Desde Guantánamo a Abu Ghraib pasando por las llamadas “técnicas de interrogación reforzadas”, los asesinatos selectivos mediante aviones no tripulados o el programa de escuchas ilegales dentro de Estados Unidos, desde el 11-S las tensiones entre Washington y los derechos humanos han sido tan profundas como inquietantes. Ahora estamos ante una nueva vuelta de tuerca.

Cuando las víctimas eran extranjeras, a nadie en Washington inquietó que aviones teledirigidos por la CIA mataran a sospechosos de terrorismo a miles de kilómetros de distancia. Que esos ataques se produjeran en países con los que técnicamente Estados Unidos no estaba en guerra no parecía importar mucho. Al fin y al cabo, la cobertura legal que Washington se había dado a sí mismo bajo el formato de “guerra global contra el terror” autorizaba al Gobierno estadounidense a despachar “operativos” de Al Qaeda de forma tan rutinaria como despersonalizada, estuvieran en Pakistán, Yemen o cualquier otro lugar. Que en esos ataques hubiera “víctimas colaterales”, es decir, civiles, mujeres y niños, tampoco pareció violentar demasiado las conciencias legales de los abogados del Departamento de Justicia estadounidense.

Pero los vientos empezaron a cambiar cuando, recientemente, Washington no solo reconoció haber empleado un avión no tripulado para acabar con la vida de un ciudadano americano, Anuar al Aulaki, en Yemen, sino que desveló haberlo hecho bajo la cobertura legal proporcionada por un memorando del Departamento de Justicia. De acuerdo con ese informe, el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo que asistía a Al Aulaki como ciudadano americano podía ser invalidado si se demostraba que este representaba un peligro cierto e incontrovertido para la seguridad de Estados Unidos.

Para muchos ciudadanos de buena fe, en Estados Unidos y posiblemente en otros países, incluido España, este debate carece de sentido: matar a alguien que está punto de asesinar a tus ciudadanos es simplemente un acto de legítima defensa sin mayores implicaciones. Sin embargo, las cosas no son tan fáciles. Que una democracia establezca dos esferas de derechos diferenciadas según quiénes sean los ciudadanos y dónde se encuentren resulta tan escandaloso desde el punto de vista moral como contradictorio con la idea de universalidad de los derechos humanos.

Con el caso Al Aulaki se ha franqueado una puerta muy peligrosa. Ya es grave que Washington se haya refugiado, una vez más, en el estatuto de “combatiente enemigo” para aplicar a un ciudadano americano el derecho de la guerra en lugar del Código Penal. Pero añadiendo a la preocupación, el Departamento de Justicia ha dejado en manos del poder ejecutivo, es decir, del Gobierno, y no de los tribunales de justicia, la capacidad de decidir cuándo un ciudadano americano situado en un tercer país reúne las condiciones que le convierten en un objetivo militar legítimo.

¿Recuerdan la advertencia del pastor protestante Martin Niemöller, falsamente atribuida a Bertold Brecht, que comienza con un “cuando los nazis vinieron a por los comunistas guardé silencio porque yo no era uno de ellos” y concluye con un “cuando finalmente vinieron a por mí ya no había nadie más que pudiera protestar”. Pues esta historia de los aviones teledirigidos tiene ecos muy similares.

El siguiente paso en esta peligrosa pendiente ha venido de las enormes presiones de la industria aeronáutica, a las que el Gobierno estadounidense se muestra muy receptivo, para poder emplear aviones tripulados (en principio, no armados) en territorio estadounidense. Es en este contexto en el que el senador Rand Paul ha recurrido a una vieja táctica que permite bloquear una moción mediante el procedimiento de no abandonar la tribuna de oradores y hablar indefinidamente.

No es difícil denunciar la hipocresía y doble moral de este debate. Si los drones son útiles en Pakistán, ¿por qué no iban a serlo en territorio americano? ¿Qué impediría utilizarlos en operaciones contra el narcotráfico? ¿O qué inconveniente habría en armarlos para proteger la vida de los agentes de policía en una operación antiterrorista? Al fin y al cabo, un avión teledirigido en nada se diferencia de un rifle de mira telescópica. Si solo es un arma más: ¿por qué iba un Estado de derecho a renunciar a su uso?

El caso es que, tras casi 13 horas en la tribuna, el senador Paul ha arrancado del fiscal general de Estados Unidos una declaración en el sentido de que “el presidente no tiene la autoridad para usar un avión armado no tripulado para matar un ciudadano estadounidense no combatiente en territorio estadounidense”. Si leen dos veces esta frase seguro que se inquietan. ¿Quiere decir que Obama sí podría usar un avión no tripulado en territorio americano contra un “combatiente”, fuera ciudadano americano o no? Al parecer, sí. ¿Y quién decidiría cuándo esa persona se habría convertido de ciudadano (o turista) en combatiente? Aún más inquietante.