Por el Grupo de Trabajo de la Fundación Heritage para la Reforma Migratoria y la Seguridad Fronteriza
Resumen
Arreglar la maltrecha frontera sur de Estados Unidos y el terriblemente fallido sistema de inmigración se describe a menudo como una difícil decisión entre no hacer nada o aceptar un proyecto de ley gigantesco, de gran alcance y complicado que funciona para unos fines distintos a sus objetivos estipulados. Se trata de unas opciones dramáticas para el futuro de la libertad, la responsabilidad fiscal y la gobernanza responsable. Los americanos deberían exigir algo mejor. Existen alternativas prácticas, eficaces, justas y compasivas, pero Washington simplemente nunca las ha intentado. Durante muchos años, la Fundación Heritage ha expuesto una hoja de ruta para resolver el problema y abordar los obstáculos de una reforma migratoria y de seguridad fronteriza. Los principios que sustentan estas propuestas fomentan la libertad, la seguridad y la prosperidad de todos los americanos de manera equitativa. El enfoque de la Fundación Heritage entiende también que Washington tiene la responsabilidad de ayudar a resolver una situación que el propio gobierno ha ayudado a crear, con una frontera permeable, el auge del crimen transnacional y con millones de personas viviendo en la clandestinidad. La propuesta de la Fundación Heritage aborda cada uno de los elementos cruciales de la reforma migratoria y de seguridad fronteriza.
Arreglar la maltrecha frontera sur de Estados Unidos y el terriblemente fallido sistema de inmigración se describe a menudo como una difícil decisión entre no hacer nada o aceptar un proyecto de ley gigantesco, de gran alcance y complicado que trabaja para unos fines distintos a sus objetivos estipulados. Se trata de unas opciones dramáticas para el futuro de la libertad, la responsabilidad fiscal y la gobernanza responsable. Los americanos deberían exigir algo mejor.
A día de hoy, Washington convierte automáticamente cualquier asunto importante en una Obamacare, es decir, en soluciones que reciben la etiqueta política de “demasiado grande para caer”, pero que en la práctica no sólo no abordan los problemas de raíz, sino que empeoran esos problemas. Proseguir con esta práctica supondrá un desastre para la seguridad migratoria y fronteriza. Y lo que es peor, si los americanos consienten un proyecto de ley “integral” sobre inmigración, le volverán a enviar a Washington la señal de que están satisfechos con un gobierno que simplemente hace “algo” en lugar de exigir una gobernanza que resuelva realmente los problemas.
Existen alternativas prácticas, eficaces, justas y compasivas, pero Washington simplemente nunca las ha intentado. Durante muchos años, la Fundación Heritage ha expuesto una hoja de ruta para resolver el problema y abordar los obstáculos de una reforma de la inmigración y de la seguridad en la frontera. Los principios que sustentan estas propuestas fomentan la libertad, la seguridad y la prosperidad de todos los americanos de manera equitativa [1]. Además, el enfoque de la Fundación Heritage entiende que Washington tiene la responsabilidad de ayudar a resolver una situación que el propio gobierno ha ayudado a crear, con una frontera permeable, el auge del crimen transnacional y con millones de personas viviendo en la clandestinidad.
La reforma de la inmigración puede salir adelante, centrando su atención en iniciativas de sentido común que empiecen a abordar los retos prácticos de la inmigración y la seguridad fronteriza. La clave está en empezar a trabajar en aquellas soluciones con las que todo el mundo puede estar de acuerdo, en lugar de insistir en un enfoque integral que divide a los americanos. Además, Washington debe implementar los mandatos que ya están redactados, continuar con las iniciativas existentes y emplear las autorizaciones que el Congreso ya ha puesto a su disposición antes de aceptar nuevas obligaciones. Lo que se necesita a continuación es una agenda legislativa pausada, implementada paso a paso y que permita la transparencia, la deliberación minuciosa y una puesta en marcha meditada dentro de unos presupuestos federales responsables.
Construir una frontera mejor y más segura
Una frontera segura entre Estados Unidos y México sería un motor de crecimiento económico, facilitando el legítimo intercambio de población, bienes y servicios. Es más, serviría de obstáculo para el crimen transnacional y el tráfico de personas, además de facilitar el seguimiento preciso y rápido de las amenazas para la seguridad nacional. Todas las medidas que podrían ayudar a crear este tipo de frontera se pueden llevar a cabo con la legislación actual, cumpliendo fielmente los mandatos existentes sobre seguridad fronteriza y siguiendo el orden normal de las asignaciones presupuestarias del Congreso. La Fundación Heritage ha estado defendiendo todo ello durante años [2]. Como resultado de las iniciativas posteriores al 11 de septiembre, la Fundación Heritage concluyó en 2007 que “ya existen numerosas leyes en la legislación que, si se hicieran cumplir de manera específica, desincentivarían la inmigración ilegal y el empleo de trabajadores indocumentados, enviando además la señal de que tales actividades ya no se pasarán por alto [3]”. No se requieren complicados estudios “buenistas” pero carentes de sentido, ni nuevos y enormes gastos deficitarios o negociar una amnistía para la seguridad fronteriza.
