Un proyecto de ley que dará mayor precisión a la definición de terrorismo en China hace pensar a activistas de derechos humanos que la norma es solo una forma de justificar la mano dura contra separatistas de la etnia uigur en la atribulada región musulmana de Xinjiang.
Beijing
atribuye a organizaciones rebeldes una serie de levantamientos violentos en la
Región Autónoma Uigur de Xinjiang, y arguye que este país debe hacer frente a
la amenaza de fanáticos musulmanes.
Xinjiang
es una región árida y pobre del noroeste de China.
Organizaciones
de uigur en el extranjero sostienen que las acusaciones son una mera
justificación para aumentar el estricto control sobre la región.
El
proyecto de ley antiterrorista está a consideración del Comité Permanente de la
Asamblea Nacional Popular, informó esta semana la prensa estatal.
Se
espera que la norma "allane el camino para tomar medidas enérgicas contra
actos y organizaciones terroristas", informó la agencia de noticias
Xinhua.
El
Ministerio de Seguridad Pública de China difundirá una lista con las
organizaciones consideradas terroristas. Las autoridades también podrán
congelar sus activos, según el borrador.
La
secretaría ya publicó dos listas de ese tipo, en 2003 y 2008, todas vinculadas
con el movimiento independentista uigur.
Las
organizaciones uigures atribuyen los estallidos de violencia al creciente
malestar económico y social de esa minoría túrquicoparlante, despreciada por la
etnia han, la mayoritaria en este país.
En 2009
se registró un episodio de violencia que dejó 197 personas muertas, la mayoría
chinos han.
Las
autoridades deben hacerse responsables de los levantamientos y protestas
violentas que son consecuencia de la represión cultural y religiosa del Estado
de partido único.
"Desde
los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington, las
autoridades chinas usan la guerra global contra el terrorismo como pantalla
para cubrir su brutal represión en Turkestán Oriental", nombre
reivindicado por los separatistas para el estado que quieren crear, señaló Alim
Seytoff, director del Proyecto de Derechos Humanos Uigur.
"China
siempre se apresura a concluir que todo incidente violento en Turkestán
Oriental es un acto terrorista de los uigures, entrenados en el extranjero o
enviados por organizaciones de expatriados, lo que siempre es un invento",
dijo Seytoff a IPS por correo electrónico.
China
estudia una nueva norma por dos razones, según Seytoff. "Una es para
justificar e intensificar su mano dura contra el pueblo uigur; y la segunda es
para mostrar a Occidente que este país ‘se rige por el derecho’, pese a que la
mayoría de las veces se ignoran la Constitución y las normas sobre la Autonomía
Regional Étnica", explicó.
Pero la
iniciativa del gobierno fue respaldada por el profesor Li Wei, director del
Centro de Estudios Antiterroristas, del Instituto de Relaciones Internacionales
Contemporáneas, de Beijing.
"China,
al igual que otros países, debe hacer frente a la amenaza terrorista. El
proyecto es muy importante porque indica que este país mejora continuamente sus
leyes en la materia", arguyó.
"Sienta
las bases para luchar contra el terrorismo, definido por ley. Es muy necesaria.
Hay muchas posibilidades de que el proyecto sea aprobado por el Comité
Permanente de la Asamblea Nacional Popular", dijo Li a IPS.
"La
ley no apunta a ninguna persona ni área específica. No importa si el terrorismo
está en la región de Xinjiang o en otra. Mientras se trate de una actividad
terrorista definida por la ley, estará dentro de nuestros objetivos",
precisó.
"China
debe lidiar con ataques terroristas. Pero los países occidentales acusan al
gobierno de este país de reprimir a activistas en nombre de la lucha contra el
terrorismo, es un error", añadió.
La
noticia del proyecto de ley siguió al anuncio hecho por la prensa estatal el
mes pasado de que cuatro uigures serían ejecutados por su participación en los
enfrentamientos de julio con integrantes de la etnia han, que dejaron 32
personas muertas.
Otros
dos fueron condenados a 19 años de prisión por "formar parte y participar
en una organización terrorista, fabricación ilegal de explosivos, homicidio
premeditado, incendio intencional y varios delitos más", informó el
estatal sitio de Internet de tianshannet.com, de Xinjiang.
El
primer incidente ocurrió el 18 de julio, cuando un grupo de uigures irrumpió en
una comisaría de la meridional ciudad de Hotan. En otros episodios del 30 y el
31 del mismo mes, otros hombres agredieron a varias personas con cuchillos y
explosivos en la ciudad de Kashgar. En ambos casos hubo víctimas fatales.
Las
autoridades primero atribuyeron los ataques a organizaciones insurgentes y
señalaron que los agresores habían recibido entrenamiento en el extranjero, en
Pakistán u otro lugar.
Pero la
portavoz de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, Hou Hanmin, admitió en
declaraciones al diario estadounidense The Wall Street Journal que no había
pruebas contundentes de los vínculos con Pakistán u otros centros
internacionales terroristas. "Son locales y sus armas son de fabricación
casera. No podemos asegurar que tengan vínculos con el exterior", señaló.
"No
podemos negar la ocurrencia de incidentes violentos en Xinjiang; se trata de
dónde nosotros creemos que procede la violencia", aclaró Nick Holdstock,
autor de The Tree That Bleeds: A Uighur town on the edge (Un árbol que sangra,
un pueblo uigur en el borde), una investigación sobre la imposición de la ley
marcial tras las protestas de 1997 en la ciudad fronteriza de Yinning.
"Solemos
escuchar al gobierno hablar del movimiento islámico de Turkestán Oriental y de
un tipo de organización misteriosa ubicada en Pakistán u otro lugar de Asia
central. Pero las pruebas de que esos grupos existen y de que son responsables
son, por decir lo menos, incompletas", añadió.