Palestina es, desde el pasado martes, el miembro 123 de pleno derecho de la Corte Penal Internacional (CPI). Después de la entrada en vigor de su adhesión al Estatuto de Roma, ahora existe la posibilidad de que se juzguen crímenes de guerra cometidos en territorios palestinos ocupados.

Precisamente este es uno de los motivos que llevaron a las autoridades palestinas a presentar, el pasado mes de enero, ante la CPI la documentación a através de la que se acogían a 16 tratados multilaterales. Así, el Gobierno palestino aceptaba la jurisdicción del alto tribunal internacional por supuestos crímenes cometidos «en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, desde el 13 de junio de 2014». Fue en esa fecha, a través de una declaración de conformidad del artículo 12.3 del Estatuto de Roma, Palestina ya había declarado su aceptación de la jurisdicción de la CPI.

Son pasos formales con los que el Gobierno palestino suma una nueva victoria en el campo diplomático y gracias a la que podría hacerse con grandes avances en lo que a sus intereses se refiere. El dirigente Saeb Erekat ha explicado que el objetivo es el de manifestar «el compromiso de Palestina con la justicia, la ley internacional y los derechos humanos». Pero, además, detrás de este paso también existe la intención de instar a la comunidad internacional a «reconocer el Estado palestino de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital».

Más allá de esta pretensión, Ismael Radwan, destacado dirigente del grupo islamisa Hamás en Gaza, ha puesto de manifiesto la que es otra de las metas que están detras de este paso diplomático: «descubrir las prácticas y crímenes de la ocupación de Israel».

Denuncias de Palestina

Ya en el mes de enero, el embajador ante la ONU, Riyad Mansour, adelantó a los medios que las autoridades palestinas solicitarían investigaciones sobre dos temas: presuntos crímenes cometidos durante la operación israelí «Margen Protector» en Gaza - en el año 2014 y que dejó más de 2.000- y la expansión de los asentamientos judíos.

Evidentemente, tales pretensiones han tenido reacciones tanto por parte de Israel y de Estados Unidos. El paso coincide además con la nueva victoria electoral de Benjamin Netanyahu, muy criticado durante la campaña por hacer la promesa de que bajo su mandato «no habría un Estado palestino», algo de lo que más tarde se desdijo.

La portavoz del Departamento de Estado Jen Psaki, ha calificado la decisión palestina como «contraproducente» y que daña «la atmósfera necesaria para lograr la paz».

Sin embargo, el pasado miércoles, Israel decidió devolver el dinero de los impuestos que retenía desde el pasado enero a la Autoridad Nacional Palestina (ANP). El Gobierno israelí decidió congelar las transferencias mensuales como represalia cuando los palestinos presentaron la solicitud de acceso a la Corte Penal Internacional (CPI), lo que ha causado serios problemas a las finanzas palestinas.

Desde ese mes de enero, la economía palestina había dejado de recibir más de 500 millones de dólares (455 millones de euros), lo que había llevado a la Autoridad Palestina, que administra Cisjordania, a reducir los sueldos de casi todos sus empleados en un 40% y a recurrir a un presupuesto de emergencia. Israel ya había tomado medidas similares en 2006, 2007 y 2008, haciendo que la economía palestina dependiea todavía más de los donantes internacionales.