Como que han comenzado a pasar por alto que, según la Carta, “son elementos esenciales de la democracia representativa el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la libertad de expresión y de prensa, la sujeción al estado de derecho, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Hace bien la SIP en denunciar públicamente esta realidad. También habría que denunciar y dejar al desnudo la inutilidad de la OEA y de su Secretario General, José Miguel Insulza, por su negligencia en la defensa de esos principios.

Algunos dirán que es predicar en el desierto. Y en cierta forma tienen razón: en los próximos días ese organismo se reunirá y existe el riesgo de que se dé un furibundo hachazo contra la Comisión de Derechos Humanos y la Relatoría de Libertad de Prensa, que es de lo poco valioso que le queda al cuerpo que encabeza Insulza, quien sostiene a rajatablas que todos los países que hoy integran la OEA son democráticos. Por supuesto que ya a nadie extraña la conducta y los dichos del exministro chileno, quien acaba de calificar al extinto Hugo Chávez, como de “caudillo, pero no un dictador”. En fin, Chávez en vida calificaba a Insulza de “pendejo insulso” y yo no voy a terciar, pero habría que recomendarle al funcionario internacional que vaya a los diccionarios y averigüe qué es un dictador.

¿Arar en el agua? Es probable, pero hay que hacerlo, para que mañana no se diga que no estaban avisados.

Casi culminando el siglo pasado, cuando aún reinaba Fujimori, un colega peruano alertó a una misión de la SIP sobre el poco éxito que podían tener sus protestas y reclamos mientras el dictador fuera bien recibido y atendido en Wall Street. “Si tiene crédito, si los bancos le dan dinero muy poco le importa lo que ustedes digan y hagan”.

Entonces la SIP fue a la OEA (que no era la de Insulza por suerte) y a su Comisión de DDHH a denunciar a Fujimori y a la vez, a los bancos y a todos aquellos que le daban crédito. También, y en esto la SIP fue pionera, reclamó a los bancos internacionales –el BID y el Banco Mundial– que no se concedieran préstamos ni ningún tipo de ayuda o asistencia a aquellos países cuyos gobiernos no respetaran los derechos humanos y a la libertad de expresión, ésta como prueba irrefutable de la vigencia de la democracia. Y Fujimori cayó.

Todos caen. Algunos tienen la suerte de morir antes de que les llegue la hora de rendir cuentas. Pero más tarde o mas temprano los ciclos se acaban y la tortilla se vuelve.
Por eso hace bien la SIP, y también otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, en insistir con sus denuncias. En defensa de los intereses del pueblo, y para que nadie se llame a engaño ni quiera quedarse con lo que es de los ciudadanos –lo que le hayan dejado– invocando acuerdos, convenios o pactos soberanos. No hay otro soberano que la ciudadanía y aquellos a los que ésta, libre y democráticamente y sin trampas de ningún tipo, delega su poder.

Es bueno repetirlo para que lo vayan sabiendo aquellos que dan todo tipo de crédito sin ton ni son y para que no se confundan: una cosa son legítimos acuerdos soberanos y otra negocios y tratos con dictadores.