Hace solo un par de días, el principal sindicato obrero del sector petrolero denunció que al oriente de Colombia, donde se desarrolla una de las más agresivas exploraciones en busca de crudo, llegaron las bandas criminales a prohibirles que se reunieran con la comunidad. Días antes, en Buenaventura, el principal puerto sobre el Pacífico, encontraron las partes de un cuerpo desmembrado, una práctica de estas bandas, formadas por antiguos paramilitares que se rearmaron y que se disputan entre sí las rutas de droga y el control del microtráfico local.

No son hechos aislados. Hoy en día, las bandas criminales o bacrim, como se les conoce en Colombia, son responsables de una buena parte de los homicidios, masacres, desplazamientos forzados, extorsiones y amenazas en el país. En Buenaventura se descubrió que tienen casas donde mutilan a sus víctimas. El miedo en este puerto es el común denominador y el culpable de que en 2013 huyeran más de 13.000 personas, según Human Rights Watch.

Aunque las autoridades aseguran que en Colombia solo quedan tres bandas criminales que en total agrupan a unos 4.000 hombres, el impacto humanitario que provocan sus violentas disputas por el control del narcotráfico, la minería ilegal del oro, la extorsión, el contrabando y el microtráfico, son un problema de seguridad nacional.

En los últimos años han capturado a miles de sus integrantes, incluidos sus máximos jefes, pero lo que los analistas ven es que aunque hoy hay menos grupos, estos tienen más hombres y hacen presencia en los mismos territorios que cuando surgieron en 2006, tras la desmovilización de los paramilitares. “Es un espejismo. Antes eran 30 banditas desarticuladas y ahora son estructuras mucho más fuertes. Que haya menos estructuras no significa que tengan menos poder”, dice Rodolfo Escobedo, experto en crimen organizado.

Hace ocho años las autoridades reconocieron que había 33 de estas bandas al servicio de narcotraficantes que hoy se han reducido a tres, de las cuales Los Urabeños (2.300 hombres) son el grupo más poderoso, al mando de Darío Antonio Úsuga, conocido con el alias de Otoniel. Las otras dos son Los Rastrojos (1.200) y reductos del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia, Erpac (300).

Todas han sido golpeadas no solo por las autoridades sino también por sus rivales. Sin embargo, lejos de debilitarse, se renuevan rápidamente. Esto ocurre no solo porque el negocio es muy lucrativo, sino también por la forma en que se combate a estas organizaciones, cuyo éxito el gobierno mide por las capturas e incautaciones de droga. “Pero al mirar la judicialización de los integrantes de estas bandas se ve que no es tan efectiva. Se los acusa de delitos menores porque aún se está empezando a entender que forman parte de grandes estructuras de crimen organizado”, dice Carlos Prieto de la Fundación Ideas para la Paz. A los problemas en la judicialización se suma la corrupción. “El narcotráfico es tan atractivo que su capacidad de corrupción es casi invencible”, añade Escobedo.

De las tres bandas que hoy actúan en Colombia, la de Los Urabeños es la única con alcance nacional. Los Rastrojos, por su parte, están fraccionados y los del Erpac, aliados con Los Urabeños.

A diferencia de los grandes capos como Pablo Escobar, a los jefes de estas bandas no les interesa tener un perfil alto. “Está el capo-capo, como Otoniel, que tiene los contactos internacionales; luego vienen los jefes de regiones, que se encargan de la distribución, el embarque de la droga y otros negocios ilegales, y en la base están las redes criminales, que las contratan para servicios puntuales”, explica Prieto. Sus tentáculos también trascienden las fronteras y tienen redes en América Latina y Europa. Hace solo un mes, la policía logró desmantelar una oficina de cobro que tenían Los Urabeños en España.

Colombia es reconocida a nivel internacional por su lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales, entre esos a la guerrilla de las FARC, que hoy controlan gran parte de los territorios con cultivos de coca. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho en medio de su campaña por la reelección, que si se firma un acuerdo de paz con esa guerrilla, esto le permitiría al Estado “destinar más hombres y recursos para combatir a las bacrim”.

La violencia que generan estas bandas es de tal magnitud que uno de los grandes temores que existen es que si las FARC dejan las armas, el reacomodamiento de las estructuras criminales, incluidos guerrilleros que no se desmovilicen, incrementará la violencia. Ante esa probabilidad, analistas como Prieto creen que el Estado está hoy más preparado para afrontar ese tipo de fenómenos después de la experiencia con los paramilitares. “Parte de la lección está en cómo el Estado asume el reto de copar los espacios que dejen las FARC, si es que se llega al acuerdo de paz”.