Construir las infraestructuras correctas. La Ley del Muro de Seguridad de 2006 le concedió al gobierno federal la autoridad para levantar un muro de más de mil kilómetros de longitud en la frontera entre Estados Unidos y México. Este mandato nunca se implementó ni total, ni adecuada ni fielmente. Se trata, por tanto, de un déficit grave. La clave para emplear la combinación correcta de obstáculos fronterizos, tales como los muros, es una cuidadosa evaluación de las necesidades operativas y un análisis de costos y beneficios. Los obstáculos fronterizos eficaces son caros de construir y deben estar monitorizados y patrullados constantemente.
Poner barreras es especialmente vital en áreas con un bajo “punto de fusión”, es decir, el tiempo que hace falta para que una persona cruce la frontera y se “funda” con el paisaje para pasar desapercibido. En las comunidades urbanas de frontera, gastar dinero en barreras físicas tiene sentido ya que las personas pueden cruzar fácilmente la frontera y escabullirse rápidamente dentro del paisaje urbano, ocultándose en un edificio o robando un auto para alejarse manejando. Las áreas a lo largo de las rutas con alto nivel de contrabando también son buenas candidatas. En estas áreas es donde quienes cruzan la frontera ven ralentizada su marcha, con el fin de poder concederle más tiempo a la Patrulla Fronteriza para que los identifique e intercepte, siendo las que producen mejores resultados. Los requisitos de nuevas infraestructuras deberían estar dirigidos por las exigencias operativas y se pueden construir con la ley actual, financiada mediante el proceso regular de asignaciones presupuestarias.
Además, una estrategia de seguridad fronteriza coherente abordaría la inversión en las infraestructuras que faciliten el comercio y los desplazamientos legítimos. Cientos de millones de personas cruzan las fronteras de Estados Unidos cada año, con unas cifras que se acercan al doble de la población del país. La inmensa mayoría viaja a través de los puntos legales de entrada y salida, tales como los pasos para cruzar las fronteras terrestres, los aeropuertos y puertos. Miles de millones de toneladas de mercancías, que suman un tercio del producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos, transitan igualmente por las fronteras del país. Los puntos de entrada y salida deben tener los instrumentos físicos para respaldar el filtrado, la inspección, la recogida, la evaluación y la puesta en común de la información clave.
Es más, unas infraestructuras adecuadas (incluyendo puentes y carreteras, especialmente las redes de carreteras que conecten las terminales ferroviarias, los puertos de mar y los aeropuertos) son esenciales para proporcionar la capacidad, la redundancia y la flexibilidad requeridas para garantizar que el libre flujo del comercio y los desplazamientos no se ve interrumpido. Esto es particularmente importante en el reducido número de nodos de tránsito que manejan la mayor parte del tráfico transfronterizo.
Abordar el reto de las infraestructuras comerciales tampoco requiere una legislación integral de reforma de la inmigración. Establecer las prioridades y proporcionar los recursos para estas inversiones no es solamente y, en muchos casos, ni siquiera es una responsabilidad fundamental del gobierno federal. Por ejemplo, los gobiernos locales controlan la mayoría de los 26 pasos para vehículos de motor de la frontera texano-mexicana. De igual modo, los aeropuertos y puertos de mar son propiedad y están operados por una mezcla de entidades públicas y privadas. Una estrategia de inversiones exigirá más colaboraciones y cooperación entre lo público y lo privado, incluido el dirigir los fondos fiduciarios para el transporte nacional de modo que se gasten en las prioridades nacionales en lugar de en proyectos clientelistas. Además, en lugar de confiar principalmente en la financiación de las infraestructuras mediante el subsidio público, las inversiones se deberían centrar en una financiación “basada en los proyectos” que modifique los riesgos y recompense al sector privado [4].
Respaldar a las fuerzas de la ley a nivel local. Muchas autoridades policiales de la frontera, especialmente en comunidades rurales, se encuentran en la línea del frente de la seguridad fronteriza. En 2007, al responder a las informaciones sobre un altercado en el condado de Pima, Arizona, que comparte frontera con México, los agentes se encontraron con una escena espeluznante: dos personas muertas a tiros dentro una camioneta Dodge, una mujer en el asiento delantero y un hombre tendido en el asiento trasero. Un poco más tarde, los agentes hallaron un tercer cuerpo, con un disparo en la cabeza y que fue arrastrado hacia el interior del desierto. Los asesinatos, cometidos por traficantes de drogas, eran una advertencia para la oficina del sheriff del condado de Pima: su territorio se había convertido en el paso más cómodo para quienes trafican con drogas y personas [5].
