El caso Libby, que ya no se consideraba una seria amenaza para George W. Bush, reapareció ayer con incómodas revelaciones sobre la conducta del presidente de EE. UU. Según documentos de los fiscales que investigan la filtración ilegal desde la Casa Blanca, el ex jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney, Lewis Scooter Libby, asegura que fue Bush quien autorizó revelar información clasificada de los servicios de inteligencia sobre Iraq para contrarrestar a los críticos de la guerra.

El Washington político tembló durante unos minutos cuando algunos medios, entre ellos la cadena CNN, informaron en un primer momento de que Libby había acusado directamente a Bush de ser quien permitió desvelar el nombre de Valerie Plame, ex espía de la CIA y causante involuntaria del monumental embrollo. La noticia era una verdadera bomba, pues situaba al presidente como un mentiroso y en una situación insostenible. Poco después, el locutor de la CNN se excusó, dijo que había sido un error y la información quedó muy matizada.

Según los datos del sumario contra Libby, quien está procesado por perjurio, falso testimonio y obstrucción de la justicia, el ex colaborador de Cheney declaró que, por vía de este último, fue informado de que Bush autorizaba a filtrar a la prensa ciertos materiales clasificados de los informes de inteligencia sobre Iraq previos a la guerra, el llamado National Intelligence Estimate,de octubre de 2002. No se especifica en ningún momento que eso incluyera desenmascarar a Valerie Plame como agente de la CIA.

La autorización de desclasificar material forma parte de las potestades del presidente, quien puede decidir sobre la marcha qué documentos se mantienen secretos y cuáles no. No supondría, pues, delito alguno. Sin embargo, políticamente, resulta incómodo para Bush y Cheney. En septiembre del 2003, cuanto saltó a la luz el escándalo, Bush se mostró sorprendido, dio a entender que no sabía nada y exhibió firmeza en su voluntad de descubrir y castigar al causante de la filtración. Lo que ahora se sabe quizá no lo compromete jurídicamente, pero resulta embarazoso. Los críticos con el presidente creen que pone al descubierto falta de sinceridad e intento de manipulación.

El caso Libby, conocido también como caso Plame, nunca hubiera adquirido este potencial explosivo porque está vinculado a la decisión de ir a la guerra, y porque los argumentos esgrimidos para hacerlo se desmoronaron. Aunque nunca se pruebe la mano directa de Bush y Cheney en el escándalo, lo que ya es incontrovertible es que la Casa Blanca filtró información clasificada de manera selectiva. Los informes hablaban de los posibles arsenales de destrucción masiva y de las opiniones contrapuestas entre las agencias de la Administración. A la prensa sólo llegaron los datos que respaldaban la decisión de invadir, no los que la cuestionaban.

Valerie Plame es la esposa del ex embajador Joseph Wilson, quien fue a Níger antes de la guerra y comprobó que Saddam no había comprado allí uranio. Su opinión no fue tenida en cuenta porque no encajaba en los planes de Bush. Luego el embajador criticó con dureza a la Administración. Desenmascarar el trabajo de su esposa fue una manera de dañar su credibilidad.

En el camino de este complicado escándalo pasó por prisión una reportera de The New York Times, al negarse a difundir sus fuentes, y quedó comprometido el prestigio de Bob Woodward, el héroe periodístico del Watergate, quien ocultó a su diario y al público que él había recibido la filtración sobre Plame antes que nadie.