El presidente en ejercicio, Álvaro García, demandó ayer a los administradores de justicia una sanción para quienes hubieran extorsionado a acusados en el caso Rózsa o Terrorismo, si es que son identificados, al igual que a los que intentaron dividir al país.

García pidió castigar “a todo funcionario o a toda persona que se haya involucrado con chantaje (o) extorsión”, aunque solicitó que no se desvíe la atención sobre un tema que fue trascendental para el país, es decir, el intento de separar a Bolivia que está en etapa de juicio en Santa Cruz de la Sierra.

La autoridad aludió a las denuncias conocidas en los últimos días en contra del fiscal Marcelo Soza, director funcional del caso Terrorismo (referido a la desarticulación de un grupo separatista en la capital oriental al mando de Eduardo Rózsa, en abril de 2009), a quien le acusaron de haber recibido dinero de implicados por ese hecho a cambio de su absolución dentro de las investigaciones.

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, también reveló que fue contactado por el exfuncionario del Ministerio de Gobierno Luis Clavijo, quien formó parte de una red de extorsión (desarticulada en noviembre de 2012), para que involucre en el caso Rózsa a excívicos y empresarios.

García reconoció que en medio del juicio por Terrorismo se presentaron denuncias de extorsión, pero exigió que la causa culmine con una sentencia ejemplar para los involucrados. “Es una vergüenza judicial, es una barbaridad judicial que pasen cuatro años y el intento más terrible de división de Bolivia en los últimos 100 años no tenga sanción y castigo ejemplar. Exhortamos al Poder Judicial, a los jueces y fiscales (a que) de una buena vez (dicten una) sanción”, expresó.

Tras cuatro años de la desarticulación de ese grupo, según el Jefe del Estado en ejercicio, la población no debe olvidar que un grupo de connacionales contrató a mercenarios extranjeros para que dividan Bolivia.

A fin de no desconocer ese hecho, que está contenido en declaraciones, imágenes, cartas y documentos, entre otros, García recordó que el fin de semana se difundió una separata en medios impresos que contiene toda esa memoria, así como un video que volverá a ser transmitido a través de algunos canales de televisión.

“Están las declaraciones textuales de los separatistas, están sus notas, sus entrevistas, cartas, sus e-mails, donde se halla con claridad este intento de separación, de desgarramiento y de destrucción de nuestra querida y amada patria Bolivia, esa es la realidad”, enfatizó en una conferencia de prensa.

En criterio de la autoridad, en los próximos 200 años, la población boliviana “nunca” debe olvidar ese intento de cercenamiento que se gestó so pretexto de defender a Santa Cruz. El fiscal Soza, que actualmente está de vacaciones, llevó adelante ese proceso desde 2009, tanto en la fase de instrucción como en el juicio oral.

Sin embargo, tras la difusión de un audio en el que él presuntamente vincula a ex y actuales autoridades del Ejecutivo con los casos Terrorismo y Extorsión, renunció a su cargo en el Ministerio Público. La Fiscalía General todavía evalúa esa dimisión.  Moisés Ponce de León, abogado de Soza, informó que su defendido se encuentra “muy enfermo”.

Situación del fiscal

Reaparición

El fiscal Marcelo Soza apareció por última vez en público el 18 de abril, cuando anunció que volvería a asumir funciones en el caso Terrorismo.

Enfermedad

Un día después, el 19 de abril, sufrió una descompensación del corazón y está en tratamiento.

Suspenden juicio por la inasistencia del juez

Iván Condori/Santa Cruz

La ausencia del juez Sixto Fernández, presidente del Tribunal 1º de Sentencia de la ciudad de La Paz, imposibilitó ayer la reanudación del juicio por el caso Rózsa o Terrorismo, que estaba previsto para horas de la tarde, por lo que la audiencia fue suspendida para hoy, a partir de las 09.30. La jueza técnica Elena Julia Gemio explicó que el vuelo en el que debía arribar la autoridad judicial a Santa Cruz, donde se desarrolla el proceso desde el 18 de febrero, sufrió un retraso considerable.

El 26 de abril, la audiencia de este caso fue suspendida porque el coimputado Gary Prado Salmón, uno de los 21 procesados, abandonó la sala porque no estuvo de acuerdo en que el Tribunal 1º de Sentencia siga conociendo esta causa.

Según Prado, la sentencia 130/2013 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, le favorecía para que el caso sea transferido a una autoridad judicial natural de Sana Cruz. Tras ese incidente, Prado reapareció ayer. A raíz de su conducta, el fiscal Sergio Céspedes pidió que se le revoque la medida sustitutiva de arresto domiciliario. Se prevé que en la audiencia de hoy el Tribunal se pronuncie sobre el fallo Constitucional 2468/2012, similar al 130/1013, que favorece al acusado Ronald Castedo.

Además, el Tribunal debe hacer conocer en audiencia la resolución sobre los 75 incidentes y excepciones presentados por la defensa en la instalación del juicio oral.  Los abogados de la defensa anticipan que todos los incidentes serán rechazados por el Tribunal 1° de Sentencia de La Paz.