El negocio de Germán Gómez es sencillo. Vende minutos de teléfono móvil a los que pasan por una concurrida calle comercial de Bogotá, en una zona financiera llena de centros comerciales y cafés. Todos los días coloca su sombrilla, su carrito y carteles, “minuto a todo operador”. Una chica se para, él saca un viejo móvil, marca, ella habla y luego le cobra. “A mucha gente se le acaba el prepago a final de mes, y vienen a por minutos. Yo compro muchos, por eso me salen a 110 pesos y los vendo a 200”, explica Gómez, de 62 años. Junto a él aguarda hasta el próximo servicio Julián Abril, un conductor de 27 años que trabaja para una empresa de ingenieros. Él estudió dos años para tener ese título técnico, pero tuvo que abandonar porque no podía seguir pagando la universidad.

Ni uno ni otro tienen la impresión de vivir en un país que en los últimos cuatro años creció a un 4,7% de promedio anual, que recibe gran cantidad de inversión extranjera directa —en 2013 fueron 16.772 millones de dólares, un 8% más que el año anterior—, y una baja tasa de inflación (2,3%). Incluso el paro (9,6% el año pasado), tres puntos por encima de la media regional, está bajando. El FMI acaba de alabar la ortodoxia macroeconómica de la cuarta economía de América Latina, donde la clase media se ha ensanchado hasta el 27% —escasa aún, comparada con Chile o México— y como repite el presidente candidato, Juan Manuel Santos, en los últimos cuatro años han salido de la pobreza 2,5 millones de personas. Mientras todo eso sucede, hay un factor que apenas ha variado: la desigualdad. En Colombia, la brecha entre ricos y pobres es de las más altas de América Latina y del mundo.

Juliana Londoño, estudiante colombiana de doctorado de la Universidad de Berkeley, en California, ha cuantificado ese abismo: el 1% más rico acapara el 20% del ingreso total. “Es una de las concentraciones más altas, tanto como en Estados Unidos”, explica. Londoño contribuyó con los resultados para Colombia en el libro que ha trastornado el debate público y académico en medio mundo, El capital en el siglo XXI, del economista francés Thomas Piketty. Una de las razones que explican ese dato es la estructura del mercado laboral. Los empleos de Gómez y Abril son informales, como la mitad de los puestos de trabajo que se generan en Colombia. La diferencia en calidad e ingresos con los empleos formales, que sí cotizan a la seguridad social sanitaria y a las pensiones, son muy grandes. La otra gran razón está en el sistema educativo que, en vez de servir como ascensor social, “perpetúa las desigualdades”, explica Londoño. “La educación superior de calidad se concentra en un grupo muy selecto que tiene los ingresos más altos”, analiza.

Antes de que la campaña electoral entrara en una guerra de acusaciones de espionaje y financiación de la campaña por el narcotráfico entre el presidente Juan Manuel Santos y el uribista Óscar Iván Zuluaga, la educación fue un debate importante. Tres días antes de la votación, el portal de noticias Kienyke preguntó a cuatro de los cinco candidatos —la izquierdista Clara López no participó— si se plantearon llevar a sus hijos a un colegio público o privado. Todos ellos tienen títulos de Duke (Peñalosa), London School of Economics (Santos), Exeter (Zuluaga) y Javeriana y Harvard (Ramírez) y todos admitieron que la duda nunca se les pasó por la cabeza. "No tenemos la educación que necesitamos para la economía que queremos", resume la asesora en políticas educativas Isabel Londoño.

Julián Abril trabajaba de administrativo en un lavadero de coches para pagarse la universidad. “Tuve que ir a una privada porque en la pública no me admitieron”, cuenta. Es difícil ingresar en una pública, en general de buena calidad: hay pocas plazas —por eso el presidente prometió crear 400.000 en el debate preelectoral— y quienes han hecho el bachillerato o la escuela en la pública están peor preparados y tienen menos opciones, aclara Londoño.

Abril cursó dos años. Pagaba dos millones de pesos colombianos al semestre (1.050 dólares), y su sueldo era de 800.000 pesos al mes (418 dólares). "Mis padres no fueron a la universidad. Me ayudaban con la mitad, hasta que mi hermano también empezó a estudiar y yo me tuve que poner a trabajar, no podían pagar más”, explica. Samuel Freije, economista jefe para Colombia del Banco Mundial, cree que la desigualdad persiste en Colombia por la enorme brecha entre el campo (donde se concentra la pobreza y la guerra) y las ciudades. Pero también tiene que ver con la educación. “La modernidad pide más universitarios y cada vez hay más jóvenes que demandan acceso a la universidad. Hacen falta más recursos y más oferta educativa para los menos adinerados”, comenta, aunque recalca el avance de la clase media en diez años: “En 2002, era el 15% de la población, y hoy es el 27% y quiere más educación y más servicios públicos”, añade. Varios analistas coinciden en que el Gobierno ha hecho un esfuerzo redistributivo en los última con varios programas sociales.

En las encuestas, el paro (y las malas condiciones laborales) y la educación figuran como los problemas prioritarios para los colombianos. “En la básica y media la inequidad aún es más rotunda: los niños de los colegios privados han tenido tres años de preescolar y su jornada es de ocho horas diarias; los de la pública uno y cinco horas diarias”, afirma Abel Rodríguez, antiguo sindicalista, viceministro de Educación y exsecretario de Educación de Bogotá. Eso se traduce en lo que constata un análisis de marzo de la fundación Fedesarrollo, el germen de la desigualdad: que los pobres, que van a la pública, sacan peores resultados, y que los niños del campo tienen peor nivel que los de las ciudades.