Golpeados en sus principales actividades delictivas, los cárteles mexicanos y colombianos del narcotráfico han puesto la mira en una nueva fuente de financiamiento: la minería ilegal para extraer oro y otros minerales en todo el continente americano, y fabricar de manera ilícita explosivos.

Lo mismo en México que en Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Panamá, esta nueva faceta de los capos de las drogas se ha ido expandiendo de manera sigilosa y contundente, por lo que las autoridades de cada una de estas naciones ha comenzado a intercambiar información de inteligencia con el fin de cerrarle el paso a esta nueva fuente de recursos millonarios.

En entrevista con M Semanal, el general José Roberto León Riaño, director general de la Policía Nacional de Colombia, aseguró que el flujo de información ha permitido detectar el modus operandi de los cárteles de las drogas en este nuevo rubro. El 12 de junio pasado, al darle posesión de su encomienda, el presidente colombiano Juan Manuel Santos pidió al general León “ponerse las pilas para combatir este nuevo frente que ha abierto el crimen organizado en cuanto a la explotación de la minería ilegal”.

En la entrevista con este semanario, realizada en las instalaciones de la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, ubicada al sur de Bogotá, León Riaño sostuvo que en el tema de seguridad nacional e internacional “ahora tenemos unos nuevos retos… cortarle esa fuente de financiación que cada día crece y que es la minería ilegal”.

Y es que, comentó, una vez que la era de los grandes capos quedó en el pasado y en la medida en que hay menos recursos derivados del narcotráfico, “los ilegales buscan nuevas fuentes para financiarse, y algunas de ellas son la extorsión y la minería ilegal; ése es nuestro gran reto, nuestro gran desafío. Sabemos que la barrera está alta, pero vamos a superarla con creces”.

Este general —quien realizó estudios en el Colegio Interamericano de Defensa (CID) de Estados Unidos, realizó una Maestría en Seguridad y Defensa Hemisférica del CID en la Universidad de El Salvador, en Argentina, y un diplomado en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes, Colombia— asegura que ya se tienen ubicadas las regiones del continente americano en donde los narcotraficantes se dedican a exlotar este nuevo rubro.

Debido al intercambio de información, se sabe que, por ejemplo, la minería ilegal en Perú se realiza sin control ni regulación social por parte del Estado peruano, particularmente en regiones como Madre de Dios, Puno y la Libertad. Se trata de lugares de difícil acceso, zonas remotas, lo que hace fácil la operación de los cárteles de las drogas debido a que no hay actividad policial permanente y mucho menos un proceso de fiscalización en cuanto a la práctica de la minería de gran escala y hasta artesanal.

Tanto en Perú como en Ecuador, Colombia, Brasil y Panamá, el crimen organizado ha logrado integrar a los habitantes y trabajadores de esas minas, ofreciéndoles apoyo económico y maquinaria de punta, lo que coloca a estas personas en verdadero estado de indefensión.

Además del oro, uno de los principales objetivos del crimen organizado es producir de manera ilícita explosivos, para engrosar el arsenal de armas con que cuentan los delincuentes que hacen frente a las corporaciones policiales y militares.

Tan sólo en Perú, cada año las autoridades policiales decomisan cientos de cartuchos de dinamita que la mafia oculta en viviendas lejanas a poblaciones, y que no sólo son utilizados para sostener la guerra en contra de los ejércitos y las policías del continente, sino también para extraer de manera ilegal oro y cobre.

Por si eso fuera poco, los cárteles, al explotar las minas de manera ilegal, lo hacen con poca recuperación y un alto grado de depredación de las mismas, pasando por alto el cuidado al medio ambiente. Cuando agricultores, ganaderos y otros sectores que viven en la periferia de esos lugares explotados por el crimen organizado, han buscado manifestarse en contra del daño ambiental que se genera, han sufrido represalias que han llegado incluso hasta la muerte. Todo, pues, bajo el control y dominio absoluto de los capos de la mafia, que en esta nueva faceta hacen uso de microextractores ilegales que utilizan cianuro, mercurio y elementos químicos, sin reparar en las normas y protocolos de protección al medio ambiente.

Esa situación ha llegado a tal extremo que José Antonio Málaga, presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riesgo del Perú, ha considerado que las áreas afectadas por la minería ilegal deberían ser declaradas en desastre natural debido a la “explotación insensata”, que genera contaminación de ríos subterráneos y zonas verdes. Aunado a ello, refiere Málaga en un estudio de investigación sobre esta nueva faceta del crimen organizado, se está “desintegrando lenta y contundentemente el proceso productivo”.

Esta es parte de la radiografía con que cuentan altos mandos castrenses de México, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Panamá, principalmente, países en donde la vorágine del crimen organizado por allegarse recursos ilegales no tiene reparo. En esos reportes de la inteligencia militar que se han constituido en un solo Comando, salvaguardando las respectivas soberanías de sus países de origen, los militares indican que toda el área de explotación ilegal de minerales se constituye en un potencial foco de alteraciones del ecosistema, que pone en riesgo la integridad y la salud de las personas.

También refieren que la minería ilegal en donde el narcotráfico ha hundido sus dientes, ocurre como consecuencia de problemas socioeconómicos. Como ejemplo de ello, diversos estudios de sociedades de investigación indican que la agresiva expansión de esta actividad registrada en los últimos años, ha sido alentada por la falta de empleo en el área rural, situación que es aprovechada por el crimen organizado para hacer de las suyas, ya que aprovecha la ausencia del Estado para actuar al margen de la ley y para volver a estadios de esclavitud no sólo de personas adultas, sino también de niños y niñas.

