Desde la elección del presidente a través del sufragio universal (1962), los mejores constitucionalistas definieron el modelo político francés como «monarquía electiva», a la luz de una acumulación de prerrogativas que conferían al presidente los poderes de un «déspota ilustrado».

La Constitución confiere al presidente el control del poder ejecutivo, la autoridad militar suprema del jefe de los ejércitos, la autoridad judicial del más alto magistrado del Estado. El presidente nombra en solitario a su primer ministro, que debe someterle un gobierno sumiso a su arbitrio personal. Puede disolver la Asamblea Nacional cuando lo estime oportuno, así como convocar referendos. Desde su residencia, en el Elíseo, él vigila, controla, descarta, aprueba y firma los nombramientos de ministros, altos funcionarios, directores de empresas públicas, prefectos, directores generales.

Cuando los diputados de la Asamblea Nacional pertenecen a su misma fuerza política, el presidente de Francia acumula unos poderes a los que no podían aspirar Felipe II, en el Escorial, o Luis XIV, en Versalles. Como soberanos absolutos se comportaron el general De Gaulle y François Mitterrand, durante los dos primeros años de su primer mandato (1981-1983).

Cuando el jefe del Estado debe cohabitar con una Asamblea parcialmente «infiel», como Giscard (1974-1981), el presidente debe negociar con sus «disidentes». Cuando el presidente está condenado a cohabitar con un Asamblea hostil, como Mitterrand (1986-88 y 1993-95) o Chirac (1997-2002), la jefatura del Estado pierde mucho poder, en beneficio de su primer ministro.

Elegido presidente en 1995 para poner fin a la «fractura social», sus reformas abandonadas en seis cortos meses precipitaron una crisis excepcional. Chirac usó entonces su poder para disolver la Asamblea Nacional más conservadora del siglo XX, y convocar unas elecciones anticipadas (1997) que lo condenaron a presidir un gobierno socialista. Reelegido el 2002, se encuentra hoy en la situación institucional más frágil de la historia de la V República. Caso surrealista de cesión voluntaria del poder, ha promulgado una Ley ordenado a su gobierno que tome todas las medidas que hagan imposible su aplicación, pidiendo la mediación de su primer rival político (Sarkozy) para que la entierre con disimulada piedad. A la espera que añadiendo algunos capítulos a las 2.600 páginas del Código nacional del trabajo pueda darse empleo a algunos jóvenes, víctimas de una precariedad social que ha crecido de forma dramática durante su doble mandato.