En Venezuela, tras la masiva concurrencia –e inesperada para el chavismo– de votantes para elegir el candidato de oposición al oficialismo le vino el temblor y comenzó a “ensuciar” el partido de inmediato. Pidió las actas, las que se sabía de antemano que una vez escrutadas por razones de seguridad se iban a quemar. Esa era la garantía que se les dio a los venezolanos de que efectivamente su voto iba a ser secreto y que no iba a pasar lo que ocurrió en el 2004 cuando las firmas a favor del referendo revocatorio de Chávez fueron utilizadas para que muchos de los firmantes perdieran sus empleos y otros fueran perseguidos. Esto es, se les aseguraba que esta vez no iban a pasar a las “listas negras” del chavismo.

Chávez se quedó con las ganas de tener las nóminas, pero fustigó al candidato opositor por desconocer la orden del Tribunal Superior de Justicia –nada menos–, lo acusó de ser representante del imperialismo y dijo que lo derrotará en las elecciones. Añadió algo que suena a redundancia o despierta a suspicacias: dijo que respetará el resultado de las urnas y emplazó a la oposición a que actúe de la misma manera. En una democracia que funciona en serio esa aclaración está de más. En Venezuela, en tanto, el único que ha hablado de no respetar el resultado si pierde Chávez, es su actual ministro de Defensa.

En Ecuador en tanto, se acaba de cumplir un nuevo capítulo de uno de los mayores atentados a la libertad de expresión y al derecho a la información y de corrupción de un poder judicial, consumado a través del juicio que el presidente Correa entabló al diario El Universo de Guayaquil, cuyo resultado se resume en 40 millones de dólares para el propio presidente y la cárcel para tres directores y un editorialista del diario. En las últimas horas un nuevo tribunal ratificó esa sentencia. Tres de los periodistas acusados ya están fuera del país y un cuarto se refugió en la Embajada de Panamá. El presidente de este país, quien no padece el síndrome de Chamberlain, rápidamente le concedió el asilo político.

Y mientras tanto el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, le abre las puertas y le ofrece trabajo al juez español Baltasar Garzón, pudiendo haberle hecho un ofrecimiento de ese tipo a Emilio Palacio, el editorialista de El Universo quien ya hace meses tuvo que huir a EEUU, por haber escrito que Correa inventó un intento de golpe de estado y ordenó abrir fuego a discreción y sin previo aviso contra civiles, que fue lo que generó las iras del mandatario. En definitiva a Palacio le hace más falta un trabajo que a Garzón, que entre otras actividades es veedor, con muy buenos honorarios, de la reforma judicial encarada por el gobierno de Rafael Correa.