Cuando el director general de la Policía Nacional de Honduras, comisionado Ramón Savillón, se enteró de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, convocó al alto mando de la institución a una reunión de emergencia con el fin de analizar los efectos que tendría en este país la caída del jefe del Cártel de Sinaloa.
“Ese mismo día evaluamos los escenarios, y sabemos que
habrá un ajuste importante en toda la cadena de suministro de drogas del Cártel
de Sinaloa. El Chapo era la cabeza de una estructura piramidal, y su caída
causará un reacomodo de toda la organización criminal, que tiene mucha
presencia en Centroamérica y, desde luego, en Honduras. Pensamos que se avecina
un recrudecimiento de la violencia”, declara a Proceso el jefe policiaco.
El Cártel de Sinaloa es la principal agrupación
delictiva trasnacional que opera en Honduras, un país por el cual pasa 80% de
la cocaína colombiana que trafican los cárteles mexicanos hacia Estados Unidos.
“Más de la mitad de esa droga es de la organización de
El Chapo; entonces imagínese el efecto que tendrá su captura. Aquí vamos a
resentir un impacto. Tenemos que ver si los otros cárteles respetarán esas
rutas o van a pelearlas. Ahí va a estar la violencia”, dice Savillón, e informa
que desde el 22 de febrero, día en que la Marina mexicana capturó a Guzmán
Loera en Mazatlán, Sinaloa, “activamos un operativo especial (que incluye)
labores de inteligencia y operativos en la zona” de Copán, departamento que
colinda con Guatemala.
En Copán, el Cártel de Sinaloa desarrolla una intensa
actividad a través de grupos locales que trabajan a su servicio en el
transporte terrestre de estupefacientes que llegan de Colombia, por la vía
aérea, a la zona de La Mosquitia, en la costa oriental del país.
“Ahora mismo (jueves 27) tenemos operativos en curso
con estos grupos que trabajan para el Cártel de Sinaloa. Esto nos ayudará a
prevenir cualquier recrudecimiento de la violencia, porque ya estamos
recopilando informes que nos indican que algo así puede venir”, insiste.
Alerta en Colombia
El general colombiano Jairo Delgado, exdirector de
Inteligencia de la policía de su país, afirma por la vía telefónica que la
captura del Chapo es “una alerta para las autoridades porque las estructuras
que servían a este narcotraficante en Colombia pueden buscar alianzas con otras
que tengan mayor capacidad de influencia y exigir, por medio de la
intimidación, los bienes y los espacios de poder que deja libre” Guzmán Loera.
“Ese es el tema importante para Colombia, cómo
prevenir los hechos de violencia que pueden suscitarse (…) La pérdida del
liderazgo puede llevar a la organización que él manejaba a la atomización, a la
fragmentación y a un reacomodamiento con elementos de violencia”, manifiesta el
general en retiro de la policía colombiana.
Añade que en los últimos años el jefe del Cártel de
Sinaloa ocupó y ganó espacios de manera progresiva en varios países, entre
ellos Colombia, “especialmente con el lavado de activos, y hay bienes que
quedan expuestos y que otros grupos delictivos van a entrar a disputar”.
El año pasado, Proceso (edición número 1907) dio a
conocer una investigación de agencias estadunidenses según la cual El Chapo
logró penetrar, mediante varias operaciones de lavado de dinero, el corazón del
sistema bursátil de Colombia. En tales transacciones, que indagan autoridades
colombianas, estuvieron involucrados 11comisionistas de bolsa.
El representante (diputado) Simón Gaviria dijo que
existen “pruebas irrefutables” de que los 11 comisionistas, además de
Interbolsa –intermediaria bursátil implicada en un fraude masivo–, recibieron
“muchos millones de dólares” a sabiendas de que eran propiedad del
narcotraficante mexicano y de bandas como La Oficina, con sede en Medellín.
“La lucha puede ser por los bienes del Chapo que
quedan aquí y, desde luego, por los corredores de droga”, indica el general
Delgado, un especialista en inteligencia y seguridad.
Para Delgado, el Cártel de Sinaloa “era uno antes de
la captura del Chapo, y será otro, mucho más debilitado, luego de que ésta se
produjo, lo que impactará en todas las redes que maneja la organización en los
diferentes países y territorios”.
Versiones no confirmadas
En los meses recientes autoridades hondureñas
admitieron que El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo,
podría haber estado en este país, en especial en Copán, donde opera una amplia
estructura al servicio del Cártel de Sinaloa, cuya principal función es
transportar cocaína por tierra a Guatemala y a México.
La general-directora retirada de la Policía Nacional
hondureña, Mirna Suazo, expone que la presencia del narcotraficante mexicano en
este país “sí pudo haber ocurrido, (…) pero nosotros nunca pudimos comprobarlo
a nivel policial, con certeza”.
