Esta propuesta ha sido calificada como “inadmisible e inaceptable” por Nicola Stock, presidente de Task-Force Argentina, una de las organizaciones que nuclea a los acreedores extranjeros afectados por la cesación de pagos.

En consonancia, Hans Hume, representante del Comité Global de Tenedores de Bonos de Argentina (GCAB) en Estados Unidos, afirmó que la propuesta “apesta". Por su parte, la Asociación de Daminificados por la Pesificación y el Default (ADAPD), organización que representa a los bonistas de nuestro país, instó a sus asociados rechazar la oferta de canje, entre muchos motivos porque al realizarse por decreto el propuesta quien acepte el canje le está confiriendo al gobierno argentino la potestad de cambiar a su antojo las condiciones de los nuevos bonos, y si esto sucede, no tiene el derecho de retractarse de la aceptación.

Tengamos en cuenta que la deuda en default con argentinos representa más de un 40% de la deuda argentina en cesación de pagos y de aquel 40%, la mitad corresponde a los 9 milones de futuros jubilados y la otra mitad a más de medio millon con ahorristas argentinos. Contrariamente, el gobierno ha sido un fiel cumplidor -pagando al cien por ciento sus compromisos- con los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, considerados por sectores claves en la coalición gobernante como adalides de la explotación de los países ricos sobre los pobres.

¿Cómo se explica, entonces, que mientras el gobierno cumple con Goliat avasalla los derechos de sus ciudadanos y otros del resto del mundo que apostaron en el país y cuya confianza es necesario recuperar si se quisiera generar la confianza requerida por la inversión extranjera? ¿Por qué es tan cuidadoso con aquel organismo, señalado por el gobierno como co-responsable de la profunda crisis de nuestro país? Una explicación posible es la dispersión de la propiedad de los bonos defaulteados entre miles de obreros, maestras, plomeros, pequeños y medianos, empresarios, jubilados y futuros jubilados, lo cual hace altamente costosa la acción conjunta entre ellos, a pesar de los ingentes esfuerzos realizados.

Esto se asienta en lo señalado por quien fuera profesor de la Universidad de Maryland, Mancur Olson, al señalar que –debido a los altos costos de organización- se produce una explotación los grupos pequeños sobre los grandes. Esta afirmación contradice a la teoría sociológica clásica que asume que si los ciudadanos tienen un interés político común, se organizarán y lucharán a favor de tal interés, lo que se contrapone a lo que observamos en la realidad.

Lo que sucede es que los altos costos de transacciones necesarios para concretar la acción colectiva y el carácter difuso de los potenciales beneficios, sumados a la imposibilidad de excluir comportamientos free-riders (que se benefician sin aportar), diluyen los incentivos para actuar. Una segundo punto que fortalece la posicion del gobierno en su poder de presión es la ausencia de una garantía real ejecutable para el cobro de los compromisos violados.

El proceso de renegociación de la deuda en curso es una arista más de las múltiples que muestran en forma generosa que Argentina, más allá de las formalidades, aún es parte de aquel estado de naturaleza descripto por Thomas Hobbes, en el que el hombre es lobo del hombre y la reglas es que el más poderoso domina al menos poderoso. Algo distante de la norma predominante en los países civilizados, donde las reglas prevalecen por sobre el poder relativo de los actores en cuestión.

Argentina sigue siendo un país donde los Goliats, con o sin razón, siempre triunfan sobre los Davids.