La crisis política que dio curso a la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, tuvo su origen en el poco respaldo con que contó el ex obispo desde que en 2008 asumió el poder sin mayoría parlamentaria.

Lugo llegó a la presidencia como parte de una coalición de partidos y cabeza de un gobierno que muy pronto se vio manchado, además, por varios escándalos de paternidad.

Aunque su triunfo fue visto como una victoria de la izquierda paraguaya luego de seis décadas de predominio del Partido Colorado, su mayor aliado dentro de esa coalición, el Partido Liberal del vicepresidente Federico Franco, quien acaba de reemplazarlo en el poder, desde muy temprano se distanció del mandatario.

Las razones de su destitución son varias. Primero, Lugo se desentendió de la política centrista que utilizó como plataforma, exacerbó aún más sus conflictos con la iglesia nacidos de su simpatía con la Teología de la Liberación, y selló aalianzas con presidentes de credenciales de izquierda tan extremas como Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador).

Pronto Lugo dio la espalda a los liberales socialdemócratas, que numéricamente ñe habían dado alrededor de las dos terceras partes de los votos para resultar electo, y los terratenientes y grandes productores del país nunca dejaron de verlo con suma desconfianza.

Los militares no le perdonaron que en 2009 el presidente autorizó un acto político de grupos socialistas que financiado por instituciones del Estado en el cuartel sede del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, y en el que fueron enarbolados como estandartes Fidel Castro y el Che Guevara.

Otro de sus puntos vulnerables es que llegó al gobierno con la divisa de favorecer a los más desposeídos en un país en el que alrededor de la mitad de la población vive en la pobreza, y en más de tres años de mandato no logró realmente implementar políticas que los beneficiaran incluso en un momento de crecimiento económico en el país.

Se le acusaba además haber tenido un papel prominente en la invasión ilegal de tierras en Ñacunday, en el departamento del Alto Paraná, al haber dispuesto el empleo de fuerzas militares para "provocar miedo" entre los colonos de la zona, en las que entraron a propiedades privadas sin autorización judicial .

En adición, la Cámara de diputados le imputó el haber atentado contra la soberanía del país al suscribir el denominado protocolo Ushuaia II . Según los legisladores, mediante ese documento “los países vecinos podrían cortar el suministro de energía a la República del Paraguay”.

Hasta aquí, todo forma parte de la pólvora. El detonante que la inflamó fue la muerte de seis policías y 11 campesinos durante un enfrentamiento en una hacienda ocupada por campesinos en Curuguaty, matanza de la que se responsabilizó al presidente y motivó que se le sometiera a juicio político.

De modo que no sorprende que el poder legislativo paraguayo lo haya impugnado por "mal desempeño en sus funciones". Casi desde el primer día de su mandato, el ex obispo Fernando Lugo gobernó bajo la amenaza de ser destituido.