El i nforme anual de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos ha provocado reacciones por parte de la mayoría de los gobiernos de los países de la región cuya situación es delicada según ese informe.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela lanzó el día 24 de mayo un comunicado en el que rechaza el informe de forma “categórica y contundente”. Según el gobierno chavista, este informe no tiene valor jurídico y solo refleja la “vocación imperialista” del gobierno de Estados Unidos. El gobierno considera además, que estos hechos constituyen un obstáculo infranqueable para un diálogo político respetuoso.

En Cuba, cuyo número de presos políticos se dobló en 2011 de acuerdo con el informe del Departamento de Estado, ha hablado a través de la directora de Estados Unidos de su ministerio de Relaciones Exteriores. La política ha “rechazado categóricamente” el informe y considera que es una forma de justificar el bloqueo económico que EE.UU. impone a Cuba desde hace 50 años.

Ecuador por su parte aunque no ha reaccionado de forma oficial al informe, ha lanzado una campaña de publicitación de su propio Informe “Informe Nacional de Derechos Humanos”. El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño presentó con una amplia delegación el 20 de mayo en Ginebra para ser evaluado por la ONU para ser sometido al Examen Periódico Universal (EPU).

El canciller declaró antes de partir “creemos que es una período de oro de los derechos humanos en el Ecuador”.

Finalmente el EPU ha realizado 67 observaciones al informe, subrayando las deficiencias en la libertad de prensa y opinión al igual que el informe del Departamento de Estado.

Por su parte, la canciller colombiana María Ángela Holguín, ha declarado en un programa de radio que el informe “es de una dureza injusta” y que no “reconoce los esfuerzos hechos”.

Honduras y México, cuyos resultados en el informe tampoco son cómodos, no se han pronunciado oficialmente al respecto. Aunque al respecto de otro informe de derechos humanos publicado con posterioridad, el de Amnistía Internacional, el gobierno ha publicado un comunicado. En él, se resalta su compromiso con la “promoción y protección de los derechos humanos” y destaca que el país mantiene una postura de apertura al escrutinio internacional.