Egipto, el segundo país árabe donde las revueltas populares lograron derrocar al régimen anquilosado en el poder, parecía enfilarse poco a poco hacia un proceso de reconstitución política con tintes más o menos democráticos. Luego de haber elegido un nuevo Parlamento a principios de este año, en comicios que otorgaron la mayor tajada de los escaños a fuerzas islamistas donde predomina la Hermandad Musulmana, se procedió a la elección presidencial en cuya primera vuelta dos candidatos, Mohamed Mursi y Ahmed Shafiq, consiguieron la delantera para ubicarse como la pareja que contendería entre sí por la presidencia en la segunda vuelta a celebrarse los días de ayer y hoy.

Pero resulta que cinco días antes de la celebración de la citada segunda vuelta se emitió un decreto por el que la policía militar quedaba facultada para detener civiles sin acusación formal de por medio (con lo que en la práctica se reinstalaba la Ley de Emergencia que apenas había sido derogada el 31 de mayo). Más grave aún fue la decisión tomada al día siguiente y que amenaza con desatar de nuevo altas dosis de inestabilidad e incertidumbre: la disolución total del Parlamento por orden de la Suprema Corte Constitucional, la cual argumentó que los criterios bajo los que se eligió a un tercio de tal Cámara Baja fueron inconstitucionales. Conjuntamente quedó también en el limbo la legitimidad de la asamblea encargada de redactar la nueva constitución, generando así un escenario en el que la segunda vuelta de los comicios presidenciales se da ahora bajo el dominio reforzado del Comando Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), organismo castrense que ha dirigido el proceso de transición postMubarak y que por lo visto ha emprendido por medio de la Corte Constitucional, un golpe de Estado derivado de su oposición a la creciente fuerza política que están obteniendo las agrupaciones islamistas, en especial la Hermandad Musulmana.

Por lo pronto y a reserva de que el panorama se aclare en los próximos días, estas sacudidas indican que en el Egipto postMubarak existe una feroz lucha por el poder entre dos contrincantes, ambos de peso pesado: las fuerzas militares, donde quedan muy importantes remanentes del antiguo régimen y que apoyan en consecuencia a Shafiq, último primer ministro de Mubarak, y por el otro lado, la Hermandad Musulmana y los salafistas asociados a ella, cuyo proyecto perfila un Egipto inclinado hacia esquemas islamistas donde la Sharía tendría un papel preponderante. Es evidente que en este contexto nadie ha jugado limpio. La Hermandad había declarado en meses pasados que no competiría por la Presidencia y finalmente sí lo hizo una vez que se engolosinó con sus triunfos en las elecciones parlamentarias de enero, mientras que el CSFA ha procedido al golpe de Estado de hace cuatro días con el que intenta bloquear el avasallador avance de los islamistas.

Así, la polarización política se agudiza hoy en Egipto con riesgos renovados de confrontaciones que bien podrían desatar una violencia de impredecibles alcances. Y en medio de tal polarización quedan sin duda atrapados y sin voz los sectores de población que pretendieron al inicio de las revueltas populares empujar al país hacia una democratización que lo liberara tanto de las ataduras dictatoriales propias de la era Mubarak, como de un destino marcado por el yugo de la radicalización religiosa convertida en gobierno. Tales sectores, quienes de manera destacada fueron los motores que impulsaron el cambio gracias a su participación en las redes sociales y en sus tenaces y valientes concentraciones en las plazas egipcias durante las primeras etapas de las revueltas, son los que ahora observan con impotencia cómo han quedado fuera del juego en el que esos dos grandes poderes, el ejército y las fuerzas islamistas, son los que se disputan con todos los medios a su alcance el control del Estado.