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24/08/2011 | Del estado de bienestar a las revueltas

James A. Dorn

Si los disturbios en Gran Bretaña nos han enseñado algo es que cuando el gobierno falla en su función más básica —la protección de las personas y la propiedad— la sociedad civil se acaba y la guerra comienza. El aumento del estado de bienestar ha erosionado el respeto por los derechos de la propiedad privada y fomenta una mentalidad socialista que opaca la responsabilidad individual.

 

EE.UU. está alcanzando rápidamente a los estados de bienestar europeos. El gasto en ayudas sociales se ha disparado desde que se iniciaron los programas de la Gran Sociedad en la década de los sesenta, especialmente Medicare y Medicaid. Esos dos programas, junto con la Seguridad Social, ahora representan más del 40% del gasto federal, el cual se ha elevado a 25% del PIB o cerca de $4 billones. Si todo el gasto en prestaciones sociales es incluido, los pagos a los ciudadanos llegarían a constituir el 66% del gasto federal.

La transformación de un estado limitado (el verdadero liberalismo) en un estado de bienestar no tiene base constitucional. Las tres ramas del gobierno han fallado en su deber solemne de defender la Constitución de los padres fundadores, o lo que F.A. Hayek llamó "la constitución de la libertad".

No es la libre empresa y un estado limitado lo que derivó en los disturbios en Gran Bretaña, es más bien su desaparición. EE.UU. debería despertar y reconocer el peligro que representa el estado de bienestar a la propiedad —ampliamente entendida como los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

La pregunta más fundamental que enfrenta cualquier sociedad es el papel y la envergadura del estado. Los autores de la Constitución aceptaron la idea de que la función primordial del estado es salvaguardar la propiedad privada. En 1792, James Madison, el principal arquitecto de la Constitución, escribió: "El estado se instituye para proteger la propiedad de todo tipo...Esta es la finalidad del estado, solamente eso ya constituye un gobierno justo, que imparcialmente asegure a todo hombre, lo que es suyo".

El preámbulo de la Constitución establece que el propósito del estatuto es "establecer Justicia, asegurar la Tranquilidad interna, proveer la defensa común, promover el Bienestar general y garantizar para nosotros mismos y para nuestros Descendientes los Beneficios de la Libertad". "Establecer Justicia" significa prevenir la violación de los derechos naturales del individuo o sus derechos de propiedad; esto no da al gobierno federal un poder ilimitado para tomar propiedad privada e interferir con la libertad de contratación.

Madison y los otros autores no hubiesen enumerado —y por lo tanto limitado— los poderes del gobierno federal en el Artículo 1, sección 8, si creyeran que un estado redistributivo era justo. Tampoco hubiesen añadido una Carta de Derechos.

Las enmiendas a la Constitución —en particular la Decimotercera, Decimocuarta, y Decimoquinta— fortalecen aún más los derechos de propiedad. Sin embargo, el Movimiento Progresista (1890s-1920s) comenzó a erosionar la Constitución. Hoy en día, una amplia interpretación de la Cláusula del Bienestar General, de la Cláusula de Comercio y de otras cláusulas han expandido los poderes del gobierno federal mucho más allá de lo previsto por los autores de la Constitución. De este modo, el significado de la justicia se ha puesto de cabeza: partiendo de su significado legítimo de la conservación de la propiedad a su significado moderno de utilizar los impuestos, la regulación y las leyes para redistribuir el ingreso y la riqueza para lograr la "justicia social".

El problema es que cuando el estado es visto como un instrumento para "hacer el bien" en lugar de una fuerza para la prevención del daño, no hay fin a las travesuras del gobierno. Por su propia naturaleza el estado opera por coerción, no por consentimiento; y como Milton Friedman nos recordaba, cuando el estado gasta el dinero de otras personas, este naturalmente va a querer hacer más y más.

La lección de los disturbios británicos es que cuando el estado se sobre extiende, no será capaz de hacer lo que se supone que debe hacer: proteger a las personas y la propiedad. Si una mentalidad socialista y anti-mercado reemplaza una ética de libertad y responsabilidad, entonces la armonía que resulta de un estado limitado y los libres mercados va a desaparecer –y los vándalos ganarán la partida.

La enorme deuda de EE.UU. es un reflejo del rápido crecimiento de las ayudas sociales y de una percepción del estado como el agente del bien. Las elecciones del próximo año serán un referéndum sobre el tamaño y la envergadura del estado. Si los estadounidenses regresan al principio de justicia de Madison plasmado en la Constitución —y que es el fundamento de la moralidad— el futuro de la paz y la prosperidad será brillante. Si se adhieren al principio anti-liberal de "hacer el bien con el dinero de otras personas", el estado de bienestar crecerá y eventualmente apagara la luz de la libertad.

Este artículo fue publicado originalmente en el Orange County Register (EE.UU.) el 17 de agosto de 2011

El Cato (Estados Unidos)

 



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