su intervención, finalmente, ha convencido a algunos líderes de América Latina de que no deben callar y deben defender su soberanía de los planes imperialistas de Chávez. Insulza, el secretario general de la OEA, tiene el mandato de la Asamblea General de 2005 de idear propuestas para que la organización responda a “situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático y el legítimo ejercicio del poder”21. También tiene la autoridad, bajo la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA, de poner en conocimiento del Consejo Permanente ciertas prácticas antidemocráticas. Las instituciones de derechos humanos de la OEA han documentado de la manera más categórica los abusos del régimen de Chávez, aunque hasta el momento, no han logrado imponer ningún castigo efectivo. La importancia y credibilidad de la OEA peligran a medida que Venezuela se encamina hacia una dictadura, y la organización no logra reaccionar de manera efectiva.

La OEA, la Unión Europea y otras instituciones deberían negarse a supervisar las elecciones presidenciales de 2006 en Venezuela si no se implementan cambios significativos en las reglas del juego. Los observadores internacionales amenazaron con retirar su apoyo a las elecciones de Nicaragua en 1990 y de Perú en 2000, y en ambos casos el régimen en cuestión cedió. Si Chávez se niega a revisar la maquinaria electoral de su régimen, ningún observador internacional debería poner en riesgo su credibilidad asociándose con otro encubrimiento electoral en Venezuela.

Las ONG internacionales--grupos de políticos democráticos, sindicatos, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos--también deben hacer un esfuerzo consciente por estrechar filas con sus colegas de Venezuela y sumarse a su causa en los foros internacionales. Además, deberían celebrar convenciones internacionales en Venezuela para tratar de atraer atención mundial hacia su lucha y crear el espacio político que los venezolanos necesitan para comenzar a recuperar su futuro.

En última instancia, la responsabilidad de salvar la democracia venezolana recae en los mismos venezolanos, no sólo en aquellos que se oponen a Chávez, sino también en aquellos que valoran su propia libertad. El hecho de que los partidos políticos decidan boicotear las próximas elecciones presidenciales es una decisión que deben tomar por sí mismos. Sin embargo, en una democracia, es una obliga-ción fundamental de la oposición política presentar una visión alternativa. A pesar de que tienen todo el derecho de convertir la reforma electoral sustancial en un tema clave del debate público (y, quizás, en una precondición para su participación), también deben presentar un plan de acción constructivo para la restauración política y el desarrollo social de una gran nación. Sin lugar a dudas, la comunidad internacional tendrá mayor voluntad y capacidad de apoyar la democracia si la oposición democrática del país se encuentra unida, organizada coherentemente y comprometida de manera responsable en la lucha política. En vistas del historial de Chávez, cabría esperar que la mayoría de los venezolanos adopte una postura para asegurar sus libertades básicas, para comenzar a reconciliar a un país dividido y para respaldar una alternativa política que apele a sus esperanzas y no a sus temores.

Megan Davy, asistente de investigación del AEI colaboró en este artículo. Scott R. Palmer, editor del AEI trabajó junto con el autor para editar y producir este número de Latin American Outlook.

Notas

1. “Encuesta versus Estrategia”, El Nacional (Venezuela), 19 de marzo de 2006.

2. Fabiola Sánchez, “Venezuela Ex-Guerrilla Fighter Pledges to Take on Chávez in Presidential Elections”, Associated Press, 21 de abril de 2006.

3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe de seguimiento sobre el cumplimiento por el Estado de la República Bolivariana de Venezuela de las recomendaciones efectuadas por la CIDH en el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (2003)”, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2004, OEA/Ser.L/ V/II.122 Doc. 5 rev. 1, (2005), párrafo 165, disponible en www.cidh.org/annualrep/2004sp/cap.5b.htm.

4. Amnistía Internacional, Venezuela. Los derechos humanos en peligro (Londres: Amnistía Internacional, mayo de 2004), disponible en http://web.amnesty.org/library/index/eslamr530052004.

5. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe de seguimiento sobre el cumplimiento por el Estado de la República Bolivariana de Venezuela”.

6. Ibídem, párrafo 180.

7. Véase “Chavismo designa hoy 49 nuevos magistrados”, El Nacional, 13 de diciembre de 2004.

8. Jackson Diehl, “In Venezuela, Locking up the Vote”, Washington Post, 10 de abril de 2006.

9. Henrique Capriles Radonski, “Juicio a Capriles Radonski Tiene Fecha”, Comprometido Contigo, 10 de abril de 2006, disponible en www.caprilesradonski.org.ve/detalle.asp?id=245&plantilla=3.

10. Elizabeth Núñez, “Imputan a Organización Civil Súmate por Solicitar Intervención Extranjera”, El Nacional, 27 de diciembre de 2004.

11. Jackson Diehl, “Locking up the Vote”.

12. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “CIDH manifiesta preocupación por la aprobación del ‘Proyecto de Ley sobre Responsabilidad Social en Radio y Televisión’ en la Repúb-lica Bolivariana de Venezuela”, comunicado de prensa no. 25/04, 30 de noviembre de 2004, disponible en www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2004/25.04.htm.

13. Fabiola Sánchez, “List of Venezuelan Government Opponents on Web Site Draws Discrimination Complaints,” Associated Press Worldstream, 13 de mayo de 2005.

14. Grabación de Roger Capela en “Hablemos con Washington”, Voz de América (VOA), 26 de abril de 2006.

15. Francisco Olivares, “El Código Chávez”, El Universal (Venezuela), 21 de mayo de 2005.

16. “Lista Tascón--Lista Maisanta--Lista Santa Inés--Firmaste?”, Mercado Libre, disponible en http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-4956320-lista-tascon-lista-maisanta-lista-santa-ines-firmaste-_JM (visitado el 8 de mayo de 2006).

17. Fabiola Sánchez, “Chávez Prepara un Ejército de Civiles”, Associated Press, 22 de abril de 2006.

18. Greg Morsbach, “Caracas Prepara Guerra de Guerrillas,” BBCMundo.com, 6 de marzo de 2006.

19. Nicholas Kralev, “Chavez Accused of Ties to Terrorists,” Washington Times, 17 de mayo de 2006.

20. OEA, Carta Democrática Interamericana, 11 de septiembre de 2001, sec. 1, art. 1.

21. OEA, Declaration of Florida, Delivering the Benefits of Democracy, AG/DEC.41 (XXXV-O/05), adoptada el 7 de junio de 2005.