Desde el norte hasta el sureste del país, la información sobre reporteros, jefes de sección y editores que podrían estar operando para grupos de narcotraficantes son materia de conocimiento común. Algunos lo hacen por el dinero, el poder y los lujos que conlleva; otros, en su mayoría —según las fuentes consultadas—, porque no tienen otra opción: es eso o la muerte, propia o la de sus seres queridos.

RELACIONES PÚBLICAS DEL CRIMEN

El ambiente es cerrado y los periodistas son reacios a comentar al respecto más allá de: “Sí, está ocurriendo: los compran o los amenazan”. En algunos sitios serían más los comprados que los amenazados, y eso es lo que más preocupación y ostracismo genera en el gremio. Se sabe quién es quién, pero decirlo implica el mismo riesgo que exponer a un capo o a un funcionario corrupto. Para analistas, el hecho es que el crimen organizado ha comenzado a librar una batalla, como en toda guerra, por el control informativo. Entienden ésta como un bien preciado, valoran lo útil que puede ser para sus intereses y han optado por usar los medios como lo hacen otros grupos de poder social o político, con la diferencia de “estar dispuestos a matar por sus relaciones públicas”.

El homicidio de Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera del diario veracruzano Notiver, ocurrido el 26 de julio pasado, ha generado un debate de comentarios, rumores e interpretaciones entre los que difícilmente pueden discernirse la realidad y los hechos. Más allá de que hubiese sido asesinada por su trabajo periodístico al exponer las actividades del narco, se ha afirmado —sin confirmarse— que operaba en el manejo de información para un cártel específico. Esto reabrió la discusión sobre la presunta operación de reporteros y personal de medios de información que colaboran con grupos del crimen organizado con el objetivo de desacreditar a grupos antagónicos, funcionarios públicos que no cooperen o que han roto códigos no escritos con el narco, así como para generar terror entre la población.

Fuentes consultadas en Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua reconocen la presencia de periodistas cuya labor va desde recibir información de un grupo criminal para exponer y delatar las operaciones de otro, aportar pistas que ayuden a dar con un líder enemigo para facilitar su detención y por ende sacarlo de la plaza correspondiente, y hasta dar órdenes específicas de fotografiar y describir las formas de tortura y muerte de quienes son ejecutados en la lucha entre cárteles. En el caso del estado de Veracruz, cualquier intento de obtener una declaración sobre el tema es prácticamente inútil, comenzando por el propio Notiver, y las únicas referencias son a lo que ya está publicado.

 “NARCOREPORTEROS”

Por otra parte, el dato fresco sólo se asocia con la desaparición de reporteros de varios medios informativos cuyo paradero se desconoce, pero a los que se señala como vivos: han huido del puerto, incluso del estado, sin dejar información a nadie, o al menos con instrucciones de no comentar con nadie sobre el sitio al que emigraron. De la misma manera, se corroboró que, como parte de la colaboración de la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas la familia de Yolanda Ordaz de la Cruz fue también sacada del territorio veracruzano y se encuentra en resguardo ante el riesgo de un posible atentado.

En entidades como Tamaulipas, a los involucrados con los cárteles se les llama despectivamente “narcoreporteros”. En el gremio se les identifica primeramente por los cambios que muestran en sus estilos y hábitos de vida; modifican el vestuario, adquieren artículos de marcas cuyo consumo sería difícil con los salarios regulares que reciben; llegan en autos nuevos y muestran actitudes agresivas, manejándose con mayor soltura entre fuentes policiacas, algunos de manera más evidente que otros. En Nuevo Laredo, algunas agrupaciones que trabajan en la protección de periodistas y la promoción del trabajo informativo cuentan con listas que les han sido proporcionadas o que han sido resultado de procesos de investigación, en donde se encuentran nombres y datos de reporteros que han sido integrados por el crimen organizado a su estructura, funcionando incluso como publicistas del narco.

En el caso de Sinaloa, ni los medios de información más abiertos o reconocidos por su veracidad refieren el tema de manera pública. Se sabe quién es quién, se reconocen en el gremio y no son pocos los señalados, pero se opta por el silencio; es peligroso hablar de alguien en específico, y mencionar si alguien es corrupto o trabaja con los criminales ha dejado de ser preocupación de quien, en nombre del oficio periodístico, se rasga las vestiduras y arremete contra quien publique algo que deje mal a un reportero. El problema, según lo consultado por M Semanal, es perder la vida.

Dentro del medio periodístico de otras entidades, más al sur del país, como en Guerrero, hay quienes se consideran afortunados porque el nivel de coerción de los grupos criminales sobre la prensa es menor. Existen algunos rumores sobre reporteros comprados por el crimen organizado, pero nadie cuenta con elementos para asegurar entre ellos que alguno lo sea. “Mira, esto ha sido al contrario —comenta el director de un diario guerrerense—: los ‘malosos’ nos llaman para decirnos en donde colocan las mantas, dónde dejan los muertos y nos obligan a publicar las cartulinas (su contenido). Suerte para nosotros”, afirma.

Según explica, después de una ejecución, los delincuentes se comunican directamente con el periódico y le dan dirección y datos específicos de lo que ocurrió y cómo. La condición es que lo publiquen tal cual y se evitarán problemas. Lo mismo ocurre cuando cuelgan una manta. La gratificación obtenida es que los criminales no se meterán con el periódico, que en su momento dejó incluso de publicar editoriales relacionadas con el narcotráfico para evitarse problemas. Como en gran parte del territorio nacional, se elige la autocensura sobre el riesgo.

