Pero este se aprovechó de las debilidades institucionales de Brasil, Argentina y Uruguay para salirse con la suya. Hace tiempo que los "bolivarianos" que intentan resucitar a Marx, Engels y al Che Guevara deseaban que la Venezuela de Chávez sea parte del Mercosur y encontraron la excusa perfecta. Un supuesto golpe de Estado en el Paraguay que sustituyó a Fernando Lugo, uno de los suyos que estaba en la misma sintonía del socialismo del siglo XXl. Ni la suspensión de Paraguay del Mercosur ni el ingreso de Venezuela están establecidos en las normativas internacionales que relacionan a estos países.

Nada les importo las reglas del derecho público internacional. Incluso algunos países callaron la arbitrariedad y otros hasta se adhirieron en su momento como los gobiernos de Chile y Colombia, cuyos mandatarios algunos creyeron que hasta podrían haber apoyado la decisión constitucional del Congreso paraguayo de destituir a un apéndice chavista engendrado en el mismo Rio de la Plata, lo que presupone la exportación de la "revolución" neo marxista del siglo XXl.

En realidad, se hizo añicos el derecho para hacer valer la "razón política", como lo dijo el presidente uruguayo, Pepe Mujica, en un arrebato de sinceridad. El nuevo gobierno paraguayo, sin embargo, fue el resultado de una movida constitucional que establece el juicio político por mal desempeño. El nuevo gobierno de mi país que surgió constitucionalmente luego de un juicio políitico establecido en la ley fundamental, sin embargo, ahora se ha decidido por una estrategia que podríamos llamar inercial, atendiendo a que esta palabra en física significa la característica que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o movimiento, mientras no se aplique sobre ellos alguna fuerza.

En este caso el reposo es la tendencia del gobierno con relación a los hechos luego del fatídico 29 de junio pasado cuando se decidió suspender ilegalmente a nuestro país y se aprobó la incorporación de Venezuela al Mercosur por parte de los mandatarios de Argentina, Brasil y Uruguay. Un reposo que de seguir así le podría costar caro al gobierno liberal atendiendo las próximas elecciones nacionales.

Esta estrategia inercial la definió muy claramente el canciller, José Félix Fernández, cuando dijo en relación al pedido de ingreso de Venezuela al Mercosur —trámite que sigue pendiente de aprobación por nuestro país— que “el Congreso es soberano en esta materia y el Poder Ejecutivo va a acatar la resolución cualquiera sea —su aprobación, su rechazo o su postergación”.

El gobierno, de este modo, ha emitido una señal muy clara pero al mismo tiempo muy ambigua si se consideran los graves hechos conocidos por todos y de altas repercusiones no solo dentro del país sino también a nivel internacional. El gobierno le ha dicho al Congreso que sea este poder el que decida sobre el futuro de la diplomacia paraguaya, una forma elegante de esquivar lo que establece el artículo 238 de la Constitución Nacional De los Deberes y Atribuciones del Presidente de la República inciso 7 que habla sobre “el manejo de las relaciones exteriores de la República”.

¿Por qué un gobierno que recibió el apoyo mayoritario de la ciudadanía cuando defendió su posición en la Organización de Estados Americanos (OEA), ahora parece frenarse hasta ir rodando lentamente como por la inercia de un cuerpo que en su momento recibió un fuerte empuje? Hay varias razones. Algunas fueron apuntadas por el canciller, como aquello de no ir muy de prisa para que no nos vean como apresurados en tomar decisiones, sin un previo análisis.

Se equivoca el canciller. El análisis, es cierto, forma parte de la toma de decisiones. Sin embargo, los hechos dan cuenta que el análisis ha sido suficiente para llegar a la conclusión de que en el Mercosur ya no rige el Derecho sino las circunstancias, cualquiera sea, para validar el deseo de los demás miembros del bloque. Hace tiempo que Venezuela tenía que ingresar al Mercosur y el único país que se negaba era el Paraguay, en decisión soberana del Congreso.

El punto que el gobierno ha dejado de considerar forma parte del sustrato de las relaciones internacionales. Este sustrato fundamental se llama igualdad jurídica entre los Estados. Esta igualdad no es una mera expresión lingüística de modo a que la modernidad sea un cuestión de moda. Es, en realidad, una cuestión de principio, en el sentido que la igualdad jurídica entre las naciones es similar a la igualdad ante la ley que cualquier ciudadano, ya sea pobre, rico, sabio o ignorante tiene ante la ley que lo ampara, y a la vez, le compele a derechos y obligaciones.

La igualdad jurídica es la palanca que debe mover del reposo en el que está ahora sumido el gobierno, puesto que el Derecho es una idea que parte de su propia antítesis, es decir, tiene el propósito de conseguir la paz social, y por otro es en esencia la lucha contra todo aquello que lo perturba.

Y el Paraguay ha sido perturbado, violado en sus derechos de igualdad jurídica; por tanto, le asiste el sagrado derecho de luchar contra el injusto jurídico de su suspensión en el Mercosur y del ingreso de Venezuela al bloque. Es de esperar, por el bien del Paraguay, que el gobierno se deshaga de su actual estrategia inercial en la diplomacia y haga todo lo posible conjuntamente con el Congreso de rechazar al chavismo bolivariano, sinónimo del nuevo marxismo del siglo XXl.