Las agencias de seguridad fronteriza deberían recibir importantes subvenciones por parte del gobierno federal para que ayuden a afrontar estos retos. Washington ha aportado miles de millones en subvenciones para la seguridad nacional, aunque no queda nada claro que esta borrachera de gasto haya hecho mucho para mejorar la preparación de los agentes de seguridad nacionales. A diferencia de la mayoría de las subvenciones para la seguridad nacional (que se han convertido exactamente en aquello de lo que advirtió la Comisión del 11 de septiembre: financiación del “clientelismo”) o de los programas despilfarradores e ineficaces, tales como los Servicios Policiales Orientados hacia la Comunidad (COPS), los contribuyentes sacarían más provecho para la seguridad nacional si una mayor parte del dinero se canalizara hacia donde realmente se necesita: como es la cooperación en las iniciativas policiales para proteger a las comunidades a lo largo de la frontera sur [6]. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya tiene un programa de subvenciones para abordar este reto: la Operación Stonegarden. Sólo hay que financiarla mejor y administrarla de manera decidida.
Adoptar un enfoque de trabajo en equipo. Gran parte de la actividad delictiva que cruza la frontera implica el uso de redes que trafican con personas, armas, drogas y dinero, lo que supone una preocupación para la seguridad nacional. Atacar estas redes es la clave para reducir el tráfico ilegal transfronterizo. Eso requiere la cooperación integrada de las autoridades federales, estatales, locales y tribales. Una de las mejores herramientas para facilitar esa cooperación es el Grupo de Trabajo para la Seguridad y el Cumplimiento de la Ley en la Frontera (BEST). El BEST es un programa que pone en contacto a las autoridades policiales federales, estatales y locales de Estados Unidos con las mexicanas con el objetivo de compartir información y colaborar en materias como los delitos en la frontera [7]. Justo este pasado mes de diciembre, el presidente Barack Obama ratificó la Ley del Grupo de Trabajo Jaime Zapata para la Seguridad y el Cumplimiento de la Ley en la Frontera, llamada así en honor de un agente de la Autoridad de Aduanas e Inmigración y veterano del BEST, que fue asesinado en México en 2011. El DHS aún tiene que ejercer plenamente sus atribuciones estipuladas en esa ley.
Fomentar el voluntariado. Al igual que los gobiernos estatales y locales, los ciudadanos privados que viven en las comunidades fronterizas reconocieron la necesidad de tomar medidas en la frontera, pues los delitos y la inmigración ilegal a través de la mima estaban teniendo un impacto directo en sus vecindarios y en su vida diaria. Por ejemplo, los ganaderos de la frontera han sufrido demasiados destrozos y robos de barreras por parte de extranjeros ilegales, además de que ahuyentan al ganado de sus abrevaderos. Resulta razonable que los ciudadanos privados ayuden al gobierno en funciones fundamentales. Los ciudadanos pueden proteger su propiedad de este tipo de delitos, desmotivar la venta de droga y controlar las comunidades fronterizas.
Las legítimas preocupaciones en torno a la responsabilidad, la seguridad y las libertades civiles se pueden abordar mediante el fomento de un cierto nivel de organización y obligación de rendir cuentas, que se puede lograr a través de la acreditación, los estándares oficiales y el empleo de conceptos prácticos coherentes con un servicio voluntario. La mejor forma sería incentivando a los estados para que organicen Fuerzas de Defensa Estatal (SDF), organizaciones voluntarias dedicadas a ayudar al gobierno en ciertas actividades, incluido el control de la frontera. Estas fuerzas informan a los gobiernos estatales y están financiadas por éstos, se rigen por el Estado de Derecho e informan a los gobernadores [8]. California, Nuevo México y Texas ya tienen SDF. La legislación para crear una SDF se ha presentado también en Arizona.
Respaldar a la Guardia Nacional. En 2006, el presidente George W. Bush envió 6,000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera sur mediante un programa denominado Operación Jump Start. Estas tropas se desplegaron según el Título 32 (“Guardia Nacional”) del Código de Estados Unidos, lo que significa que sirvieron bajo el control operativo de los gobernadores y se les encargó que ayudasen a los agentes de la Patrulla Fronteriza. Cuando ocupó el cargo de gobernadora de Arizona, la secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano utilizó eficazmente estas fuerzas para proteger la seguridad de la frontera. A medida que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) fue teniendo más éxito en sus iniciativas de reclutamiento y sus cifras generales aumentaban, estas tropas se fueron retirando gradualmente. Sin embargo, con la ley actual, la administración puede desplegar estas fuerzas siempre que se las necesite para complementar al personal u otras capacidades que se necesiten para reforzar las iniciativas de seguridad en la frontera. Las fuerzas de la Guardia Nacional pueden ayudar en las actividades de seguridad fronteriza con su apoyo durante los periodos anuales de preparación. Estos despliegues benefician a las unidades de la Guardia al proporcionarles unas oportunidades adicionales de preparación, al mismo tiempo que pueden respaldar a los agentes de la Patrulla Fronteriza. Las actividades se pueden programar con antelación para facilitar, en vez de molestar, otros requisitos de preparación y despliegue. Durante estas operaciones, las fuerzas de la Guardia Nacional pueden permanecer con el estatus otorgado por el Título 32, que coloca el control de estas tropas bajo el mando del gobernador del estado [9].
