Consecuente con el antisemitismo endémico en Argentina, sus gobernantes no han tenido el menor pudor en ignorar a las víctimas de las explosiones de la embajada israelí ni la de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). No lo tuvo Menem, cuyos funcionarios policiales fueron cómplices de los brutales atentados, ni la recua de gobiernos peronistas-fascistas –disfrazados de populistas– que les han sucedido, fieles a las normas establecidas desde que Perón y su “señora esposa” llegaron al poder.

El 17 de marzo de 1992 frente a la embajada israelí, explotó un coche bomba. Perecieron 29 personas y más de 250 resultaron heridas. Además de los diplomáticos israelíes, murieron niños, el párroco de una iglesia situada al otro lado de la calle y los transeúntes que tuvieron la desgracia de pasar por ese lugar en el momento del crimen. Desde entonces, la investigación languideció y prácticamente no se hizo nada, a pesar de que la Yihad Islámica, organización creada, manejada y financiada por el gobierno iraní, se atribuyó la responsabilidad de la tragedia.

El 18 de julio de 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue bombardeada con el resultado de 87 personas asesinadas y más de 100 heridas.
Seis ciudadanos libaneses y un brasileño, quienes habían sido detenidos por un delito de drogas, resultaron ser miembros de Hezbolá. El gobierno argentino anunció que estos hombres estaban implicados en el atentado; sin embargo, fueron puestos en libertad.
En 1998, una llamada telefónica interceptada de la embajada iraní demostró que Irán había estado involucrado en el ataque a la embajada israelí. Para cubrir las formas el gobierno argentino expulsó a seis diplomáticos iraníes, pero no se hizo ningún esfuerzo en capturar a los culpables del ataque.

El juez Galeano, quien llevaba el caso de la AMIA, fue acusado en 2005 por pagar a un testigo 400,000 dólares para que cambiara su testimonio. Más tarde, en julio del mismo año, el difunto presidente Néstor Kirchner formalmente admitió la negligencia del gobierno en la investigación del atentado a la AMIA de 1994 y declaró que el gobierno ocultó informaciones cruciales que podrían haber resuelto el caso. Kirchner reafirmó que la responsabilidad en cuanto a capturar, enjuiciar y castigar a los culpables debía recaer sobre el gobierno argentino por su mal manejo de la investigación. Más de lo mismo: nada. Vanas palabras de quien no le duelen las víctimas y transige con los victimarios.

En octubre del 2009, el juez federal Ariel Lijo acusó al ex presidente Carlos Menem de varios delitos relacionados con las investigaciones de ambos casos, incluyendo el de abuso de autoridad al ocultar las pruebas disponibles. Al mismo tiempo, el hermano de Menem, Munir Menem, el ex jefe de los servicios de inteligencia Hugo Anzorregui, el ex juez Juan José Galeano, el ex subsecretario de inteligencia Juan Carlos Anchezar y el ex comisario Jorge Palacios, fueron acusados también de obstruir la investigación por parte del gobierno sobre el atentado de 1994 a la AMIA. No fue hasta el 2012 que un juez determinó que Menem, Anzorregui y Palacios deberían ser juzgados por haber ocultado pruebas y proteger a los cómplices en el atentado. Pero nada de juicio.

Ni una sola persona ha sido condenada por ninguno de los atentados. El pasado 2012, el gobierno argentino emitió órdenes de arresto contra el ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, y el ex primer ministro Akbar Hashemi Rafsanjani para cubrir las formas.
Se suma la burla al escarnio, cuando el canciller argentino, Héctor Timerman, burlándose del dolor de sus compatriotas judíos y no judíos asesinados, firmó un memorando de entendimiento con Irán destinado, supuestamente, a resolver los casos que rodean los atentados terroristas este enero del 2013.

Han pasado 21 años desde la explosión de la embajada, pero ni el gobierno ni la opinión pública argentina se solidarizan con las víctimas, prefieren el oro de los victimarios. Que Dios les condene.

Todos los gobiernos argentinos anteriores habían sido indiferentes, pero este ha llegado a lo más bajo. No ha habido ni habrá justicia en Argentina para las 114 personas que murieron como consecuencia de los dos ataques. ¿A usted no le parece? A mí, tampoco.