No en vano, y tras un cuarto de siglo de reformas capitalistas, la renta media urbana, cercana a los 1.100 euros al año, triplica a la rural, cifrada en 340 euros.

Pero, más allá de esta brecha que se agranda año tras año, subyace una realidad mucho más profunda y peligrosa: la insostenibilidad y la injusticia del espectacular desarrollo del gigante asiático. En este sentido, el 10 por ciento más adinerado de la población posee el 45 por ciento de la riqueza, mientras que el 10 por ciento más pobre apenas disfruta del 1,4 por ciento de ese bienestar y sólo un 12 por ciento de los 1.300 millones de habitantes de China se encuadraría en la clase media.

Tal disparidad resulta aún más escandalosa en un Estado que todavía se define como socialista, pero que ha abrazado el capitalismo salvaje. Su progreso, además, se ha basado en la explotación laboral de las clases más humildes: los campesinos que, paradójicamente, siempre apoyaron al comunismo confiando en que éste construiría una sociedad igualitaria.

Nada más lejos de la realidad, pues en el coloso oriental coexisten grandes urbes que no tienen nada que envidiarle a las capitales más punteras de Occidente -y donde se aprecia una grosera ostentación de la nueva riqueza- con una miseria propia del Tercer Mundo.

Por eso, y a pesar de la represión que ejerce este régimen totalitario, no es de extrañar que haya cundido un gran descontento social que, el año pasado, estalló en las 87.000 revueltas populares motivadas, sobre todo, por la corrupción, los abusos de poder y las adquisiciones irregulares de las tierras agrícolas.

Ante esta alarmante situación que amenaza su propia estabilidad política, Pekín anuncia ahora una lluvia de millones para sofocar el polvorín en que se ha convertido el campo chino. La única duda consiste en saber si lo ha hecho a tiempo.