El gobierno de Evo Morales solicitó ayuda, desde el mismo Palacio de Gobierno, a la Embajada de Estados Unidos para trasladar a marchistas indígenas desde Rurrenabaque a Trinidad el pasado 26 de septiembre, tras la violenta represión policial de Chaparina.
Fuentes
militares confirmaron a Erbol que el gobierno buscó apoyo de la NAS (Sección
Antinarcóticos Estadounidense) con el objetivo de utilizar el avión Hércules C
130, de propiedad del gobierno de Washington.
El
pedido de auxilio se produjo después que las autoridades gubernamentales
fracasaron en su primer intento de transportar a los marchistas vía terrestre,
debido al bloqueo de caminos que llevó adelante el movimiento cívico de San
Borja en solidaridad con los indígenas.
Los
vehículos de transporte público, contratado por el Poder Ejecutivo, no
consiguieron romper el corte de ruta en la capital borjana. Una orden del
Ministerio de Gobierno determinó el desvió de los buses hacia Rurrenabaque con
la finalidad de habilitar un puente aéreo hasta Trinidad.
Las
fuentes consultadas por ERBOL dijeron que hubo momentos de alta tensión, debido
a los problemas que se presentaron en el operativo de desmovilización de la
marcha.
Ante la
imposibilidad de trasladar a los indígenas por tierra, funcionarios de alto
rango tampoco pudieron acceder a aeronaves de la Fuerza Aérea Boliviana. La
única opción era utilizar el Hércules de la NAS-norteamericana.
Dientes
para afuera
Pese a
que las relaciones entre los gobiernos de Washington y La Paz se encuentran
deterioradas, la NAS no dejó de operar en Bolivia desde 1976. Desde entonces
esta entidad desembolsó más de $us.500 millones para diferentes programas
relacionados con la lucha antidrogas.
El
pedido del Palacio de Gobierno para transportar a indígenas fue rechazado por
las autoridades de la NAS, debido a que los aviones Hércules sólo pueden
utilizarse en operativos antidroga o en situaciones de ayuda humanitaria.
En estas
circunstancias, el grupo de indígenas se encontraba en calidad de detenidos por
la Policía en la población de Rurrenabaque, a donde fueron trasladados en condiciones
inhumanas, según denuncias de marchistas.
“Pese a
la negativa estadounidense, el avión Hércules voló de La Paz a Rurrenabaque,
pero no pudo cumplir con el objetivo de la evacuación”, debido a que no tenía
autorización de los dueños de la aeronave y los efectos legales que acarrearía
una situación de esta naturaleza.
“Que
retorne inmediatamente ese avión a La Paz, nos vamos a buscar problemas”,
ordenó una alta autoridad de las Fuerzas Armadas, según las fuentes.
Vanos
fueron los intentos de ERBOL para conocer la versión oficial del ministro de
Comunicación, Iván Canelas, (durante dos días su secretaria reiteró que se
encontraba en reunión) ni del comandante de la FAB, Tito Gandarillas, en tanto
que desde la Embajada de Estados Unidos hubo un lacónico “no coments (“sin
comentarios”).
Material
aéreo
Antes de
tomar la decisión de pedir un favor a la legación diplomática norteamericana,
el gobierno intentó sin éxito utilizar aviones militares bolivianos.
Fuentes
castrenses señalaron que acceder a aviones de la FAB implica lograr
autorización mediante telefonemas o radiogramas firmados a partir de una
solicitud expresa.
“En las
Fuerzas Armadas no deliberamos, cumplimos órdenes y esas órdenes tienen jerarquía.
Nuestra máxima autoridad es el Presidente como Capitán en Jefe de las Fuerzas
Armadas”, indicaron. “Nada se mueve sin una orden escrita”.
El
trámite que sigue una solicitud para utilizar aviones de la Fuerza Aérea
Boliviana (en caso de vuelos extraordinarios) es el siguiente: una orden
escrita emitida por conducto regular establecido:
1-
Capitán General de las Fuerzas Armadas, 2- Ministro de Defensa, 3- Comandante
en Jefe de las Fuerzas Armadas, 4- Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, 5-
Comandante de Unidad (quien ejecuta la operación aérea), 6- Tripulantes
En dicho
documento se detalla la razón del uso de las aeronaves. El costo del
combustible y viáticos corren por cuenta de Palacio Quemado.
“Estas
autorizaciones no se emiten en el mismo instante, necesariamente se tramitan
por lo menos con 24 horas de anticipación. Hay una jerarquía que se la respeta
de manera estricta”, agregaron las fuentes consultadas por Erbol.