Aportar las tecnologías adecuadas. Aunque el DHS ha tenido una historia problemática y controvertida al adaptar las tecnologías a las fronteras, como la terriblemente fallida implementación de la Red de la Iniciativa para una Frontera Segura (SBInet), la práctica de los últimos 10 años es una evaluación más que adecuada para decidir qué tecnologías adicionales serían las más eficaces. Estas incluyen pequeños vehículos aéreos no tripulados (UAV) que portan toda una variedad de sensores y que se pueden hacer volar por el espacio aéreo de Estados Unidos sin comprometer ni la seguridad ni la privacidad [10]. Al final, la SBInet sí demostró el valor de los sensores fijos en las torres de vigilancia cuando se enlazaron apropiadamente con el CBP para la intercepción en los principales corredores del contrabando. En otras áreas, los sensores móviles del terreno y de biometría, similares a los sistemas utilizados en Afganistán, han probado su efectividad para la intercepción cuando se han desplegado en zonas remotas [11]. Cuando el DHS canceló en 2011 la SBInet, el Departamento prometió desarrollar un sistema que la sustituyera. Esta promesa aún no se ha cumplido. El DHS puede adquirir y emplear la tecnología para cumplir esa promesa dentro de los presupuestos existentes y mediantes las asignaciones presupuestarias regulares. El Departamento no requiere una autorización adicional del Congreso para hacer uso de ellos.
Financiar la Guardia Costera. Una eficaz estrategia de fronteras no se puede centrar exclusivamente en las fronteras terrestres. A medida que las fronteras terrestres se hagan más seguras, los traficantes de drogas y personas estudiarán rápidamente las opciones marítimas. De hecho, hay bastantes pruebas de que eso ya está sucediendo. A día de hoy, Estados Unidos está siendo invadido por pangas, pequeñas barcas abiertas con motor fuera borda que son habituales en todos los puertos latinoamericanos. Esta típica y pequeña embarcación llega con una carga de entre 700 y 1800 kilogramos de marihuana y un grupo de inmigrantes ilegales. Muchos de ellos tratan de entrar ilegalmente en Estados Unidos y no buscan un trabajo regular. A menudo, son miembros de bandas u otros delincuentes con órdenes judiciales en vigor o antecedentes delictivos a los que no se les ocurriría tratar de pasar inadvertidos por un paso de la frontera terrestre. El contrabando con pequeñas embarcaciones es un gran problema, en parte debido a que es fácil ocultar un lobo entre las ovejas. Hay más de 500,000 pequeñas embarcaciones de recreo registradas sólo en la zona del sur de California [12].
Los esfuerzos marítimos se deben mejorar en combinación con la seguridad terrestre. La Guardia Costera actúa como la autoridad policial en alta mar; sin embargo, carece de los recursos y las capacidades para hacer su trabajo tan eficazmente como debería [13]. El Proyecto de Ley de Reforma Integral de la Inmigración no aborda ese reto. La Guardia Costera se financia mediante las asignaciones presupuestarias regulares. El Congreso puede respaldar a la Guardia Costera financiando adecuadamente los barcos guardacostas, las aeronaves, el equipamiento y la preparación que necesita para continuar protegiendo los mares y vías navegables de Estados Unidos.
Cooperación con México. Abordar los desafíos para la seguridad y la soberanía a ambos lados de la frontera sur es el modo más efectivo y eficiente para lograr su control operativo. En 2008, el presidente Bush estableció la Iniciativa Mérida para facilitar la cooperación transfronteriza en los intereses mutuos de seguridad pública y crimen transnacional. Sin embargo, el presidente Obama no ha seguido desarrollando esa iniciativa en su totalidad. Eso contrasta claramente con la cooperación entre Estados Unidos y Canadá en la frontera norte [14]. México no es un socio poco dispuesto: el gobierno mexicano tiene proyectos adicionales en fase de borrador que incluyen una fuerza de gendarmería que sería capaz de patrullar las zonas rurales y, posiblemente, controlar la frontera. México también frena el flujo de centroamericanos a través de su frontera sur, muchos de los cuales tienen como destino Estados Unidos.
Hay toda una variedad de iniciativas que podrían conformar la base para una “Mérida II”, acercando más a Estados Unidos y México. La administración Obama podría desarrollar un amplio plan maestro para las relaciones entre Estados Unidos y México que coordine los recursos policiales, judiciales y militares, con el fin de controlar a las organizaciones criminales transnacionales, las bandas, los traficantes de seres humanos, los terroristas y al resto de amenazas del siglo XXI para la seguridad compartida. Así, también, la administración podría explorar junto a México la posibilidad de acuerdos específicos, protocolos e iniciativas que aproximen a ambos gobiernos con el fin de regularizar y facilitar los movimientos legales de personas y bienes al mismo tiempo que se incrementan los impedimentos y obstáculos transfronterizos para las actividades ilegales, especialmente la emigración ilegal. Estas iniciativas se podrían poner en marcha mediante medidas ejecutivas y no requieren una legislación integral de reforma de la inmigración [15].
