No solo que su retórica es engañosa, además revela qué tan grande es el hueco de la deuda y qué tan masivamente difícil será la tarea de salir de este hueco.

El impase acerca de elevar el límite al endeudamiento es tan solo un síntoma de divisiones más profundas en el país. Aquellas divisiones se derivan en gran medida de que desde hace mucho tiempo los funcionarios públicos han presentado de manera engañosa el tamaño del endeudamiento de la nación, que surge principalmente de programas de prestaciones sociales que contienen masivos desequilibrios financieros. Estos no son parte de la deuda de $16,7 billones que ya se ha registrado en las cifras oficiales. Pero son precisamente los que el Presidente Obama ahora desea incluir en “nuestra deuda” de manera inequívoca. Si usamos ese razonamiento, el límite al endeudamiento ya ha sido rebasado.

Según la definición del Presidente, “nuestra deuda” debe incluir las obligaciones no financiadas de pagos a futuro del gobierno federal, incluyendo el Seguro Social y los beneficios de atención médica que se espera que crezcan rápidamente. Pero ninguna de las agencias relacionadas al presupuesto del Presidente —la Oficina para el Presupuesto del Congreso, la Oficina de Administración y Presupuesto, la Oficina de Contabilidad General, etc.— están dispuestas a medir y reportar de manera transparente el tamaño de la brecha de ingresos esperada que el Presidente ahora claramente dijo que es parte de “nuestra deuda”. Lo que si sabemos es que incluyendo los pagos prometidos, aunque no financiados, por prestaciones sociales en “nuestra deuda” hacen que esta sea de una cifra muy considerable.

Desafortunadamente, basándonos en el precedente histórico, el impase político sobre las reformas a las prestaciones sociales es poco probable que se resuelva pronto. De hecho, hay obstáculos procedimentales en el camino: en el Senado, por ejemplo, cualquier ley que busque alterar las provisiones del Seguro Social estaría sujeta a la norma de Byrd, que significa que puede ser considerada como inadmisible por un solo Senador.

No obstante, sin importar qué tan difícil sea hacerlo, debe hacerse. Esto es necesario porque cada vez que elevamos el límite al endeudamiento, permitimos que más de la deuda de prestaciones sociales a futuro —uno también la podría llamar deuda implícita— se convierta en deuda explícita.

Históricamente, una elevación del límite legal a la deuda explícita ha venido acompañada de reformas fiscales. Esto va de acorde con la “reestructuración del presupuesto” que cualquier acreedor exigiría antes de hacer un “préstamo puente” a un negocio que está fracasando. Es lo que el FMI, el Banco Central de Europa y la Comisión Europea han exigido antes de aprobar paquetes de rescate financiero para Grecia, Portugal, España y otras naciones de la Unión Europea —que de otra manera sufrirían la ruina financiera y un caos.

¿Podrían los griegos demandar ayuda financiera sin asumir compromiso alguno de cambiar sus políticas de presupuesto y contabilidad? La respuesta es “no” para los griegos y también debería serlo para el gobierno federal.

El Presidente ha dicho que se sentaría a negociar con los Republicanos si estos trabajaran con él para financiar de manera incondicional al Estado y elevaran el límite al endeudamiento. Los Republicanos parecen estar listos para tomar la palabra del Presidente y proveer una elevación del límite al endeudamiento a corto plazo. Pero deberían estar atentos de no establecer otra comisión para decidir acerca de reformas de largo plazo. Recuerden que cuando su propia comisión Simpson-Bowles hizo propuestas de reducción al endeudamiento, estas obtuvieron 11 votos de 18 miembros y fueron celebradas por observadores a través del espectro político, Obama las ignoró hasta que estas quedaron fuera de consideración.

Esta crítica de las palabras del Presidente no implica una felicitación a los Republicanos —que en el pasado también han decepcionado al momento de reformar los programas de prestaciones sociales. De hecho, las anteriores administraciones y congresos Republicanos empeoraron la proyección fiscal al aprobar múltiples recortes de impuestos y expandir la cobertura de Medicare sin asumir el costo político de financiar explícitamente esa expansión.

Algunos economistas ya han declarado a EE.UU. en la bancarrota: parece imposible financiar las promesas de las prestaciones sociales implantadas en las leyes fiscales actuales y cada vez es más difícil contemplar reducir el gasto en prestaciones sociales en la cantidad necesaria para resolver el problema de “nuestra deuda”. Necesitamos un mecanismo de seguridad para lograr un acuerdo, dentro de un marco de tiempo limitado, para tomar medidas que reduzcan la deuda de manera considerable. Eso por sí solo es probable que estimule el crecimiento económico y el empleo.

Que los Republicanos acepten elevar el límite al endeudamiento por cualquier cosa más que un par de meses le daría a los Demócratas una razón para posponer estas medidas. Sería como invitar a los deudores a fijar las condiciones. Eso es poco probable que revele el camino adecuado para superar los problemas de “nuestra deuda”.

Este artículo fue publicado originalmente en The Hill (EE.UU.) el 11 de octubre de 2013