"Se inicia un proceso esperanzador para la sociedad hondureña", dijo anoche el mandatario en cadena de radio y televisión al anunciar las medidas.

"Debemos actuar con prudencia y reserva, pero quiero reiterar ante el pueblo hondureño mi firme determinación de hacer un esfuerzo máximo, enmarcado en ley, por reducir al mínimo la impunidad que hoy nos hace sentirnos indignados", destacó Lobo.

Los estudiantes Rafael Alejandro Vargas Castellanos, de 22 años, y Carlos David Pineda Rodríguez, de 24 años, fueron muertos a tiros el 22 de octubre pasado por los policías Santos Arnulfo Padilla, Wilfredo Figueroa, Rubén Pozzo y el subinspector Carlos Geovany Galeas, según las investigaciones de policiales y de la Fiscalía General de la República.

Vargas Castellanos y Pineda Rodríguez, tras participar en una fiesta, se desplazaban en un vehículo cuando una patrulla policial les disparó por no atender la orden de detenerse.

Vargas resultó herido y, tras detener el vehículo, fue rematado por los policías que también mataron a Pineda.
Los cuerpos fueron abandonados a ocho kilómetros de la capital, en la carretera que conduce al sur del país. En Honduras es frecuente encontrar casi todos los días cuerpos de jóvenes asesinados en cunetas de carreteras y lugares solitarios, y algunos sectores atribuyen a la policía la responsabilidad de esos crímenes.

La muerte violenta de los dos últimos jóvenes causó conmoción porque uno de ellos, Vargas Castellanos, es hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos.
"Quiero decir que siento pena de ser ciudadana de este país por los funcionarios que son incapaces de tomar las decisiones que tienen que tomar", dijo indignada la madre de la víctima.

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, sostuvo en un reciente informe que en los primeros 17 meses del gobierno de Porfirio Lobo, que tomó posesión del poder en enero de 2010, hubo alrededor de 9.500 muertes violentas.

Indicó que entre 2006 y junio de 2011 hubo 25.859 homicidios, por lo que Honduras es catalogada ahora como uno de los países más violentos del mundo.

Custodio, al referirse a la fuga de los cuatro policías, expresó: "en Honduras todos estamos en peligro, hay un aparato organizado de poder donde los oficiales de policía tienen licencia para matar y extorsionar". "Parece que fueran los dueños del país, matan, trafican con armas y no pasa nada, los mandos superiores transitan en la impunidad", agregó, y pidió al gobierno "la intervención inmediata" de la policía. También la embajada de Estados Unidos alertó recientemente a los ciudadanos estadounidenses que la violencia en Honduras es "endémica" y tiene una de las mayores tasas de homicidio en el mundo.

El presidente Lobo dijo en su mensaje a la nación: "Es innegable que necesitamos que los operadores del sistema de seguridad recuperen la confianza de los habitantes de nuestro país".

"Es imperante la necesidad de atacar las causas generadoras de la violencia y no solo sus efectos; es impostergable la necesidad de coordinar acciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, los centros penitenciarios y las propias Fuerzas Armadas para poder enfrentar el crimen y la violencia", añadió. El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, anunció la separación del comisionado general de la policía, José Luis Muñoz Licona, y de todos los directores que componen el alto mando de seguridad. Muñoz Licona fue sustituido por el comisionado José Ricardo Ramírez del Cid, quien se desempeñaba como jefe de Inteligencia Policial. Lobo también nombró como viceministra de Seguridad a la comisionada Coralia Rivera Ramos, que en la década pasada fue directora de la policía. ACZ