Para este año, eminentemente electoral, nuevamente se realizará un reparto de dinero sin contrapartida real de que los fondos serán utilizados de acuerdo a criterios de transparencia y coherencia con relación al presupuesto público nacional. Muy al contrario de lo pretende hacer creer el gobierno, ninguno de los programas puede salvar un examen mínimo de consistencia jurídica financiera que pruebe con absoluta certeza que el dinero es utilizado para mejorar las condiciones de vida de la gente (infraestructura) o para promover la salud y la educación de los niños del país.

De hecho, al gobierno no le conviene que la asignación del gasto se encuentre especificamente establecido —tal como lo exige la moderna finanza estatal. Los nombres que reciben los programas son tan ambiguos y dificilmente apreciables por su alto contenido subjetivo que, quiérase o no, permiten una serie de modificaciones en el destino del gasto, fuera del control de los órganos como la Contraloría y el mismo Congreso. Esto se puede probar cuando leemos que el gobierno apelará, por ejemplo, a la "sustentabilidad social" para el destino de los fondos públicos. En esto el Congreso tiene directa responsabilidad, puesto que los mismos congresistas se han desentendido de este tema autorizando, hasta ahora, al Ejecutivo a convertirse en un girador de gastos fuera del control de los órganos naturales que limitan la acción presidencial.

Todo esto está hecho adrede. Empieza por la misma linguistica. Ocurre que las expresiones pueden tener significado preciso u otras formas de comprensión; entre las cuales están aquellas que por su naturaleza llevan el nombre de ambiguas. Precisamente, el término “social” es una de esas palabras que denotan aparentemente buenas intenciones; pero, en realidad, no es más que la puerta de entrada para cualquier interpretación y sobre todo, para hacer cualquier asignación del dinero público sin un propósito eficiente de contrapartida y rendición de cuentas.

Así es como empieza a desplegar sus alas la corrupción. El gasto social no es más que la oportunidad para el dinero público quede supeditado al “buen criterio” personal de los políticos y burócratas de turno. Esto es, el criterio que se utiliza para disponer del dinero no se corresponde a un instrumento guiado por indicadores en los que se puede hacer el debido seguimiento de cuánto, cómo y dónde se destina aquel dinero.

El gasto social no tiene indicador de calidad y de gestión. Tiene más bien criterios personalísimos que permiten la disponibilidad del recurso estatal con arreglo a la adhesión político partidaria o sencillamente se halla supeditada su utilización bajo los auspicios de la simpatía que se tiene hacia un grupo o sector determinado.

Además, así como está diseñado el gasto social de Itaipú en nuestro país, permite que este gasto se encuentre fuera de las restricciones presupuestarias que rigen a la actividad de cualquier Estado. Esta “flexibilidad” en la asignación del gasto es contrario a los principios de las finanzas públicas que, como se sabe en cualquier lugar del mundo donde se hace buen uso del dinero estatal, requiere que todo el proceso del gasto público tenga delineamientos como la planificación, la programación , la formulación y, finalmente, la ejecución presupuestaria en sí misma.

El gasto social, de este modo, no se compadece de lo que las sanas finanzas exigen. Un gobierno que realmente pretenda ser eficiente debe hacer lo que se llama un enlace entre la acción programa ejecutada y las políticas sectoriales. La razón de este proceso consiste en evitar, por ejemplo, la superposición de funciones institucionales y, en especial, la corrupción.

Si este proceso no existe, tal como se da con los gastos sociales que el gobierno insiste en hacer durante este año electoral, pues entonces no queda más que esperar una artera maniobra de los gobernantes de turno para disponer de una suma multimillonaria a su capricho y antojo, llegando esta situación a conductas anti jurídicas de desvío de fondos y lesión de confianza.

Por lo demás, el adjetivo “social” que califica al gasto público es una forma de estimular a los políticos y burócratas a que continúen con sus propósitos de llevar a cabo los conocidos programas que llevan diversos nombres que deleitan la imaginación de los estatistas para así supuestamente mejorar la “redistribución de la riqueza”. Esta redistribución, por supuesto, no es cierto y tampoco han logrado mitigar los problemas de los pobres y más necesitados; más bien el “gasto social” se ha convertido en la escusa perfecta para privilegiar y cumplir con los intereses de los grupos organizados.

Así como está siendo desarrollado el gasto social en el país, lo único que se está logrando es multiplicar los abusos presupuestales. Es hora que se comprenda que los inconvenientes de financiar las necesidades de la población no se solucionarán haciendo mayores gastos, sino haciendo mejor uso del gasto. La solución de los problemas sociales debe contemplar la idea de “costo-eficiencia” de los recursos. De otro modo, lo que el gobierno seguirá haciendo es tirar recursos escasos a la basura, donde solo se aprovechan los miembros cercanos al centro del poder presidencial.