Hacer cumplir la ley
Todas las partes del debate sobre la inmigración admiten que se deben hacer cumplir las leyes laborales y de inmigración si Estados Unidos espera lograr una administración sostenible a largo plazo de los flujos migratorios que mantenga la soberanía, respete el Estado de Derecho, fomente una economía fuerte y competitiva y saque de la clandestinidad a la población oculta. La Fundación Heritage ha mantenido durante mucho tiempo que, en líneas generales, el gobierno federal no necesita nuevos mandatos de las autoridades legislativas o del Congreso. Lo que se requiere es una estrategia federal de implementación eficaz que logre resultados con unos costos razonables sin debilitar las libertades civiles ni distorsionar la economía.
La estrategia correcta se denomina a menudo como el enfoque de “ventanas rotas” del cumplimiento de la ley. Centrar la atención en las bandas, los traficantes de drogas y los criminales violentos, como prefiere hacer la administración, es importante, pero no suficiente. Los estudiosos de las ciencias sociales James Q. Wilson y George Kelling introdujeron la “teoría de las ventanas rotas” hace cerca de tres décadas. Su premisa era simple: al hacer cumplir las leyes en el caso de delitos “insignificantes”, la policía puede ayudar a crear un entorno “bien ordenado” que desincentive la comisión de delitos más graves. El mismo enfoque se debe adoptar al hacer cumplir las leyes laborales y de inmigración [16]. Todo lo que no sea eso sería un “teatro” policial.
Cooperación federal, estatal y local. El programa de la Sección 287(g), ya autorizado por el Congreso, se ha demostrado como el programa más efectivo y flexible para que las autoridades policiales federales, estatales, locales y tribales cooperenen temas de mutuo interés. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional prácticamente ha abandonado el programa en favor de unas iniciativas universales que se ajustan a la intención del Departamento de centrarse tan exclusivamente como le sea posible en los criminales extranjeros más peligrosos. Está claro que la administración Obama, además de su ataque contra las autoridades de inmigración tanto estatales como locales, no está respetando los derechos de los estados ni el importante papel que desempeñan en el freno de la inmigración ilegal. El Congreso no necesita una reforma integral de la inmigración que reafirme su autoridad legislativa y de supervisión para conservar la capacidad de las agencias de seguridad, tanto estatales como locales, de hacer uso del programa 287(g). El Congreso puede revertir los gravosos cambios efectuados en la legislación en julio de 2009 y continuar financiando este programa [17].
Cumplimiento de las leyes laborales. La capacidad para controlar a los empleados y empleadores que intencionadamente desobedecen las leyes laborales es importante para aportar seriedad al empeño por hacer cumplir la ley. En particular, es importante la capacidad para abordar los casos de “no correspondencia”, en los que se le notifica a un empleador que la información de identificación personal de un empleado no se corresponde con los registros de la Administración de la Seguridad Social (SSA). El Congreso debería solicitar al Departamento de Seguridad Nacional que revoque su anterior decisión de abandonar la regla de 2007 de envío de cartas de corrección de la no correspondencia de datos personales. Es responsabilidad de Seguridad Nacional el hacer cumplir la ley de una manera que sea a la vez razonable y efectiva.
El Departamento de Seguridad Nacional tiene que ser capaz de controlar a los empleadores que conscientemente contratan de manera ilegal a sus trabajadores. Se debería exhortar por tanto a la SSA para que comparta de manera rutinaria sus datos sin correspondencia (identificando personalmente la información eliminada) directamente con Seguridad Nacional. El Congreso debería elaborar una legislación que autorice específicamente dicho uso compartido de la información. Al permitirlo y al darle a Seguridad Nacional los recursos y la autoridad para controlar a los empleadores a gran escala en aquellos sectores de la economía en los que están más presentes los trabajadores indocumentados (tales como la agricultura, la industria de los servicios y la construcción) se proporcionarían los incentivos y las medidas para el cumplimiento de la ley, para así dificultar a los empleadores el acceso a la mano de obra clandestina [18]. E-Verify ofrece un medio electrónico para que los empleadores comprueben el estatus migratorio de los nuevos trabajadores a los que contraten y si éstos cumplen con los actuales requisitos para el empleo. La administración y el Congreso pueden, y deberían, basarse en el programa existente [19].
Registro de las entradas y salidas del país. Las leyes que exigen un mejor control y registro de los poseedores de una visa de no inmigrante cuando salen de Estados Unidos han existido desde los años 90. Un sistema de salida puede ser una herramienta útil si se maneja de manera apropiada. En los casos en los que existe la necesidad de rastrear en “tiempo real” a los sospechosos de terrorismo y otros crímenes que tratan de salir de Estados Unidos, esta labor se puede llevar a cabo de un modo eficaz utilizando las herramientas existentes para el cumplimiento de la ley. Ningún caso es más ilustrativo que el de la detención de Faisal Shahzad, el terrorista de Times Square, que fue puesto en una lista de vigilancia, identificado y arrestado al tratar de huir del país en un vuelo internacional menos de dos días después de su atentado fallido. En términos tanto de inmigración como de cumplimiento de las leyes penales, los datos biográficos (nombre, fecha de nacimiento y país de origen) proporcionan una información apropiada para la mayoría de las actividades de cumplimiento de la ley [20]. En algunos casos, los registros biométricos integrales de salidas pueden resultar adecuados para algunos programas de personas no inmigrantes, aunque dicho sistema no serviría como una solución mágica. De hecho, las autoridades carecen de los recursos para investigar cada pista que dicho sistema pudiera producir.