SEPULTADOS Y DESAPARECIDOS

Del intercambio de inteligencia militar se desprende que la minería ilegal logra integrar verdaderos ejércitos de familias que, en forma directa o indirecta, se relacionan con esa actividad pero sin sguridad social alguna, y mucho menos con un sistema de salud, misma que se ve perjudicada por carecer de estándares de protección al trabajador. Esas personas, adultas y menores de edad, pueden perecer sepultadas y abandonadas bajo tierra, ya que para los “patrones” estos peones no existen en ningún registro oficial, además de que los llamados “campamentos” en que sobreviven son hechos de carpas de plástico, cartón, follaje y troncos.

Adicionalmente, la comida que ingieren tampoco es balanceada, lo que les genera un estado de desnutrición aguda. Peor aún: al realizar ese trabajo forzado, las personas están a merced de derrumbes, deslizamiento de rocas y otros riesgos propios de esta actividad. Por ejemplo, en Perú el Estudio de Investigación de la Minería Ilegal estima en 60 mil el número de familias que laboran para el crimen organizado, que producen anualmente al menos 24 toneladas de oro que van a parar al mercado negro, ya sea para su venta directa o para canjearlo por armamento y tecnología de punta. El mismo estudio valora su monto en 500 millones de dólares, de los cuales el Estado peruano no percibe un solo centavo por concepto de impuestos.

Más aún, la minería ilegal también está provocando grandes movimientos de tierras como consecuencia de la extracción ilegal de los recursos mineros, lo que afecta la topología de las zonas en donde se practica esta actividad ilícita, provocando la alteración de ecosistemas y la pérdida de hábitat para algunas especies. Por si fuera poco, en las zonas mineras se han creado infames prostíbulos, en los que impera la explotación sexual infantil.

En la radiografía continental, el Comando militar ha detectado que la mayoría de las rutas utilizadas por el contrabando de armas, de personas y de drogas, coinciden con la mayoría de las zonas de explotación minera ilegal. Para hacer frente a este escenario, las naciones referidas han comenzado a reforzar el intercambio de información en el ámbito militar con el compromiso de proteger sus respectivas fronteras de este nuevo ilícito internacional.

Se trata de reuniones como la tripartita entre los jefes de los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas de Brasil, Colombia y Perú, celebrada el 29 de mayo pasado en Manaos. “La palabra clave es cooperación”, dijo el anfitrión del encuentro, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general José Carlos De Nardi, quien sostiene que el apoyo mutuo entre las naciones es fundamental para que Sudamérica pueda encontrar las soluciones a amenazas comunes, en especial en la zona de la frontera.

Tanto en ese encuentro como en otros, según León Riaño, la intención es fortalecer el intercambio de inteligencia. Además de esto, el almirante peruano José Cueto Aservi ha propuesto la implementación de programas de entrenamiento conjunto en sectores como el de innovación tecnológico-militar, operaciones especiales (del tipo de reconocimiento y combate nocturno) y en los sistemas de simulación.

El general Barrero Gordillo, en representación de Colombia, ya había mencionado la importancia del intercambio para el mantenimiento y la revitalización de los equipamientos militares, como los vehículos brasileños Urutu y Cascavel, que se utilizan en su país, además de la necesidad de contar con medios que posibiliten el intercambio de la información “en tiempo real”.

Al debatir algunas de las ideas presentadas, el general De Nardi recordó que el tratamiento de cuestiones de seguridad en las fronteras no se limita a la actuación de las Fuerzas Armadas, y que un abordaje más amplio para tratar los problemas que hay que enfrentar implica la participación de otros actores institucionales, como los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, en el caso de Brasil.

MICHOACÁN Y LA FAMILIA

México no es ajeno a este nuevo fenómeno que alientan los cárteles de las drogas. Según reportes de la Procuraduría General de la República (PGR), se han ubicado zonas de minería ilegal, como en Michoacán en donde proliferan el fierro, oro, cobre, plata y zinc, minerales que son extraídos de forma ilegal principalmente por el cártel de la Familia Michoacana que luego envía a China, con ganancias de hasta 42 millones de dólares anuales.

“El robo de mineral en la zona es una actividad que se ha venido acrecentando en los últimos años”, ha referido la PGR en algunas respuestas a través de la Ley de Acceso a la Información. La dependencia federal ha registrado que de 2008 a la fecha inició siete averiguaciones previas por robo de cargamentos a mineras del país que el crimen organizado hurta para luego vender y posteriormente lavar el dinero; incluso el oro robado lo convierten en joyería fina que colocan en el mercado negro.

El robo de minerales en territorio mexicano ha sido reportado en los estados de Sonora, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí y Zacatecas. La Asociación de Mineros de Sonora informó a M Semanal que los costos de producción se han incrementado hasta en 15 por ciento porque invierten en más seguridad y transportación aérea para blindarse, a grado tal que ya cuentan con grupos armados para hacer frente al crimen organizado.

Para comparar, es menester mencionar que en Colombia la producción de las cerca de seis mil minas colombianas generó unos dos mil 400 millones de dólares en utilidades en 2011, según el Instituto Colombiano de Geología y Minería. Sin embargo, esta realidad presenta dos irregularidades: primero, la explotación ilegal de yacimientos mineros, y segundo, el acoso de grupos terroristas a la minería del país, especialmente de parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

M Semanal fue testigo, el 12 de junio pasado, de cómo el presidente Juan Manuel Santos sostuvo ante las Fuerzas Armadas y policiales de Colombia, que “todos tenemos que ser muy firmes en combatir la minería ilegal que está siendo, en buena forma, controlada por los grupos al margen de la ley”.