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06/10/2014 | Brasil - La mejora de los servicios sociales, el gran reto del próximo presidente

Germán Aranda

La sanidad y la educación públicas son dos asignaturas pendientes del gigante sudamericano; el próximo Gobierno está obligado a incrementar la inversión para contrarrestar el descontento social.

 

Cuando los jóvenes tomaron las calles en junio del pasado año, dejaron claro que el trabajo de crecimiento hacia un país próspero que tan bien parecían haber liderado Lula y Dilma Rousseff -y previamente Fernando Henrique Cardoso reduciendo la descomunal inflación con la creación del real e iniciando algunos programas sociales- estaba a medio hacer. Consiguieron combatir la pobreza con sus planes asistencialistas, engrosar las clases medias y potenciar su capacidad de consumo, pero no ofrecerles estructuras adecuadas para acceder a derechos tan fundamentales como la sanidad, la educación o la seguridad.

Para los trabajadores de la periferia y las favelas resulta más difícil ser atendido en un hospital o que su hijo tenga una clase sin sobresaltos que comprarse un smartphone o un televisor de 42 pulgadas, pues los planes de sanidad y las escuelas privadas son bastante más caras que estos bienes de consumo.

Si Brasil quiere alcanzar en un futuro próximo una cierta estabilidad y paz social, necesita que quien gane las próximas elecciones aproveche mejor sus recursos y que los altos impuestos se vean reflejados en la calidad de escuelas y hospitales. Para eso, es necesario no sólo más recursos para esas áreas, sino una burocracia más eficaz, un sistema tributario más simple y menos corrupción entre los políticos, a los que los ciudadanos ven como aquéllos que se quedan ilícitamente con sus impuestos.

La lacra de la corrupción política

En este último apartado, el Supremo Tribunal Federal gozó en 2013 de suficiente independencia como para meter en la cárcel a corruptos del partido que está en el Gobierno y Dilma ha endurecido las penas por corrupción. En ese sentido, parece avanzar en el sentido correcto en un país que en 2010 perdía por este motivo entre un 1,38 y un 2,3% del PIB, según un estudio de la FIESP (Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo). No obstante, siguen existiendo numerosos casos como el ex gobernador del estado de Río de Janeiro Anthony Garotinho, condenado en 2010 a dos años de prisión por formación de cuadrilla y que ayer concurría a las elecciones por el mismo cargo.

La costosa burocracia del Estado tiene un nombre propio en el país, el 'coste Brasil', como se conoce al gasto de dinero y tiempo que supone. Muchas de las obras estructurales previstas para el pasado Mundial, por ejemplo, no se terminaron por culpa del 'coste Brasil'. Según estudio de la FIESP de 2012, con una simplificación en el sistema tributario se podría aumentar un 17% el PIB, en parte porque la burocracia es uno de los principales causantes de que exista aún un importante 'mercado negro' de trabajo.

Brasil invirtió en el último año en sanidad un 8,7% de los recursos gastados por el Gobierno, por debajo de la media mundial (11,7), pero muy por encima del 4,7% de 2001. Dilma reforzó la medicina en el interior del país con el programa 'Mais Medicos' que trajo a 5.000 médicos de Cuba para estas regiones. Pero siguen faltando especialistas e infraestructuras adecuadas y "muriendo gente en las filas del hospital" expresión que se ha convertido casi en una triste frase hecha en los últimos años.

La educación del país viene mejorando los últimos años pero a un ritmo mucho más lento que la economía en sus mejores días. El analfabetismo en 2001 era del 12,1% de la población mayor de 15 años y hoy es del 8,3%. Brasil gasta menos de 2.400 euros al año de dinero público por alumno, un tercio de lo que invierte España, que no está entre las mejores del mundo.

La mejora de la educación y la sanidad públicas en Brasil es algo urgente que los nuevos gobernantes tendrán que sentarse a resolver de inmediato, así como sucede con la seguridad de un país que registra más de 50.000 homicidios por año y en el que 1.890 son causados por agentes policiales.

El Mundo (España)

 


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