Es más, por sí mismo, un informe de que un individuo no registró su salida y que posiblemente se halle en Estados Unidos ilegalmente tendría escasa utilidad en la priorización de los recursos de las autoridades policiales. Dicho informe podría ser simplemente un falso positivo, es decir, que el estatus de ese individuo podría haber cambiado. El informe solo no ofrecería una valoración del riesgo. Estas limitaciones se deberían tener en cuenta; no obstante, tales iniciativas se pueden adaptar a las leyes y autorizaciones existentes.
Servir a quienes aguardan su turno
Pocos organismos dentro del gobierno federal han recibido peores calificaciones en eficiencia y servicio que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Actualmente, hay más de 4.4 millones de personas esperando para inmigrar legalmente a Estados Unidos. Algunos de los solicitantes han estado esperando más de dos décadas. El USCIS ha demostrado poca capacidad para reformar o ampliar de manera eficaz su actividad. Además, puesto que opera aplicando tasas según sus costos, gran parte de la carga se hace recaer en los inmigrantes en forma de tasas más elevadas, por lo que al final los solicitantes pagan más y reciben menos.
Transformar el USCIS. El Departamento de Seguridad Nacional necesita un plan de gestión estratégica para reformar esta problemática agencia. Un plan de reforma serio deber incluir (1) un modelo de financiación diferente para el USCIS, (2) una revisión integral de las iniciativas del servicio de apoyo de la agencia y (3) una integración mucho mejor de los programas del USCIS con las autoridades de inmigración y control fronterizo. Esta reforma se puede implantar mediante asignaciones presupuestarias en lugar de incrementar la recaudación por tasas, debiendo el Congreso asignar la financiación necesaria. Además, el USCIS debe llevar a cabo un plan integral y realista para mejorar sus servicios y recursos informáticos, así como financiar el programa mediante las asignaciones presupuestarias anuales y presentar un calendario de adquisiciones detallado, de modo que este programa no se quede anticuado debido a una capacidad de adquisiciones del DHS aún en proceso de consolidación [21]. Todas estas medidas deberían ser un requisito previo a la hora de tener en cuenta una ampliación de la misión del Departamento para registrar a un número mucho mayor de personas.
Hacer que los programas tanto de inmigración como de no inmigración sirvan a la economía
El capital humano ha sido durante mucho tiempo el mayor recurso natural de Estados Unidos. Durante toda su historia y en el futuro, gran parte de estos recursos se han importado y se continuarán importando. La cuestión de a “quién” debería importar Estados Unidos pasa por alto que ésta no es una decisión que debería tomar exclusivamente Washington. Estados Unidos es una sociedad de libre mercado y la mano de obra es parte de ese mercado. Es el mercado el que debería decidir. La labor del gobierno es facilitar el movimiento de los trabajadores de manera que Estados Unidos siga siendo libre, seguro y próspero. Y lo que es igualmente importante para el intercambio de libre mercado de la mano de obra, Estados Unidos debe convertirse y afianzarse como una “sociedad de la oportunidad”, en lugar de un imán para los trabajadores de baja calificación atrapados en un círculo de pobreza y empobrecimiento sin oportunidad de escalar socialmente ni de asimilación patriótica. Todas estas iniciativas se pueden adoptar sin implementar una reforma integral de la inmigración, proporcionando a Estados Unidos todos los beneficios económicos de la inmigración sin ninguno de sus devastadores costos.
Dar importancia a los trabajadores con alta calificación. Finalmente, a medida que la economía de Estados Unidos continúe recuperándose, la demanda de trabajadores extranjeros de alta calificación no hará más que crecer. Estados Unidos puede o bien instaurar las reformas necesarias para garantizar que Estados Unidos da la bienvenida a nuestro país a los mejores y más brillantes, o bien Estados Unidos puede continuar dejándolo todo en manos de los burócratas de Washington. Elevar el tope de las visas H-1B para los trabajadores calificados y hacer que el proceso de las visas para no inmigrantes responda a las necesidades de la economía permitiría que las empresas americanas ampliasen sus operaciones aquí en Estados Unidos, creando más empleos y aumentado los ingresos de los trabajadores americanos. Subir el tope de las H-1B aumentaría también y de manera significativa la recaudación tributaria procedente de los trabajadores de alta calificación con sueldos altos [22].
