No es un pronóstico de sus opositores. Tampoco de los jueces, por ahora. Es lo que se infiere de la lectura de un dictamen jurídico del procurador general del propio Macri, Julio Conte Grand. Hace diez días, es decir, 24 horas antes de que el convenio fuera enviado a la Legislatura, Conte Grand estableció que para aprobarlo no alcanza con una sesión rutinaria. Hay que convocar también a una audiencia pública al cabo de la cual los legisladores deben considerar el texto por segunda vez.

El pronunciamiento de Conte Grand está dirigido al ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti. El procurador analiza las cláusulas del entendimiento entre el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad con Lotería Nacional. Al final del tercer punto, "Necesidad de aprobación por parte de la Legislatura", consigna: "Asimismo, cabe destacar que, por consagrarse en la agenda una excepción a regímenes generales, para su aprobación debería seguirse el procedimiento de doble lectura (art. 89 inc. 6 de la Constitución local)".

El artículo y el inciso constitucionales a los que remite Conte Grand sostienen que en materias "que consagran excepciones a regímenes generales" -en este caso, el pago del impuesto a los ingresos brutos- hay que realizar una doble lectura.

El procedimiento de doble lectura está regulado en el artículo 90 de la Constitución porteña. Establece los siguientes pasos: "1) Despacho previo de comisión que incluya el informe de los órganos involucrados. 2) Aprobación inicial por la Legislatura. 3) Publicación y convocatoria a audiencia pública, dentro del plazo de treinta días, para que los interesados presenten reclamos y observaciones. 4) Consideración de los reclamos y observaciones y resolución definitiva de la Legislatura. Ningún órgano del gobierno puede conferir excepciones a este trámite, y si lo hiciera éstas son nulas".

Hasta ahora, el pacto entre la Presidenta y Macri a favor de López sólo cumplió con el segundo requisito. El lunes pasado, la Legislatura de la ciudad aprobó, en un trámite que no duró más de 15 minutos, el convenio que extingue una deuda impositiva de los casinos por 2000 millones de pesos, y los exceptúa de pagar ingresos brutos en el futuro. El texto sancionado no había sido discutido por comisión alguna. Macri lo envió a la Legislatura el viernes anterior a última hora, para que tuviera un tratamiento exprés, a libro cerrado. Por lo tanto, el primer requerimiento de la Constitución local no se cumplió.

Salvo el procurador Conte Grand, nadie previó los pasos 3 y 4 del texto constitucional. Macri debería llamar a una audiencia pública para que discuta su convenio con el gobierno nacional. Si se tiene en cuenta la celeridad con que los diputados de Pro y del kirchnerismo porteños, aliados en el caso de los casinos de López, sancionaron el acuerdo la semana anterior, se comprenderá el costo que tendría para el jefe de Gobierno la discusión de su pacto en un campo más amplio que la Legislatura. El lunes pasado ocurrió algo pocas veces visto en la experiencia parlamentaria: no hubo un solo diputado dispuesto a pronunciar un discurso en defensa de lo que se estaba aprobando.

Fue un procedimiento idéntico al que siguieron los legisladores de Chubut la semana pasada, cuando en una sesión maratónica renovaron la concesión de los casinos de López por un plazo impreciso -en el texto que se trató no figuraba-, que muchos suponen de una década. También en esa provincia el beneficio extraordinario fue a cambio de un aumento en el canon.

Para hacer convalidar su acuerdo, Macri aprovechó la última sesión del año, en la que 30 legisladores dejaban su cargo. La segunda lectura a la que obliga la Constitución, tal como prescribe Conte Grand en su dictamen, debería ser realizada por un grupo de diputados que no participaron de la primera y que tienen cuatro años de vida legislativa por delante.

El compromiso de Macri con la señora de Kirchner en torno del negocio del juego seguirá provocando controversias. No sólo por sus defectos procesales. Hoy, el abogado Andrés Gil Domínguez presentará un recurso de amparo en el fuero en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad para que se declaren inconstitucionales y nulos los apartados 3.2 y 4.2 del convenio, en los que se declara la "extinción de las pretensiones o créditos relacionados con el impuesto a los ingresos brutos" por parte de las empresas de López, que quedan también eximidas de ese gravamen, fijado por la Ciudad, en el futuro.

Gil Domínguez es un experto en derecho constitucional y fue asesor de la Convención Estatuyente que redactó, en 1996, la Constitución porteña. Entre los argumentos que expondrá ante la Justicia, figura también el incumplimiento del trámite de doble lectura al que hace mención el procurador Conte Grand.

Hasta tanto se determine si las cláusulas 3.2 y 4.2 del convenio son constitucionales, Gil Domínguez reclamará la suspensión cautelar de las mismas.

ANTECEDENTES DEL ACUERDO

• A fines de 2008, la ley tarifaria porteña estableció que las casas de juegos de azar debían tributar, desde 2009, un 8% de sus ingresos en concepto de Ingresos Brutos

• Los empresarios del juego cuestionaron ante la Justicia la potestad tributaria de la Ciudad sobre los casinos flotantes que funcionan en el río, un territorio federal. Varias medidas cautelares de primera instancia les dieron la razón

• A fines de octubre pasado, Mauricio Macri, convocó a los jefes de bloque de la oposición para buscar un atajo legislativo que permitiera, finalmente, comenzar a cobrar impuestos a la actividad del juego

• Apenas un mes y medio después, en un trámite exprés, diputados de Pro y kirchneristas eximieron a la actividad de pagar Ingresos Brutos a cambio de que paguen un canon mayor

La presentación judicial de hoy podría modificar los planes del gobierno. El negocio del juego puede convertirse en un dolor de cabeza para varios.