Atendiendo al drama social que afecta a dos mil quinientas personas, el ejecutivo tiene la intención de remitir un proyecto de ley al congreso para la aprobación de un subsidio que tiene como propósito cumplir con las obligaciones que le corresponden a la empresa. Luego, el Estado hará uso de la repetición de pago e irá directamente contra los bienes de la firma.

Todo parece tener buenas intenciones. Se cree que el Estado no puede quedarse de brazos caídos ante semejante problema social.

Sin embargo, la propuesta gubernamental no será más que un grave error que significará un nefasto precedente para que, en otra ocasión y ante similares circunstancias,se haga uso de esta medida con otras empresas e individuos que tengan deudas con sus empleados y acreedores. ¿Por qué no tendría el mismo “derecho” cualquier otra empresa, cualquiera fuera el ramo al que se dedique, de acudir a la misma premisa de la que parte el subsidio en el caso de la Azucarera Iturbe ?

El fraude estará en la agenda diaria. Muchos contraerán deudas multimillonarias con sus acreedores para luego no cumplirlas y de este modo remitirlas con cargo al Estado que al final no es otra cosa más que cargas nuevas deudas sobre la gente. Un negocio redondo. Los estafadores pulularán por doquier debido a que sabrán que hay una legislación que salvaguarda sus obligaciones.

Es cierto que los aprovechadores de este tipo de leyes pueden ser llevados a los tribunales para que paguen con sus patrimonios lo que el Estado ha emitido en dinero en concepto del subsidio. Sin embargo, todo ese proceso puede significar no solo años de un largo proceso sino que también podría resultar imposible recuperar el dinero o parte del mismo emitido en su momento por el Estado.

Los que se deciden por esta clase de procedimientos fraudulentos saben dónde colocar su dinero. Lo hacen en lugares inalcanzables para la justicia y más aun cuando tiene la intención del engaño, por lo que a sabiendas protegen escondiendo sus patrimonios personales.

Lo mayor tragedia de estos subsidios está, además, en que el dinero utilizado por el Estado no le pertenece a los gobernantes de turno. Es de la gente y de las familias que ahorran, invierten y pagan sus impuestos. El subsidio es una transferencia unilateral que hace el gobierno en el poder para dar a unos quitándoles a otros el fruto de sus esfuerzos diarios.

El gobierno del presidente Cartes conjuntamente con el congreso y aun con la legitimidad que le ha otorgado el proceso eleccionario, no puede disponer del dinero de millones de paraguayos para intereses particulares.

El subsidio que se pretende a la Azucarera Iturbe se convertirá, de esta manera, en un nefasto precedente que terminará por cargar sobre las espaldas de las contribuyentes multimillonarias sumas de dinero al solo efecto de premiar la irresponsabilidad, la mala administración e incluso hechos punibles de dueños y administradores de negocios privados.