Programas para trabajadores temporales. Unos programas efectivos para trabajadores temporales son parte de una economía moderna y dinámica. Los programas para trabajadores temporales pueden ser una herramienta útil para mejorar los medios legales por los que los extranjeros pueden venir a Estados Unidos a trabajar. Los programas para trabajadores temporales propuestos anteriormente han sido problemáticos debido a las regulaciones excesivas y a su inflexibilidad. Cualquier nuevo programa para trabajadores temporales debe ayudar, no obstaculizar, a las iniciativas para reformar la inmigración y la seguridad de la frontera. Los programas para trabajadores temporales se deberían diseñar no como un sustituto de la amnistía, sino para completar importantes sectores de la población activa nacional, permitiendo que los empresarios contraten a los empleados que necesiten para ayudar a que la economía crezca y a crear más empleos [23]. En lugar de la microadministración federal de las decisiones de contratación de los empleadores, el Congreso debería crear un sistema de patrocinio del empleador para los trabajadores invitados y permitir que los empleadores hagan ofertas para adquirir los permisos de contratación de esos trabajadores. Esto conservaría la flexibilidad que mantiene el dinamismo del mercado laboral de Estados Unidos, garantizaría que los trabajadores invitados tienen la calificación que verdaderamente se necesita e impediría que éstos redujesen los sueldos de los trabajadores americanos [24].
Los programas para trabajadores invitados no deberían ser un puente a la ciudadanía o la residencia legal, especialmente en el caso de los trabajadores con bajos ingresos. Los programas para trabajadores invitados nunca deberían suponer costos fiscales ni a largo ni a corto plazo para los contribuyentes americanos. Es importante que haya un mecanismo claro que asegure que los trabajadores invitados vuelven realmente a sus países de origen al final de su periodo laboral en lugar de que permanezcan en Estados Unidos como inmigrantes ilegales.
Programa de dispensa de visas. El Programa de Dispensa de Visas (VWP), que permite las visitas sin visa a Estados Unidos de hasta 90 días de duración para los ciudadanos de los Estados miembro, proporciona grandes beneficios económicos a Estados Unidos así como medidas de seguridad adicionales y herramientas eficaces para combatir las estancias superiores a lo establecido en las visas. Según las últimas cifras del Servicio de Investigación del Congreso, en el ejercicio fiscal (FY) de 2009, 16.2 millones de visitantes entraron en Estados Unidos con el VWP, lo que supone cerca del 51% de todas las visitas de extranjeros a Estados Unidos durante el mismo periodo. Al frecuentar restaurantes, tiendas y hoteles, los visitantes VWP inyectaron un total de aproximadamente $100,000 millones a la economía de Estados Unidos en el FY 2008, contribuyendo a la buena marcha de la industria turística, que sustenta cerca de 14 millones de empleos en Estados Unidos. Estos beneficios económicos, junto con el añadido de seguridad que proporciona este programa, no se deberían dejar de tener en cuenta [25]. Ampliar el programa a las naciones adecuadas debería ser una prioridad. Anteriormente, el Congreso ha proporcionado con éxito autorizaciones adicionales para ampliar este programa sin incluir una reforma integral de la inmigración, por tanto, lo puede hacer de nuevo. [26].
Abordar la cuestión de la población clandestina
La existencia de una enorme población clandestina en Estados Unidos es lesiva para el Estado de Derecho, una carga excesiva para muchas comunidades locales y perjudicial para la sociedad civil. Abordar este tema es un importante componente de la reforma. Pero es erróneo hacer de éste el eje de la inmigración y la seguridad fronteriza. En principio, las iniciativas de reforma para abordar este asunto deberían mejorar el problema, no empeorarlo. Por ese motivo, la amnistía como requisito central en la cuestión de la inmigración es una política desastrosa. La amnistía debilitaría todas las otras iniciativas para arreglar el sistema y bien podría dejar a las futuras generaciones en la misma situación en la que se encuentran millones de personas en la actualidad [27]. Además, una amnistía implicaría billones de dólares en desembolsos federales en forma de beneficios a largo plazo para los trabajadores con baja calificación.
La clave para tratar la situación de la población clandestina es desarrollar soluciones apropiadas, justas, prácticas y compasivas en las que todo el mundo pueda estar de acuerdo, unas medidas que no requieran una amnistía.
La administración Obama abusó de su “discreción procesal” cuando dejó de hacer cumplir ciertos apartados de las leyes de inmigración e instauró mediante regulaciones lo que el Congreso decidió no legislar en diversas ocasiones. La administración debería adherirse al Congreso para decidir las soluciones a largo plazo que se ajusten apropiadamente y que tengan como claro objetivo los casos que se han de abordar [28].
Crear una sociedad de las oportunidades
Con independencia de los ajustes que pudieran ser apropiados, ningún grupo de reformas de la inmigración contribuirá de manera efectiva a la economía y la sociedad civil americanas si Washington no implementa reformas fundamentales que incrementen la oportunidad de escalar socialmente. La clave para crear una sociedad de las oportunidades, que es incluso de mucha mayor importancia que abordar las reformas de la inmigración, es llevar a cabo reformas fundamentales en educación y asistencia social, de modo que los inmigrantes que vengan tengan todas las oportunidades asimilación y de triunfar en su nueva patria.
