31/03/2015 | Argentina - Bajada del Agrio y Yang Wanming, el espía que vino de Pekín
Matías E. Ruiz
El 4 de septiembre de 2014, desde este espacio, se explicitó la relación intragubernamental...
El 4 de septiembre de 2014, desde este espacio,
se explicitó la relación intragubernamental entre el establishment científico de la República Popular
China y sus fuerzas
armadas (http://www.elojodigital.com/contenido/13673-colonizaci-n-la-rep-blica-popular-china-y-la-argentina).
En aquel análisis, se recordaba que el director de la firma estatal china CLTC (China Satellite Launch and Tracking
Control General) hace las veces de cabeza del Departamento General de Armamentos (GAD) delEjército Popular de Liberación
(PLA). A la sazón, CLTC será
-en forma directa- el órgano controlante de la base de telemetría y control satelital que
el gobierno de Pekín acaba de construir en la remota localidad neuquina
de Bajada del Agrio,
merced a los buenos oficios delFrente
para la Victoria y la sorprendente discrecionalidad de
la Administración
Fernández de Kirchner.
Recién el 8 de
septiembre del pasado año, el columnista Martín DiNatale se
haría eco de lo publicado en El
Ojo Digital, en su columna de La Nación intitulada 'Preocupa el eventual uso militar de un
área espacial de China en el Sur' (ver: http://www.lanacion.com.ar/1725382-preocupa-el-eventual-uso-militar-de-una-estacion-china-en-neuquen),
allanándose el camino para una sorda
conmoción en la comunidad política local, de las Fuerzas Armadas y de inteligencia.
Con el correr de los meses,
quedaría en evidencia el hecho de que el gobierno argentino había procedido con
premura en laratificación
inconstitucional de un convenio con una potencia
extranjera, sin mediar la intervención del parlamento (que volvería a
apersonarse como vulgar escribanía, con miras a rubricar los acuerdos casi al
cierre de las obras en la instalación en la Patagonia), y sin que el Gobierno de la Provincia del
Neuquén debatiese la magnitud del episodio en su
Legislatura. El agravante, por estas horas imposible de
disimular: que la Casa
Rosada certificaba unilateralmente el ingreso de personal militar de la
República Popular en suelo argentino. Así las cosas, el popular
mito del 'imperialismo
estadounidense' terminaría siendo aniquilado sin
piedad por la Presidente.
Difícil sería, incluso, esmerilar al oficialismo por su incoherencia: al igual
que el acuerdo con la petrolera estadounidense Chevron y otras
en la explotación del yacimiento Vaca
Muerta, del
convenio firmado con el gobierno de Pekín no se conoce letra chica alguna.
Los términos y alcances de la rúbrica continúan siendo secretos. A la luz del
incómodo debate, lo único certificable ciento por ciento es la molestia que se
apoderó del embajador de la nación oriental, Yang Wanming, por cuanto
aquello que debía pasar desapercibido terminó por rebotar en los titulares de
los periódicos de tirada masiva. Hacia noviembre de
2014, y en plena demostración de sus capacidades como 'embajador plenipotenciario',
Wanming exigió a viva voz encuentros reservados con legisladores del FPV(http://www.lanacion.com.ar/1742813-malestar-de-china-por-el-freno-en-el-senado-a-la-estacion-espacial) -visiblemente perturbado, conforme comentado a este medio en el
Congreso de la Nación, por la demora en la ratificación del irregular acuerdo
binacional. De acuerdo con apuntes recopilados por servicios
de información occidentales, el embajador de Pekín en este país trae consigo
una plétora de conexiones subterráneas con la repartición conocida en China
como Guójiâ
Ânquánbù -en lenguaje discernible, elMinisterio de Seguridad Estatal.
Entre las funciones del órgano, revistan la inteligencia extranjera, la
contrainteligencia y la seguridad política; adicionalmente, el
dignatario viene de oficiar de enlace para el espionaje chino en la
vecina República de
Chile y en los Estados Unidos Mexicanos. La República Popular
China administra instalaciones
de seguimiento satelital (en particular, de las
actividades de la NASA estadounidense)
en Santiago de Chile,
Swakopmund (Namibia), Karachi (Paquistán), Malindi (Kenia) y Dongara
(Australia). La fachada de Wanming ha resultado ser tan obvia como
burda: el servicio diplomático. Para no ingresar en el escarpado terreno de las
relaciones que tienen como protagonista al embajador y al círculo intimista de
personeros de alto calibre en la dictadura de Jiang Zemin, quien hoy ha
montado una persecución en formato de carnicería contra su antecesor en
el Partido Comunista
Chino (PcCh).
Al cierre, el relato de referencia no solo se yuxtapone con el improvisado
ideologismo de Carlos
Zannini y su aspiración de moldear en la Argentina
una nomenklatura con
reflejo cabal en aquel que regentea a la China comunista. Remite también a las
poco sutiles interferencias de en espía
del extranjero devenido en pretendido embajador (y a
sus tratos
clandestinos con miembros del Honorable Congreso de la Nación),
a un gobierno que no recula en su intención de resignar soberanía a cambio de
los fondos frescos que necesita desesperadamente, y al inveterado
atropello de la Constitución Nacional -costumbrismo que ha resultado más
oneroso que nunca, en los doce años que ya contabiliza la década ganada.
Bordeando ya las consideraciones
penales para los involucrados en la fraudulenta negociación,
sobresale la figura del recalcitrante
promotor de la base china en Bajada del Agrio y Diputado
Nacional del FPV -es también titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara-,
el mendocino Guilermo
Carmona. El legislador afirmó
durante el pasado mes de febrero que 'intentar hacer pasar este acuerdo por un subterfugio para el uso militar es una canallada'. 'No
permitiremos este tipo de especulaciones', agregaría después. Por desgracia para él, la realidad lo ha desmentido
con crudeza. Finiquitado el año calendario 2015, a Carmona y a sus partenaires comerciales no
le quedará otra alternativa que repasar ciertos alcances y considerandos
tipificados en el Código
Procesal Penal. No en vano, la fraseología del oficialismo
suele concentrarse en la reformulación de éste y del Código Civil, a los
efectos de poner por escrito obstrucciones
sobre cualquier iniciativa que pretenda revisar actos de gobierno.
Aún está por verse si la maniobra cosechará éxito.
Con rigor palmario, Cristina Fernández de Kirchner y sus acólitos en el
parlamento no solo buscan mantener para sí los obscuros beneficios obtenidos
(ya sean en metálico o en la forma de firmas traccionadas por personeros de la
talla de Cristóbal
López): la idea es que
nunca se los persiga por haber fracturado con ruidosa eficiencia el orden
constitucional e institucional de la República. Esto suele
catalogarse, en lenguaje suburbano, como impunidad.
El Ojo Digital (Argentina)
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