El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, está jugando la partida decisiva de su mandato. La que arruinó la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002); que acontecimientos ajenos a la lucha contra las FARC hicieron imposible en la de Ernesto Samper (1994-98); y a la que también apostó sin éxito, aunque hoy se muestre frontalmente contrario a ella, la de Álvaro Uribe (2002-2010). Es la negociación de paz con el movimiento guerrillero, un día comunista con causa, pero hoy básicamente narcotraficante. Y, al mismo tiempo, esa apuesta resume la pugna entre Santos y Uribe sobre el curso futuro del país: conciliación con sus vecinos, solución política de un conflicto que humea desde hace 50 años, y deseos de reelección, en el caso del presidente; contra victoria militar sobre la guerrilla, alineamiento en posiciones ultraconservadoras en la escena internacional, e indudables deseos de volver a ejercer, en el del expresidente.
A primeros de año, dos militantes de las FARC colados en Bogotá expresaron el interés de la guerrilla por iniciar pre-conversaciones. En el riquísimo lenguaje político colombiano con la palabra negociaciones se puede hacer de todo, ponerle sufijos, prefijos, aumentativos y diminutivos. La presidencia Santos, que desde su inauguración en 2010 había reconocido que el final de la contienda debía tener carácter político, aceptó el reto. Y desde hace semanas o meses hay contactos en La Habana —que para hablar con la violencia es como un centro internacional de convenciones— y decidir si hay base para pasar de las ‘pre’ a las negociaciones, para lo que se cuenta también con el apoyo del Gobierno chavista. Los probables emisarios de Santos, Frank Pearl, ministro de Ambiente, y Sergio Jaramillo, asesor de Seguridad, tratan de establecer con sus montaraces interlocutores una agenda cerrada y una división en frentes sobre que discutir.
Lo que se sabe de la posición de la guerrilla cubre territorio tan vasto como inconcreto. Reforma agraria, pero sin saber cuánta reforma y a cuántos agrarios habría de afectar, es imposible saber si Santos tiene la fuerza suficiente para imponer un reparto de la tierra, incluso si se limita a devolver sus predios a los campesinos que la perdieron por la guerra; protagonismo de los movimientos cívicos, lo que suele significar la izquierda no organizada más el partido comunista; una política afirmativa en la protección medioambiental, y una recuperación de soberanía en la contratación con las multinacionales de los derechos de explotación de las riquezas del país, en lo que son reconocibles ecos del frente bolivariano, Venezuela, Ecuador, a ratos Argentina, y en su estilo de espeleólogo de lo precolombino, Evo Morales en Bolivia.
Las fuerzas políticas apoyan mayoritariamente el proyecto, sin descontar a la izquierda en viaje a la socialdemocracia del Polo, ni la derecha de toda la vida, pero con la importante excepción del uribismo que muerde en el partido liberal y bastante más en el conservador, quienes ven en todo ello una traición criminal a su idea de Colombia. Ernesto Samper es cautamente favorable: “Hay una convergencia que permite ser razonablemente optimista, como la solidaridad de Cuba y Venezuela, la situación estratégica de las FARC a la defensiva, y los paramilitares extraditados, así como las leyes sociales del presidente Santos, junto a su propia capacidad para manejar todos estos factores”.
El forcejeo entre el presidente y su antecesor se verá seriamente afectado por la suerte que corra esta tentativa de paz, que es preciso que fracase para que Uribe salve los muebles, especialmente ante los próximos acosos que se le avecinan. El general Mauricio Santoyo, que fue su jefe de seguridad, está procesado en Estados Unidos con excelentes posibilidades de que le caiga una pila de años de cárcel por colusión con los terroristas del paramilitarismo. Y un presidente que micro-gerenciaba la marcha del país y se ufanaba de tenerlo todo bajo control, parece raro que no supiera nada de los manejos de su íntimo militar.
La incomodidad de la vida de las FARC en la jungla, junto con la probable convicción de que no pueden ganar militarmente —lo que en gran parte se debe a Uribe— juegan en favor de la negociación, pero la pretensión de retener sus mal habidos recursos, excluyen que al menos mandos intermedios y superiores estén dispuestos a someterse a la acción de la Justicia. Ese es el gran riesgo a que se expone Santos: el presidente en ejercicio que ha acuñado con inteligente moderación el eslogan la paz es la victoria.
