La misma semana en que fueron llamados a interrogatorio cuatro generales en retiro, entre ellos Mario Montoya, comandante del Ejército entre 2006 y 2008, como parte de las investigaciones sobre los llamados falsos positivos en Colombia, se conoció el informe de Human Right Watch en el que se alerta sobre los riesgos de impunidad en estos casos. El documento de José Miguel Vivanco incluso fue más allá y pide a los actuales comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército, a los generales Juan Pablo Rodríguez y Jaime Lasprilla, que expliquen su papel cuando estuvieron al frente de las brigadas 4 y 8 respectivamente, en las que se investigan no menos de 100 casos.

Desaparición forzada, homicidio agravado, concierto para delinquir, involucrando reclutadores, pagando a 100 euros por víctima, son entre otros los delitos por lo que se investiga actualmente y se debería acusar y condenar a los miembros del Ejército colombiano que asesinaron a civiles para presentarlos como guerrilleros o integrantes de bandas criminales o delincuentes caídos en combate y cobrarlos como resultados operacionales para ganar reconocimiento de sus superiores y recompensas por buen desempeño.

El imperativo ético de una sociedad que busca la paz por la vía de reparar a las víctimas, de restituir las tierras despojadas, es hacer justicia por los horrores vividos por más de cinco mil personas que se vieron afectadas como familiares o víctimas directas entre 2002 y 2008. Pero ese no parece ser el tema que importa. Al contrario. Lo que esta semana ha quedado claro es que al gobierno y al ejército los informes de las organizaciones no gubernamentales y las decisiones judiciales previas les molestaron porque consideran que son campañas de desprestigio contra la institución. Pidieron pruebas hasta que le tocó a Vivanco ir a explicarles que su información reposa en los expedientes de la propia Fiscalía colombiana y más aún son las propias confesiones de algunos militares involucrados.

Otros advierten que las decisiones de la Fiscalía se dan en momentos en que se lleva a cabo el proceso de paz con las FARC en La Habana con el único propósito de documentar las responsabilidades militares para llevarlas a un acuerdo sobre Justicia Transicional, en el que muchas voces piden sean incluidos esos militares, en una especie de simetría con los máximos responsables de la guerrilla de las FARC, para cerrar el conflicto.

A pesar que las Cortes colombiana e internacionales han dicho claramente que esos casos deben ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria, y así quedó en la más reciente reforma al Fuero Penal Militar, el debate ahora es que esos miembros de la fuerza pública implicados en estos crímenes, que violan las normas que ellos mismos representan, deben entrar en el mismo proceso que los miembros de las FARC, como si fueran lo mismo. Quien ejecutó esos crímenes portaba un uniforme llamado a honrar no a deshonrar. Así como los magistrados que roban o sobornan vestidos con sus togas o los congresistas que le entregan el alma al diablo por unos cuántos votos. Todos esos que violan la investidura que escogieron no pueden pedir simetrías. Menos aun cuando han tratado de hacer aparecer legítima su acción.

No creo que deban ser cobijados los falsos positivos como un tema conexo al conflicto armado con el argumento de que estaban respondiendo a resultados exigidos por sus superiores. Muchos actuaron además en búsqueda de beneficios individuales como garantizarse una salida a descansar. El asesinato a sangre fría o el fusilamiento de un inocente no tiene motivación política alguna para incluirlo dentro de los elásticos márgenes de la justicia transicional. No creo que la impunidad sea la fórmula para cerrar el conflicto. Creo que, al contrario, lo reproduce. Pero sobre todo daña el Estado de Derecho. Le quita dignidad a esos otros cientos y miles de soldados y generales que sí honran al Ejército, y que quiero creer que no les interesa ser equiparados a los guerrilleros en este proceso.

Ahora bien, si la justicia transicional cae sobre los máximos responsables, sobre los generales que ordenaron el asesinato de esos muchachos, o se hicieron los ciegos, entonces sí valdría la pena: si a cambio de justicia tuviéramos de sus bocas la confesión, la verdad, el reconocimiento de sus delitos, el perdón sincero, entonces sí la justicia se convierte en un instrumento de paz. Y de eso no creo que sean capaces. Y en cambio sí habremos pagado un precio muy alto para ganar la guerra que ahora no sabemos cómo terminar, porque para nosotros como para ellos, entonces el fin habría justificado los medios.

Los militares que cometieron esos crímenes son los mismos que como el uribismo no quieren que los equiparen a los guerrilleros en una mesa de negociación pero sí piden ser juzgados con el mismo rasero de los que llaman narcoterroristas y con el mismo de los paramilitares con los que otrora se aliaron. Alguien en esa institución tiene que pedir respeto por los decentes, por nuestros verdaderos héroes.

Diana Calderón es directora de Informativos y Hora 20 de Caracol Radio Colombia. @dianacalderonf