EN MEDIO DEL TERROR

Para el coordinador del Programa para las Américas del Centro de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Carlos Lauría, lo que está ocurriendo en México no es nuevo porque existe una “enorme” influencia en varios sectores del entramado social mexicano por parte del crimen organizado. De la misma manera que en otros niveles y funciones sociales, tanto públicas como privadas, también en el gremio periodístico es posible comprar voluntades. La lucha, expone para M Semanal, ya no sólo está en las calles sino que también hay una batalla por el control de la información. Ésta es un bien preciado y al saberlo los narcotraficantes hay intentos y esfuerzos logrados de influir y controlar a la prensa.

Lauría aclara que en todos los países existen reporteros o jefes de redacción que se corrompen: “Siempre hay quien se aprovecha y lucra”. Pero en México el ingrediente extra es la casi ausencia del Estado y sus instituciones en los territorios que son controlados por los grupos criminales, en donde no existen más opciones. “Hoy en México se ha llegado al nivel donde los narcos usan a los medios que controlan para desacreditar a sus rivales, delatar a funcionarios corruptos, realizar campañas para denostar a las autoridades e instituciones. Utilizan los medios como lo harían los partidos políticos tradicionales, dictando o sugiriendo información específica, excepto que están dispuestos a matar por sus relaciones públicas”, explica en entrevista vía telefónica.

Están controlando la información en muchas partes de México, expone Lauría basándose en estudios e investigaciones realizadas por el CPJ en el territorio nacional, principalmente en las ciudades más afectadas por la actividad del narcotráfico. El analista aclara que dicho control no siempre parte de la corrupción del reportero, sino también de la coerción a cambio de respetarles la vida. “El problema en algunos casos es decidir entre vivir y hacer lo que se ordena… o dejar de vivir. Es de terror: los reporteros mexicanos en muchos lugares están viviendo en medio del terror”.

El riesgo de este fenómeno, que parece crecer de la misma manera que la influencia delnarco en otras áreas, es llegar a un vacío informativo; éste, como en cualquier otra nación que intenta desarrollarse en un sistema democrático, termina por afectar el proceso mismo. La anulación de esa libertad de prensa, del deber de informar de parte de los medios y del derecho de la sociedad a contar con información, es un riesgo no sólo para los reporteros, sino para el Estado mexicano, para sus ciudadanos, explica Lauría, y reitera que hay un problema muy grave en el alto estado de vulnerabilidad en el que vive el periodismo hoy en México. “Ahí hay una batalla por el control de la agenda informativa, es clara, se está dando”, afirma Lauría.

FALTA SOLIDARIDAD

Por su parte, la presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, creada por la Cámara de Diputados, la panista María Yolanda Valencia Vales, señala que a partir de la información a la que tiene acceso el órgano legislativo que encabeza, la participación de los periodistas en actividades del crimen organizado se debe a la presión que reciben. Dice que la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República investiga actualmente casos de periodistas que han sido amenazados y que deciden dejar su empleo y dedicarse a otra cosa para evitar riesgos severos. “Los periodistas ya no quieren investigar o meterse muy a fondo en algunos asuntos por la falta de seguridad. No cuentan con los elementos que les garanticen ello”. Considera grave que hoy un reportero tenga que cuidarse de un político, de un delincuente, del crimen organizado e incluso de sus propios compañeros de gremio, en el que, acusa, hace falta solidaridad. La legisladora reconoce la urgencia de que las autoridades intervengan lo más pronto posible. “No podemos permitir que se apoderen de los medios”, concluye.

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Aparece el cuerpo del periodista Humberto Millán Salazar

CULIACÁN, Sin.- A poco más de 24 horas de la desaparición de Humberto Millán Salazar, periodista y director del semanario digital A discusión, su cuerpo fue localizado sin vida en las inmediaciones del campo Morelia, a la salida norte de Culiacán. Según la Procuraduría del estado, alrededor de las 9:40 de la mañana del jueves 25 de agosto una llamada anónima alertó a las autoridades de la presencia del cadáver en unos campos de cultivo, aproximadamente a la altura del kilómetro 7.5 de la carretera federal México 15.

El cuerpo de Millán Salazar se encontraba boca abajo y tenía un impacto de bala en la nuca. En el lugar fue encontrado el casquillo percutido de una pistola calibre 9 mm. De acuerdo con el reporte pericial, la víctima tenía más de 12 horas en ese predio.

Millán Salazar, de 53 años, había sido secuestrado un día antes, el miércoles 24 de agosto, a las 6:30 de la mañana, cuando se dirigía con su hermano al programa matutino que conducía en Radio Fórmula. Se estableció que cuatro sujetos armados que viajaban en dos camionetas lo interceptaron y se lo llevaron junto con la unidad en la que viajaba. Su hermano fue liberado a petición de Millán.

El gobernador Mario López Valdez, en reunión con representantes de los medios de comunicación, dio a conocer que solicitó a la Procuraduría General de la República su colaboración para integrar una investigación conjunta con su similar estatal, a fin castigar a los responsables de este crimen “que no sólo ofende al gremio periodístico, sino a la sociedad y a su gobierno”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también abrió un expediente por el caso del periodista.

(Cynthia Valdez)