Suazo considera que “ahora viene la búsqueda de quién
va a ser el líder. El Chapo puede tener un sucesor ya establecido por él mismo,
pero ese líder va a emplear la violencia para imponerse, esa es la lógica”.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ubica al narcotráfico como el principal
factor de violencia en el país, el cual presenta la tasa de homicidios más alta
de Latinoamérica, con 79 por cada 100 mil habitantes en 2013.
De acuerdo con un informe de la policía hondureña
sobre el mapa criminal de la nación, los grupos mafiosos locales forman parte
de las estructuras operativas de los cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa,
el de Los Zetas y el de El Golfo.
El comisionado Savillón asegura que en Honduras no
existen cárteles locales de drogas. “Todos forman parte de los grupos mexicanos
más grandes, de Sinaloa principalmente. Ellos son los que mandan, los que
manejan el negocio, y los de aquí les hacen el trabajo, son parte de ese
engranaje, y ese engranaje es como los foquitos de una pista de aterrizaje que
uno ve en la noche, van uno tras otro, uno tras otro, desde México hasta
Colombia”, explica.
Para el director de la policía hondureña los mafiosos
locales “ni siquiera llegan a socios de los mexicanos; son sus subalternos,
porque ninguno de ellos está en capacidad de perder dos o tres toneladas de
drogas y pagarlas; entonces les hacen el trabajo nada más, trabajan para ellos.
Aquí hay mucha gente que sabe o creía que trabajaba para El Chapo, y ahora que
no está tienen que ver quién será el jefe y quién les dará seguridad con los
competidores que van a buscar ese negocio”.
El director ejecutivo del Centro de Investigación y
Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, descarta que la
aprehensión del Chapo pueda traducirse en un debilitamiento profundo del Cártel
de Sinaloa, pero estima que “tendrá un impacto positivo en la lucha contra el
crimen en el sentido de que esta detención manda el mensaje de que la impunidad
no siempre es eterna”.
El caso de Colombia
Reportes de inteligencia de la Policía Nacional de
Colombia (PNC) señalan que el Cártel de Sinaloa tiene una presencia importante
en tres regiones de ese país, mediante enviados que han establecido alianzas
con mafias que controlan la producción de cocaína y las rutas de la droga.
Además, ha entablado relaciones de negocios con grupos del narcotráfico de
Medellín.
El año pasado, el presidente colombiano Juan Manuel
Santos solicitó a la policía y a la fiscalía investigar la “presencia de los
cárteles (mexicanos), en particular el Cártel de Sinaloa”, ante los crecientes
rumores en ese sentido entre pobladores de Nariño.
Ese departamento de Colombia es, según la PNC, una de
las zonas donde el Cártel de Sinaloa tiene enviados que se encargan de asegurar
el suministro de droga a la organización. En esa región se siembra y se procesa
la hoja de coca y se localiza el puerto de Tumaco, un punto de embarque de
cargamentos de droga hacia Centroamérica y México.
Pobladores de Nariño reportaron que a finales de 2012
llegaron varios mexicanos –uno de ellos un supuesto sobrino del Chapo– que
hicieron contacto con los jefes locales de Los Rastrojos, una de las dos
grandes mafias colombianas del narco junto con Los Urabeños.
El Cártel de Sinaloa se ha introducido además en el
puerto de Buenaventura, el principal del Pacífico colombiano, donde enviados de
esa organización verifican la salida de embarques de cocaína, y en los Llanos
Orientales, en el departamento de Meta, al sureste de Bogotá, una rica y fértil
región ganadera en la que se cultiva y procesa la hoja de coca.
En los Llanos Orientales, el principal socio del Chapo
era Martín Farfán Díaz González, Pijarvey, jefe del bloque narcoparamilitar
Libertadores de Vichada y quien “maneja las rutas a los mexicanos”, según los
informes de la PNC.
En Medellín, la corporación policiaca ha detectado
nexos del Cártel de Sinaloa con organizaciones emergentes a las cuales ha
financiado para asegurar suministros de cocaína que antes le abastecía La
Oficina, una banda que ha sufrido un proceso de atomización en los últimos
años, lo que redujo su capacidad de abastecimiento a los cárteles mexicanos.
En abril de 2012, la PNC decomisó al Chapo 52
inmuebles en Bogotá, Medellín y Cali, con un valor superior a los 10 millones
de dólares y que estaban registrados a nombre de testaferros de Guzmán Loera.
Dos meses después, la Policía Nacional ocupó otras 116 propiedades, valuadas en
15 millones de dólares, a nombre de los hermanos Jorge Milton y Dolly Cifuentes
Villa –ambos capturados–, con quienes el capo mexicano mantuvo una estrecha
relación.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos,
los hermanos Cifuentes Villa, oriundos de Medellín, eran parte de la estructura
del Chapo en Colombia y actuaban como sus socios y prestanombres en operaciones
de lavado de activoss.