Un recorrido por las calles de La Habana en este comienzo de 2013 permite apreciar algunas diferencias con respecto a hace un año. Los mercados agrícolas se muestran mejor surtidos aunque los precios casi se han duplicado. Los restaurantes privados brotan por toda la capital y las cafeterías por cuenta propia compiten en oferta y decoración. Numerosas casas llevan un cartel de “Se vende” y muchas familias preparan las maletas esperando que entre en vigor la nueva Reforma Migratoria. Unos han visto engrosar su billetera, mientras para otros lo único que ha crecido es la carestía. Los contrastes se acrecientan en Cuba.

El actual proceso de reformas económicas en la isla, denominado por el Gobierno “actualización del modelo”, pretende fomentar la producción nacional para reducir importaciones, pero mantiene el control estatal y la planificación central. Sus alcances fundamentales han sido la entrega de tierras ociosas en usufructo, la ampliación del trabajo por cuenta propia y la cooperativización de establecimientos estatales. Sin embargo, entre sus grandes tareas pendientes se encuentran la eliminación de la dualidad monetaria, el fin del sistema de racionamiento y el aumento de los salarios, que no cubren las necesidades básicas (el sueldo mensual ronda el equivalente a 15 euros). De ahí que, para tener una vida decorosa, muchos trabajadores recurran a otras actividades emergentes, muchas de ellas ilegales y vinculadas al sector turístico.

Entre los más osados pasos dados por el Gobierno de Raúl Castro se encuentra el permiso para la compraventa de viviendas. prohibida durante décadas. La medida ha provocado una verdadera sacudida. Ha traído de vuelta la especulación, los precios estratosféricos y la redistribución de las ciudades según el poder adquisitivo de cada cual. Verdaderas novedades para varias generaciones de cubanos que se habían resignado a compartir el espacio con los abuelos y los padres. No obstante, en la mayoría de los casos quienes han logrado ya comprar una casa, lo han hecho gracias a las remesas enviadas por sus familias en el extranjero, o a los ingresos obtenidos por el trabajo por cuenta propia o por el desvío de recursos estatales. La Cuba ilegal se mantiene y profundiza.

La lucha contra la corrupción parece una batalla perdida de antemano. Hace apenas unos días la propia Contralora General de la República, Gladys Bejerano, declaraba que de las empresas estatales auditadas, el 72% había sido clasificada de “deficiente o mal, pues faltó integralidad en los sistemas de control”. Raúl Castro ha reducido el mastodóntico número de ministerios que heredó de su hermano, fusionando algunos y desmantelando otros. Los casos de funcionarios presos o bajo investigación están a la orden del día, aunque no se ha seguido una política de transparencia informativa al respecto, especialmente cuando en las irregularidades están implicados altos dirigentes del Partido Comunista.

El temido plan de racionalización de plantillas, que amenazaba con el posible despido de entre 500.000 y 1,3 millones de trabajadores estatales, se ha retrasado y hasta paralizado en varios estamentos burocráticos, empresariales y productivos. Unos respiran aliviados de conservar sus puestos, pero la eficacia de las empresas estatales se ha visto seriamente lastrada al mantenerse el exceso de personal innecesario. Es quizás este uno de los ejemplos más claros de las titubeantes y ambiguas reformas raulistas, que se debaten entre el pragmatismo y el temor al descontento popular. Algunos consideran que esa tendencia a dar “dos pasos adelante y uno atrás” tiene su origen en conflictos y pugnas en la cúpula del poder. Una suerte de batalla entre un sector más reformista y otro más conservador, que nutre las fantasías populares y hasta los análisis más serios.

Impedir la acumulación de capital también parece ser uno de los grandes lastres de las nuevas transformaciones. Desincentivar la contratación de personal más allá de los cinco trabajadores, establecer impuestos excesivos para el sector privado, impedir que una misma persona pueda adquirir más de una vivienda e incluso tener más de una línea de teléfono celular, confirman parte de esa intención. El miedo principal del Gobierno se centra en la posibilidad de que las reformas económicas creen un sustrato para demandar reformas políticas. O sea, que la autonomía material y financiera de muchos con respecto al Estado, traiga irremediablemente deseos de autonomía en el plano cívico y una creciente presión para que se respeten los derechos humanos.

Aunque los cambios realizados se orientan hacia la ampliación del sector privado y el robustecimiento de la producción nacional, no han logrado aún una mejora notable en los indicadores macroeconómicos. Tampoco ha mejorado el nivel de vida de los cubanos. Los platos y los bolsillos muestran -mejor que ningún análisis estadístico- cuán insuficientes han sido las reformas raulistas. La escasez de productos de primera necesidad, los precios desmesurados y el aumento de las desigualdades entre el campo y la ciudad, contradicen las frases triunfalistas. Unido a eso se ha dado un mayor empobrecimiento de la población afrocubana, con un menor acceso a las remesas y a los empleos en el turismo. La Cuba de las diferencias sociales ya no se logra ocultar con consignas políticas. De ahí que el 2013 llegue a la isla entre la esperanza que han traído las flexibilizaciones y la frustración por su excesiva lentitud.