La extensión de las protestas ha hecho evidente la crisis política que afronta el gobierno de Nicolás Maduro. De nada vale que se alce en la tribuna para acusar de “nazifascistas” a los opositores. También a la larga será inútil que intente acallar a los medios que critican al gobierno, con tácticas cuestionables como retrasar la entrega de divisas a la prensa para comprar papel, con el propósito de que tengan que reducir páginas o incluso de sacar las publicaciones de circulación. Las evidencias del descontento social siempre salen a la luz. Si no aparecen en las páginas de un periódico censurado, se divulgan desde el celular de un testigo.

La realidad es que Venezuela sufre una crisis económica y política que la nación debe resolver para evitar mayores tragedias. Un gobierno responsable debe aceptar esa realidad y actuar en consecuencia. Hasta ahora, nada indica que el gobierno venezolano esté aceptando esa responsabilidad. Más bien es todo lo contrario.

Después del miércoles, a pesar de la represión y las amenazas del gobierno de asumir una línea mucho más dura, los estudiantes volvieron a tomar la calle. Muchos venezolanos están hartos del desastre económico –inexplicable en un país con una elevada producción petrolera–, de la plaga del crimen, del retroceso de las libertades y del intento de establecer un impredecible “socialismo del siglo XXI” cuyas consecuencias, aun a corto plazo, son inciertas.

La respuesta de Maduro ha sido acusar a los manifestantes de intentar dar un golpe de Estado y amenazarlos con más represión. La comunidad internacional, y especialmente la OEA, deben manifestar su desacuerdo con la actitud represiva del gobierno de Maduro y dar pasos para garantizar el derecho a la libre expresión en Venezuela.

En vez de parapetarse en la intransigencia, el gobierno venezolano debería asumir de una vez el compromiso de aliviar los males que son los que llevan a la gente a lanzarse a la calle. Debe establecer una política económica más realista que no espante a los inversionistas, no ponga obstáculos a la actividad fructífera de la empresa privada y erradique la escasez de productos en los supermercados. Debe trazar y llevar a la práctica un plan eficaz para combatir la ola de crimen que padece Venezuela y que ha convertido a Caracas, por ejemplo, en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Debe permitir la libertad de expresión y dejar de estrangular a la prensa libre.

Esas son medidas que tomaría un gobierno responsable y democrático, dedicado al bienestar de su pueblo. Seguir atrincherado en una retórica hueca que no resuelve los problemas cotidianos en Venezuela, causará que los descontentos sigan tomando la calle hasta que logren cambiar las cosas y el ideal chavista pase a ser un mal recuerdo.