Pero el mismo gobierno cuya función es precisamente la de otorgar seguridad no parece percatarse de la gravedad de la situación. El gobierno no hace más que actuar modificando cargos y hombres en el mando policial y esta respuesta seguirá siendo ineficiente hasta tanto no exista una visión y prédica de liderazgo desde el mismo gobierno con un programa de seguridad ciudadana.

Este programa a impulsarse inmediatamente requiere de una fuerza policial acorde a la época en que vivimos y, sobre todo, a las exigencias que la criminalidad impone mediante nuevas técnicas de violencia. En nuestra policía hay mucho por hacer. Se han cambiado las formas y reglamentos, se permitió acertadamente el ingreso de mujeres; pero la filosofía de la militarización permanece. Es por eso que además de ingentes recursos presupuestarios en equipamientos, tecnología, beneficios sociales y seguros de vida para nuestros policiales, se requerirá de una transformación sustancial en la formación de sus componentes.

Sin embargo, una determinada política pública requiere de una condición inexcusable. La acción en este caso en el sector de la seguridad, necesita de un buen gobierno. En tal sentido, no existe mejor axioma que incluye a todos los países sin excepción, por el cual la mejor manera de calificar si un gobierno es bueno o malo consiste en si cumple con su función de velar por el orden público. De hecho, la existencia de la sociedad tal como conocemos es el resultado de un contrato entre los gobernantes y gobernados para que aquellos se dediquen y provean a la gente de un ambiente de justicia y tranquilidad.

Hoy sabemos con certeza que un buen gobierno es aquel austero, transparente y que garantiza la seguridad de la gente y sus propiedades; el mal gobierno lo opuesto. Nuestra Constitución Nacional provee a los gobiernos en ejercicio de disponer de la institución policial a fin de dotarla de recursos logísticos y humanos y de establecer un programa preventivo de seguridad ciudadana. Pero el gobierno del presidente Lugo no puede dar respuestas eficientes porque está concentrado en continuar con las mismas y viejas prácticas del pasado, a lo que se suma el alto grado de corrupción que acompaña su gestión.

Parafraseando un antiguo refrán, si los de arriba no guardan el decoro y la honestidad en sus cargos, entonces, los de abajo pierden el respeto, se relaja la disciplina y no tienen conocimiento y menos prácticas de lo que significa el servicio público. No es de extrañarnos que un mal gobierno solo pueda emitir señales de una actitud pasiva hacia la inseguridad, sin ideas y acciones novedosas, donde solo se atina a hacer las famosas barreras para solicitar documentos.

Y cuando no se predica con el ejemplo, los discursos y los proyectos quedan en el papel porque la seguridad es una cuestión de coraje y de ideas claras. A falta de todo ello solo cabe la respuesta simplista y autoritaria. El estado de excepción es el remedio que se propone cuando apenas será un placebo. Además, una declaración del estado de excepción solo puede darse en caso de conflicto internacional y de amenaza para el cumplimiento de la Constitución o las actividades de sus representantes y las instituciones; y también del previo agotamiento de los procedimientos legales para el mantenimiento de la paz y la seguridad, situación que no se ha dado por la incompetencia del mismo gobierno.

Difícilmente, por no decir imposible, un mal gobierno pueda significar una buena policía; pues, esta última se halla sometida a las órdenes de las autoridades políticas.