Ignore los partidarios en las administraciones de Obama y de Bush. El rescate federal de GM (en inglés), junto con el Programa para el Alivio de Activos en Problemas (TARP, por sus siglas en inglés) en general, sirven para ilustrar todo lo que está mal en Washington hoy.

El TARP fue poco más que una transferencia de pérdidas de corporaciones ineptas hacia el contribuyente, confundiendo la redistribución de pérdidas con evitarlas.

Empecemos por la parte fácil: Se espera que el contribuyente asuma una pérdida de más de $20.000 millones en dos de los componentes del TARP. Alrededor de la mitad de esa pérdida son los $50.000 millones del rescate de GM; el resto es en gran medida el resultado de varios programas de asistencia para vivienda.

Las cosas no tenían que ser así. Cuando GM se declaró en bancarrota, los acreedores deberían haber asumido sus pérdidas y la empresa podría haber sido reorganizada sin costo para los contribuyentes. Lo mismo puede decirse de los bancos. Una conversión de deuda a acciones hubiese recapitalizado los bancos sin costo alguno para el contribuyente. Cualquier ventaja hubiese sido compartida con los acreedores.

Muchas veces nos dijeron, sin embargo, que las únicas opciones eran rescatar o liquidar. GM, entre otras, mostró que esa era una disyuntiva falsa. Así como muchos de nosotros hemos volado en aerolíneas en bancarrota, los bancos y fabricantes de autos hubiesen podido operar durante una reorganización.

Tampoco nos olvidemos de que no había una provisión en virtud del TARP para asistir a los fabricantes de autos. El Congreso había rechazado un rescate a la industria automotriz. Pero la administración de Bush ignoró descaradamente la ley y proveyó asistencia, dejándole el asunto así al presidente Obama. Si eso no fuese suficiente, Obama intimidó a los acreedores y reorganizó las cadenas de prioridad para recompensar a sus aliados. Durante el proceso, la igualdad ante la ley fue golpeada.

Como un trabajador en el Senado en 2008, fui parte de los esfuerzos para evitar que fuese aprobado TARP. Sus partidarios prometieron ganancias incalculables y una recuperación económica. La ley del TARP fija una serie de objetivos, como promover empleos, preservar la propiedad de viviendas y los valores de las mismas, junto con proteger al contribuyente.

Cinco años después, es imposible concluir objetivamente que cualquiera de estos propósitos del TARP en realidad se lograron. La recuperación actual es una de las más débiles en la historia, y los mismos indicadores que TARP prometió revivir están muy por debajo de su pico. Su herencia, no obstante, es algo diferente: una de compadrazgo e irrespeto a la ley.

Este artículo fue publicado originalmente en USA Today (EE.UU.) el 23 de diciembre de 2013.