Reforma de la asistencia social. Sólo en 2011, el gobierno gastó más de $927,000 millones en 79 programas de asistencia social, es decir, cerca de $9,000 anuales por cada persona pobre o con bajos ingresos, siendo la mayoría de los beneficiarios ciudadanos nacidos en Estados Unidos e inmigrantes legales (los inmigrantes ilegales reciben una pequeña porción de los beneficios de la asistencia social). La asistencia social según ingresos (la ayuda pública a las personas pobres o con bajos ingresos) es ya la tercera función más cara del gobierno. Incluso antes de la actual recesión, uno de cada siete dólares del total del gasto público federal, estatal y local iba a la asistencia social según ingresos. A pesar de tan enormes gastos, los índices de pobreza han permanecido prácticamente sin cambios desde los años 60, aunque el sistema de la asistencia social continúa creciendo. Es el momento de reformar la asistencia social y hacer que funcione para las personas pobres, no contra ellas. Los programas de asistencia social se deben reformar para fomentar el trabajo, no la dependencia del gobierno [29].
Reforma educativa. Durante generaciones, los americanos han comprendido acertadamente que una buena educación en clave para perseguir el Sueño Americano. Pero a pesar de la vital importancia de la educación, y del gigantesco gasto público, las escuelas, facultades y universidades americanas están rindiendo menos de lo esperado y les están fallando cada año a miles de estudiantes de todo el país. Se requieren reformas fundamentales para limitar la intervención federal en la educación; fomentar que los líderes políticos estatales y locales permitan que los padres controlen la parte de la financiación de la educación que les corresponde, dejándolos que elijan la escuela correcta para sus hijos; y eliminar los obstáculos y dar luz verde a la innovación en la enseñanza tanto en la escuela como en la universidad [30].
Un mensaje para Washington
La solución para hacer que las cosas dejen de funcionar como siempre en Washington es decirle a Washington que los americanos merecen algo mejor que una fallida respuesta legislativa a los problemas más complicados, particularmente en lo que se refiere a inmigración y seguridad fronteriza. Todo el mundo merece algo mejor. Los empleadores merecen algo mejor que tener que examinar cuidadosamente credenciales falsificadas o arriesgarse a incumplir la ley. Las familias de las comunidades sobrecargadas por el impacto de la inmigración ilegal merecen algo mejor. Quienes cumplen las reglas y están esperando pacientemente a que le toque su turno de compartir el Sueño Americano merecen algo mejor. Aquellos que viven clandestinamente fuera de la sociedad también merecen algo mejor. De hecho, todos los que aprecian una sociedad que se comprometa para que Estados Unidos siga siendo una nación de inmigrantes así como un país que respete sus leyes merecen algo mejor. Por ello, decirle a Washington que emprenda las reformas de manera responsable y pausada conllevará una mejor gobernanza.
La propuesta de la Fundación Heritage aborda cada uno de los elementos cruciales de la reforma de la inmigración y de la seguridad fronteriza. Ninguna de sus iniciativas necesita una amnistía, ni nuevos y desorbitados gastos públicos, ni más burocracia pública, ni conceder a Washington más control sobre la vida de las personas ni sacrificar la seguridad y la prosperidad del pueblo americano. Todas las iniciativas de la Fundación Heritage contribuyen a que Estados Unidos siga siendo la nación con la inmigración más exitosa de la historia mundial. Esta propuesta de avance hace que el Congreso realice su trabajo y resuelva los problemas en lugar de aceptar una versión de Obamacare para la inmigración. La propuesta de la Fundación Heritage es una propuesta que merece la pena tener en consideración.
Referencias:
[8] Jessica Zuckerman, Colonel Martin Hershkowitz, Brigadier General Frederic N. Smalkin y James Jay Carafano, “Why More States Should Establish State Defense Forces”, Trasfondo Nº 2655 de la Fundación Heritage, 28 de febrero de 2012, http://www.heritage.org/research/reports/2012/02/why-more-states-should-establish-state-defense-forces.
[9] McNeill, “15 Steps to Better Border Security”.
[11] McNeill, “15 Steps to Better Border Security”.
[13] Mackenzie M. Eaglen, James Dolbow, Martin Edwin Andersen y James Jay Carafano, “Securing the High Seas: America’s Global Maritime Constabulary Power”, Informe Especial Nº 20 de la Fundación Heritage, 12 de marzo de 2008, http://www.heritage.org/Research/NationalSecurity/sr20.cfm.
[18] James Jay Carafano, “Homeland Security Department Guts Workplace Enforcement”, WebMemo Nº 2535 de la Fundación Heritage, 10 de julio de 2009, http://www.heritage.org/Research/HomelandSecurity/wm2535.cfm.
[24] Ruth Ellen Wasem, “U.S. Immigration Policy on Temporary Admissions”, Informe para el Congreso del Servicio de Investigación del Congreso, 28 de febrero de 2011, http://www.fas.org/sgp/crs/homesec/RL31381.pdf (visitada el 22 de mayo de 2013).
[28] Íbidem.
[29] Íbidem.
[30] Íbidem.
